Crecimiento económico y pobreza caminan por sendas paralelas

GETAFE/Tribuna con acento (29/10/2024) – España está situada en la parte alta de la escala de desigualdad en la renta disponible de los hogares entre los países de la Unión Europea (UE). Según un estudio de la agencia europea para la mejora de las condiciones de vida y trabajo (Eurofound), nuestro país ocupa la posición 20 entre los 27 países de la UE. El 20% más rico de la población acumula casi el 40% de las rentas, mientras que el 20% más pobre apenas alcanza al 7%. La desigualdad se ha mantenido prácticamente estable en los últimos años, debido a su gran aumento durante los años de la crisis financiera entre 2008 y 2013. Los datos de pobreza se agudizan especialmente entre la infancia y la adolescencia. En resumen, según se desprende de los datos disponibles, la situación de desigualdad es crónica se mantiene a lo largo del tiempo, a pesar del crecimiento económico.

Desigualdad que tiene su expresión gráfica en la Comunidad de Madrid. La Región tiene una población de 7.002.363 habitantes y su Producto Interior Bruto (PIB) es de 261.713 millones de euros, lo que la sitúa como la primera economía de España. Sus desequilibrios estructurales están determinados por dos dinámicas que se superponen. Los municipios del NOROESTE tienen mejores niveles de vida, ingresos más altos, y menores tasas de desempleo. Estos territorios tienen una alta presencia del sector de servicios a empresas y financieros, con empleos bien remunerados y de alta calidad. El municipio con mayor promedio de Renta Media Disponible (RMD) anual por declarante es Pozuelo de Alarcón, con 61.390 euros, seguido de Boadilla del Monte (49.281 €), Majadahonda (44.495€) y las Rozas 42.939 euros anuales.

En el otro extremo se ubica el SUR METROPOLITANO que presenta mayores niveles de pobreza, desempleo y condiciones laborales más precarias, así como menores niveles de instrucción educativa. La disparidad de ingresos es una muestra evidente. En el último lugar se encuentra el municipio de Parla, con 20.860 euros, seguido muy de cerca por Fuenlabrada (21.614 €), en tercer lugar, se encuentra Móstoles (22.873 €), Leganés (24,657 €) y Getafe alcanza a 25.804 euros anuales. Situaciones todas ellas de desigualdad territorial, que tiene su máxima expresión en la esperanza de vida cuyas diferencias alcanza 3,56 años entre Parla (82,55) y Boadilla del Monte (86,11).

En Getafe, de las 100.841 declaraciones de renta, en el Rankin de municipios ocupa el puesto 335 a escala nacional y el 54 en el nivel autonómico. Como bien es sabido las medias estadísticas ocultan diferencias significativas en los ingresos. Si contabilizamos aquellos que ingresan menos de 12.000 euros al año en Getafe, la cifra asciende al 26,14% de las personas declarantes, es decir, se encuentran con niveles de ingresos bajo el umbral de la pobreza. En el centro con ingresos medios entre 12.000 y 30.000 euros se encuentran el 42,61%, y con ingresos altos -entre 30.000 y más de 60.000 euros-se encuentran el 30,46%.

Hay que recordar que el mantenimiento de estándares elevados de desigualdad y/o su cronificación pueden dar lugar a problemas sociales importantes, como la erosión de la calidad de las instituciones democráticas, el aumento de la fragmentación social y la pérdida de eficiencia asociada, al impedir aprovechar las capacidades de una parte de la población.

 A FAVOR DE UNA MAYOR COHESIÓN TERITORIAL

Alcanzar la convergencia y equidad territorial requiere de un replanteamiento del modelo productivo, acciones que les impulsen a explotar las características propias del territorio, para atraer inversión y para presentarse como una opción alternativa de vida para las personas cuyo trabajo no requiere el desplazamiento a un centro físico. Por otra parte, no es suficiente con crear empleo; es fundamental garantizar que este sea de calidad y que permita a las personas vivir con dignidad.

Una segunda consideración es revertir las carencias de derechos constitucionales y las propias desigualdades sociales podrían convertirse en ventanas de oportunidad para asegurar el bienestar de las personas y un crecimiento económico cohesionado. Garantizar servicios públicos adecuados como la educación, la salud, la protección social a la infancia, así como la garantía de rentas.

Es decir, acometer reformas estructurales poniendo en el centro a los grupos más vulnerables (incluyendo hogares con niños, jóvenes y mujeres). Ofrecer una protección social más amplia y reformar el sistema de prestaciones, de manera que las familias más vulnerables no queden desprotegidas.

Requiere el impulso de las reformas verdes necesarias para afrontar el deterioro de los ecosistemas por sus impactos en los territorios del Sur. Erradicar los efectos nocivos, siempre situados en el Sur; crematorios, depuradoras, vertederos. Por ello se hace el necesario impulso para recuperar el patrimonio verde, crear ciudades más amables y espacios de encuentro y convivencia. Especial importancia tiene el tratamiento de cuidados a la naturaleza: proteger el arbolado, el agua y el aire, producir y consumir productos alimentarios de cercanía.

Fomentar una política del cuidado y de los cuidados. El envejecimiento demográfico es una fuente de creación y oferta de servicios sanitarios y de cuidado, el comercio, el ocio y la movilidad, creación de empleo local, en suma. Pero todo ello exige ingresos fiscales suficientes, un nivel de tributación justa, así como una mayor transparencia para valorar con las herramientas adecuadas para el control del fraude fiscal y evitar la evasión de impuestos. En definitiva, el interés general debería estar por encima de las tendencias dominantes de los partidos neoliberales de la derecha, cuya orientación está vertebrada por el beneficio económico y la privatización de lo público. Solo una movilización y un compromiso activo de la ciudadanía puede cambiar la tendencia hacia “el bien común”.