“Se deshumanizó a las personas en las residencias”

GETAFE/Reportaje (18/04/2024) – En los meses de marzo y abril de 2020 se produjo una sobremortalidad en las residencias que pudo y debió haberse evitado. Es la primera de las conclusiones del informe de la Comisión Ciudadana por la Verdad en las Residencias de Madrid que se presentó en Getafe con la presencia de María Victoria Zunzunegui, doctora en Epidemiología por la Universidad de California y una de las ponentes de este trabajo. Los datos son escalofriantes.

En marzo y abril de 2020, murieron 9.470 personas que vivían en las residencias de Madrid: 7.291 sin atención hospitalaria y 2.179 en el hospital. Uno de cada cinco residentes murió. El doble que en otras comunidades. Miles de muertes se podían haber evitado con prevención y una atención sanitaria adecuada. “Es muy necesario este informe para que aprendamos de lo que pasó y pongamos medidas para que nunca se vuelva a repetir”, afirmaba la alcaldesa Sara Hernández en el prólogo del acto que congregó a varios centenares de personas en el Teatro García Lorca.

“Se impuso una solución ligada a un criterio de pura rentabilidad. 4.000 de ellos pudieron salvarse. Son personas con nombre y apellido, familias, experiencias vitales, que se quedaron atrás por una mala decisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid”. Y añadió: “Sufrimos su desprecio, su desdén hacia esta situación, una frialdad a la hora de abordar lo que sucedió”, y defendió el fortalecimiento de los servicios públicos como medida para contrarrestar que algo así pueda volver a suceder. De hecho, en el informe se pone sobre la mesa que “los recursos sociales y sanitarios eran insuficientes cuando se declaró la pandemia. Desde entonces la situación no se ha corregido”.

Una barbarie

Bien lo sabe Victoria Zunzunegui, una de las personas responsables del informe y que califica de “barbarie lo que se vivió en Madrid. Se podían equivocar la primera semana de marzo, la segunda, pero se equivocaron también la tercera, la cuarta…”. Constató en la investigación que no había en Madrid un sistema de vigilancia epidemiológica como lo había en otras comunidades o países. “El virus se extendió por todo Madrid y entró en las residencias: como una cerilla en un pajar”.

Y ahí se produjo la “deshumanización de las personas. Murió el 21% de los residentes. No había material ni pruebas”. Y detallan que antes de los famosos protocolos de la vergüenza ya se había restringido la derivación de ancianos: las ambulancias no se desplazaban a las residencias. Junto a la imposibilidad de ir al hospital se tomó una decisión “terrible, no medicalizar las residencias. No enviar médicos. No enviaron recursos a las residencias”. ¿Y hemos aprendido algo? “Estamos igual no, peor de como estábamos antes de la pandemia. Podemos volver a tener catástrofes de este tipo”, lamenta Zunzunegui.

No olvidar

Carmen López, de Marea de Residencias, lo sufrió en primera persona. A los residentes “les impidieron ejercitar un derecho que era suyo, les condenaron a una muerte cruel e indigna”. Su madre agonizó durante tres días en la residencia y pudo acceder a un hospital “porque la geriatra se equivocó y dijo que podía andar”. Fue demasiado tarde. “No se les atendió en los hospitales. En las residencias murieron abandonados, solos, agarrándose a los barrotes de la cama”. Reclama que “la memoria es necesaria: no podemos pasar página. Si pasamos página, si lo olvidamos, volverá a repetirse”.

Con los más de 400 testimonios de víctimas mantienen la lucha judicial que también avala el magistrado emérito del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín, presidente de la comisión, y que no pudo estar finalmente en el acto en Getafe. Los fallecidos en las residencias “fueron víctimas de unas decisiones políticas. No sufrieron un triaje como se dice de guerra, porque un triaje es una decisión médica que se utiliza individualmente”, defiende a su vez Javier Cordón, miembro de Verdad y Justicia en las Residencias de Madrid. “Aquí hubo una decisión política para un grupo de personas: podían haber sido los calvos, o los bajitos, pero fueron los mayores que vivían en las residencias”.

Protocolos de la vergüenza

Ha quedado acreditado que los protocolos de la vergüenza existieron y se pusieron en marcha y que se “restringió drásticamente las derivaciones de pacientes desde las residencias a los hospitales, utilizando criterios discriminatorios”. Bien lo sabe Alberto Reyero que en aquel momento era consejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid y que se enfrentó a la situación. “Hubo protocolos que no se produjeron en otras comunidades. Se podía haber utilizado la medicalización, la derivación a IFEMA, el uso de hoteles medicalizados, de los hospitales privados… y alguien tiene que responder acerca de por qué se tomaron estas decisiones. Sigo queriendo saber por qué”.

Reyero no elude sus responsabilidades. “Pudimos tomar decisiones acertadas o incorrectas, pero si no hacemos este ejercicio nunca sabremos qué hemos hecho mal. Después de 4 años es relativamente sencillo sacar conclusiones. Y ahora recordamos la pandemia como algo pasado y le quitamos el hierro que tuvo”. Pero defiende la “necesidad de reparación para las víctimas”.