Iniciativa legislativa popular para una regularización extraordinaria de personas extranjeras

No me llames extranjero, ni pienses de dónde vengo
Mejor saber dónde vamos, adónde nos lleva el tiempo
Salvador Amor

GETAFE/Tribuna con acento (22/03/2024) – Según el INE en el inicio de 2024, en España residían 42.101.407 personas de nacionalidad española y 6.491.502, el 13,36%, con otras nacionalidades. La población española ha crecido en ocho millones de personas desde el año 2000, un crecimiento básicamente debido a la llegada de inmigrantes. Fenómeno migratorio que también ha tenido su expresión estadística  en el municipio de Getafe, ha pasado de apenas el 1,06% en 1996 a los más de las 33.587 personas migrantes en la actualidad (17%). Con una presencia de más de 100 nacionalidades provenientes de todos los continentes.

El sistema de acceso a la residencia, contemplado en la ley de extranjería LO 4/2000, resulta insuficiente y limitado y no se ajusta a la realidad actual de las personas migrantes que viven y trabajan en el Estado español. La liberalización tácita de la inmigración que han practicado los sucesivos gobiernos españoles –de cualquier signo político– desde inicios de siglo ha facilitado un fuerte aumento de la población inmigrante, al mismo tiempo ha registrado un limbo jurídico y burocrático de irregularidad administrativa, en un alto porcentaje.

El alcance de la irregularidad administrativa, por naturaleza, es un fenómeno difícil de medir con certeza. Cálculos aproximados lo cifran entre 390.000 y 470.000 personas extranjeras. La inmensa mayoría de esta población procede de América Latina y en menor cantidad son provenientes del continente africano, más de la mitad son mujeres y menores de 16 años. La irregularidad limita el derecho a la salud y la educación, impide el adecuado acceso a la justicia para las víctimas, no pueden alquilar un piso, ni firmar un contrato, multiplica las posibilidades de vivir en la pobreza y deja a las personas en una de las situaciones más devastadoras de vulnerabilidad social y legal.

LA “PLATAFORMA ESENCIALES”, UN EJERCICIO DE DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

La puesta en marcha de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la Regularización Extraordinaria de personas migrantes, ha alcanzado 611.581 firmas válidas. Es una de  las más respaldadas de la historia de nuestra democracia, ya que ha conseguido atravesar el difícil umbral del medio millón de firmas necesario para el inicio del trámite legislativo en el Congreso. Pero, además, conviene destacar la metodología y el proceso seguido de participación democrática, por su carácter de dialogo informativo, actitud pedagógica en reuniones, seminarios, asambleas… Más allá de las firmas antes de ser votada, esta ILP ya ha hecho historia de un proceso de convivencia y diálogo en la diversidad de credos, culturas y colores.

También cobra especial importancia el hecho de estar liderada por los propios migrantes a través del movimiento Regularización Ya, junto con numerosas entidades acreditadas en la defensa de los derechos humanos: Fundación para la Ciudadanía Global, REDES, la Fundación porCausa, Alianza por la Solidaridad y el partido Por Un Mundo Más Justo, entre otras. A ello se unen las 14.000 personas voluntarias, que proceden de 900 organizaciones con presencia en todo el territorio, incluidos varios ayuntamientos.

LAS RAZONES ÉTICAS Y PRÁCTICAS PARA UNA REGULARIZACIÓNEXTRAORDINARIA

1. La demanda de regularización no es caridad, sino el requisito jurídico imprescindible de un modelo migratorio que concibe a las personas como sujeto de derechos. El respeto de los derechos fundamentales de cada ser humano.
2. Los trabajadores y trabajadoras con y “sin papeles” cumplen un papel activo e irremplazable en la estructura económica de España. Es particularmente relevante en sectores como el de los cuidados, la agricultura, la construcción o la industria manufacturera. Se encuentran en puestos de baja cualificación y bajos salarios.
3. La irregularidad supone una condena a la explotación laboral, la invisibilidad frente a las instituciones, la desprotección legal o la exclusión de facto de servicios públicos esenciales como la educación y la sanidad.
4. Eso significa la pérdida de un gran aporte económico y fiscal para el conjunto de la sociedad. Por un lado, la  irregularidad impide a muchos migrantes contribuir dignamente con capacidades que son esenciales para el sostenimiento de la sociedad. Por otro, la economía sumergida limita las contribuciones fiscales de estos trabajadores a los impuestos indirectos de lo que consumen.
5. Una regularización afloraría, rápida y eficazmente, el gran potencial de sus impuestos directos y de las contribuciones de empleados y empleadores al sistema de Seguridad Social. Una estimación de la Universidad Carlos III sugiere que la aportación neta media de los trabajadores regularizados se incrementaría por encima de los 3.250 euros por persona y año
6. Estudio tras estudio, expertos y empleadores recuerdan a las sociedades europeas el abismo demográfico al que nos asomamos. España perdería hasta un 30% de su fuerza laboral en 2050 en ausencia de migraciones. Si los ocupados extranjeros abandonaran mañana el mercado laboral, el empleo global de la economía española caería hasta los 16,9 millones de ocupados.
7. Además, esta propuesta está estrechamente alineada con acuerdos e iniciativas internacionales en los que España se ha comprometido de manera solemne. Estos incluyen la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible (Objetivo 10), el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular y el vigente Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, firmado en 2008.

UN SALTO CUALITATIVO DE LA CONDICIÓN HUMANA

Sigue siendo posible el surgimiento de un mundo inclusivo en el que podamos hablar en común y experimentar el florecimiento humano. Hoy, de nuevo, nos preguntamos en medio de tanta incertidumbre (guerras devastadoras, cambio climático, desequilibrios territoriales o ideologías destructoras…), cómo podría crearse un nuevo mundo sobre los cimientos de una humanidad común, el respeto de los derechos humanos y las libertades de las personas. Esto requiere enfrentarse  a los ídolos del mercado (consumo, dinero, poder, la mentira) que tanto sufrimiento genera… No renunciar a la utopía y seguir trabajando por un cambio de mentalidad  y de conciencia: el triunfo de la acogida, de la hospitalidad y de la fraternidad. En esta dirección la Iniciativa Legislativa Popular, su puesta en marcha y su práctica, muestran el sendero por el que caminar. Es la ética del reconocimiento de los lazos que nos unen a los seres humanos más allá de las fronteras.