GETAFE/Tribuna con acento (21/04/2025) – La Convención de Ginebra de 1951, reconoce como Refugiado a: “Toda persona que, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede o, a causa de dichos temores, no quiere acogerse a la protección de tal país”. Años más tarde el Protocolo de 1967 garantiza el principio de no devolución y el acceso a los derechos humanos básicos: protección, acceso a una vivienda, empleo o salud universal
Bajo estas características, según el ACNUR en 2024, había 122,6 millones de personas en el mundo que se habían visto forzadas a abandonar su hogar. De esa cifra, cerca de 43,7 millones eran personas refugiadas. Las guerras actuales como la de Ucrania, Siria, Myanmar, la brutal ofensiva militar israelí sobre Gaza (crímenes de guerra contra la humanidad), el conflicto armado en Sudán, la emergencia humanitaria que viven millones de personas en Afganistán, o los desplazamientos forzosos en Senegal. A ello hay que sumar el cambio climático, la degradación ambiental, los desastres naturales y el expolio de recursos naturales en el Sur Global.
En este escenario internacional de sufrimiento y dolor, sorprende la reciente aprobación del nuevo Pacto Europeo sobre Migración y Asilo que bajo la declaración de intenciones de “lograr una mayor armonización en las normas de asilo y migración europeas”, el texto aprobado, lejos de abordar las deficiencias y las carencias de solidaridad que impiden la construcción de un verdadero Sistema Europeo Común de Asilos, profundiza en el enfoque de externalización de fronteras. Establece acuerdos con terceros países que no respetan los derechos humanos, igualmente sorprendente resultan las medidas que permite a los Estados miembros “pagar para no acoger”, bajo el termino de “solidaridad flexible”. Como diría el poeta Antonio Machado “confunden valor y precio”.
También se ha perdido la oportunidad de introducir cuestiones clave, como la asistencia jurídica gratuita en todas las fases del procedimiento de protección al refugiado o la reubicación obligatoria como única forma de solidaridad, dejando a miles de personas en situación de grave desprotección internacional. Finalmente, el Pacto no contribuye a la ampliación de las vías legales y seguras, una medida esencial para evitar que las personas que necesitan protección arriesguen la vida en trayectos migratorios cada vez más peligrosos. Y todo ello debido a una presión electoral de la extrema derecha que reclama mano dura con un discurso xenófobo.
España, viene registrando últimamente un aumento significativo en las solicitudes de asilo, alcanzando 167.366 personas (2024), lo que convierte a nuestro país en el segundo receptor de protección internacional en la Unión Europea, solo detrás de Alemania. Son personas especialmente procedentes de Venezuela, Colombia, Honduras, Marruecos, Senegal y Mali. En la Oficina de Asilo y Refugio, a pesar del volumen de solicitudes, el porcentaje de concesiones de asilo es muy bajo en comparación con la media europea. Solo alrededor del 12% de los solicitantes reciben algún tipo de protección internacional (asilo o protección subsidiaria), frente a una media del 38% en la UE.
Se necesitan reformas urgentes en políticas de asilo, recursos de acogida y estrategias de integración social. As lo vienen manifestando las entidades especializadas que ofrecen apoyo legal y seguimiento de los procesos como CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado) y ACNUR. Importa recordar la voluntad política que se demostró ante la invasión Rusia a Ucrania que, que garantizó el acceso rápido a la protección y la solidaridad de millones de personas refugiadas en un tiempo récord. ELLO REQUIERE: