Pasado y futuro del Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo

GETAFE/Todas las banderas rotas (23/04/2024) – La primera ley que pretendió luchar contra la enfermedad del tabaquismo en España, la 28/2005, de 26 de diciembre, se estuvo gestando durante años en el Ministerio de Sanidad mientras en el Grupo de trabajo de Salud Pública del Consejo de la UE redactábamos varias disposiciones sobre el mismo tema –incluidas Directivas de obligado cumplimiento-. Precisamente la tardanza de la norma española en comparación con las que ya existían en muchos otros Estados miembros, era la necesidad de disponer de suficiente bagaje legal comunitario ante las reticencias de todo tipo que existían en nuestro país.

A pesar de la experiencia de los países comunitarios que ya hacía años que habían legislado sobre la prohibición de fumar en lugares públicos y sobre la defensa de los fumadores pasivos, en España encontrábamos una fuerte oposición en varios frentes: en principio, como en todas partes, la de la industria tabaquera que, lógicamente, defendía sus intereses y no manifestaba ninguna preocupación por la salud de los ciudadanos. La hostelería, por su parte, asumió en buena medida los argumentos de los tabaqueros en el sentido de que sus negocios se arruinarían si no se podía fumar en bares y restaurantes. También había la normal resistencia al cambio por parte de la población en general a la que le costaba asimilar lo que iba a ser un cambio de costumbres importante. Y lo que más nos sorprendió fue el posicionamiento de los sindicatos que acogiendo, sin un análisis serio, uno de los argumentos de los tabaqueros y de los hosteleros, se resistían con fuerza a aceptar la norma porque, según ellos, se produciría el despido de grandes cantidades de trabajadores, sobre todo en la industria hostelera; conviene decir que, actualmente, los sindicatos, ante la evidencia de que no se ha cumplido la profecía negativa, han cambiado de actitud y defienden las medidas antitabáquicas.

En los primeros años de este siglo negociábamos en Ginebra el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco que se aprobó en 2003 y entró en vigor el 27 de febrero de 2005. Uno de los puntos en discusión era la posibilidad de poner límites a la producción de tabaco, como medida para reducir la oferta y, de esa forma, hacer que los precios aumentaran lo que la inmensa mayoría de los expertos consideraban que haría bajar el consumo entre los más jóvenes. La noche anterior a una de las sesiones llegó al hotel donde estaba la delegación española Julio Sánchez Fierro, entonces subsecretario del ministerio de Sanidad dirigido por Celia Villalobos; después de echar un somero vistazo al borrador del documento que íbamos a defender al día siguiente –y que, hasta entonces, no se había preocupado por conocer- se fijó en un párrafo que proponía la disminución de los terrenos de cultivo de tabaco y preguntó, muy enfadado y gritando: “¿Quién ha puesto aquí esta tontería?”, aduciendo que esa medida provocaría perjuicios económicos a los productores. Con este único ejemplo podemos darnos cuenta de que también desde la derecha política había más preocupación por defender intereses económicos que por la salud de los españoles: nada nuevo bajo el sol. En este sentido, hemos de apuntar que tanto la ley de 2005 como la de 2010 –de la que hablaremos a continuación- se aprobaron con gobiernos del PSOE.

La ley de 2010 es, en realidad, una modificación de la de 2005. Lo más significativo es que si en esta se permitía fumar en lugares públicos –incluyendo los centros de trabajo- y establecía zonas para fumadores en ellos, la ley de 2010 extendió la prohibición a todos los espacios, tanto públicos como privados, con la sola excepción de los centros psiquiátricos y penitenciarios y residencias de mayores, donde se establecerían, aquí sí, zonas de fumadores. También prohíbe fumar en espacios al aire libre de centros educativos (excepto los universitarios), recintos exteriores de centros sanitarios y zonas acotadas de parques infantiles y de juego. Y se mantiene una medida que ya estaba en la primera ley: en caso de duda, y en beneficio de la salud pública, prevalecerá el derecho de los no fumadores a respirar un aire limpio.

Así, llegamos al momento presente en que el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud –formado por el ministro/a de Sanidad y los consejeros/as de Sanidad de todas las CCAA- ha aprobado el Plan integral de prevención y control del tabaquismo. Por fin, y aunque parece difícil de creer, hay un acuerdo en algo entre PP y PSOE y los salubristas hemos de felicitarnos porque sea en una medida de salud pública.

Este Plan tiene como objetivo general reducir la prevalencia del consumo de tabaco y productos relacionados (por ejemplo, vapeadores) y de la exposición ambiental a sus emisiones; no es una norma de cumplimiento obligado sino una iniciativa sobre la cual se pueda armar un conjunto de medidas tanto estatales como autonómicas que vayan cerrando el cerco a la enfermedad tabáquica. Por cierto, conviene recordar aquí que el tabaquismo sigue siendo la principal causa de muerte prematura y evitable en España, donde actualmente mueren cada año 60.000 personas debido a ella lo que supone, referido a Getafe, unos 230 muertos anualmente.

Sin duda estamos en mejor situación que en los primeros tiempos y que he relatado al principio, ya no existe la oposición que entonces hubo que superar sino que, por el contrario, incluso son muchos los fumadores que comprenden las medidas restrictivas que se han impuesto o que se puedan imponer.

Por ejemplo, en el marco del Plan –y esto es el futuro posible- cabría plantear cuestiones como la norma implantada en Turín que ha prohibido fumar al aire libre a una distancia menor de cinco metros de otras personas. O la aprobada recientemente por la Cámara de los Comunes de Reino Unido que ha votado a favor del proyecto de ley sobre tabaco y vaporizadores que tipificará como delito la venta de productos de tabaco a cualquier persona nacida después del 1 de enero de 2009 con el fin de conseguir la primera generación libre de humo; el Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo considera la medida «buena y efectiva» que podría estar contemplada en el Plan, si bien duda de su «encaje legal» en España. Incluso la Ministra de Sanidad no se ha negado a estudiar esa medida pero ha manifestado la misma duda.

En fin, el Plan ofrece la posibilidad de que las próximas generaciones se vean libres de la enfermedad del tabaquismo. Es una responsabilidad que nos compete a todos, aunque principalmente a los que nos gobiernen de aquí en adelante.