GETAFE/Todas las banderas rotas (26/02/2024) – Para empezar diré que no estoy de acuerdo con amnistías o indultos si hablamos de ellos en general, como concepto. Sabemos que la soberanía procede del pueblo, por tanto, todos los poderes residen en él, también el judicial. Por ello, si los tribunales han dictado sentencia en una causa no debería inmiscuirse ningún otro poder, sea el legislativo o el ejecutivo, porque sería una forma de enmendar la plana a la soberanía popular y de que esta se contradijera a sí misma; tampoco el poder judicial debería intervenir en la elaboración de las leyes o en el gobierno, pero esa es otra cuestión que, aunque es muy actual, no es objeto de este artículo.
Pero, como toda regla suele –y, casi siempre, debe- tener excepciones, tanto la amnistía como los indultos se contemplan en casi todas las legislaciones nacionales –incluso en muchas constituciones- y en normas internacionales. Por tanto, si nos referimos a decisiones tomadas, no en un régimen dictatorial y no democrático, sino en el marco de un estado de derecho y cumpliendo sus leyes, caben tanto la una (amnistía) como los otros (indultos).
Dicho todo lo anterior, si nos referimos a la ley de amnistía que ahora está debatiéndose en el parlamento español, sostengo que quienes están en contra no lo están porque no les guste la ley –me atrevería a asegurar que muchos de estos no la han leído-, sino por razones que tienen que ver (sobre todo) con intereses partidistas. Me refiero a todo ese ruido del “España se rompe”, “están vendiendo España a los separatistas”, “solo lo hacen para mantenerse en el poder”…
Me quiero fijar en la última frase: todos los partidos (también el PP) tienen por objetivo obtener el poder y mantenerse en él el mayor tiempo posible; todos los partidos (también el PP) a lo largo de la historia, han hecho pactos con partidos separatistas (incluso con los que representaban al movimiento vasco de liberación mientras este asesinaba); todos los partidos (también el PP) les han dado lo que pedían… para poder llegar a/o permanecer en el poder.
La noticia de que el PP intentó negociar con Junts la investidura de Feijóo, llegando a considerar la amnistía como posibilidad, confirma que las acusaciones del PP, las manifestaciones, el mantenimiento en las portadas y en las pantallas de la derecha del asunto “amnistía” durante meses, no pasan de ser un trampantojo o, para los amantes del cine, un MacGuffin.
Se dice mucho que la política es el arte de lo posible. Otros dicen que el objeto de la política es el bien común; algunos aseguran que su objetivo es el Estado o la «máxima institucionalización de una entidad política» (Weber); y también hay quienes encuentran la especificidad de la política en el poder (Bobbio, Duverger…); Maquiavelo coincide con estos últimos. Y Carl Schmitt mantiene que si lo ético se define como la distinción entre el bien y el mal, lo estético por la diferencia entre lo bello y lo feo, lo económico por lo rentable y lo no rentable, lo religioso por lo divino y lo mundano, lo político, tiene una característica específica: la distinción entre “amigo” y “enemigo”. Por tanto, lo que proponga el amigo será aceptable, lo que venga del enemigo, será inaceptable per se, sin más trámite, aun estando de acuerdo, aun reconociendo su bondad de puertas adentro.
Pero, dejando a un lado la teoría política para ir a la práctica diaria, hay otra idea, esta vez de Raymond Aron, que, para mí, está más cerca de la realidad cotidiana: “En las democracias, rara vez se elige entre el bien y el mal, y casi siempre entre lo preferible y lo detestable”. Y, desde ese punto, se entiende mejor la frase de Pedro Sánchez “hacer de la necesidad virtud” que, por otro lado, forma parte del acervo de la sabiduría popular. Porque, independientemente de lo que cada cual opine sobre la amnistía como concepto, y después de lo escrito hasta aquí, sostengo que lo que convendría que nos planteáramos ante esta amnistía, la que actualmente se discute en las Cortes, es: qué objetivo tiene y si estamos de acuerdo con él; y si creemos que la ley que la contiene es suficiente, se queda corta o va más allá de lo conveniente. En cuanto a lo segundo no me considero capacitado para opinar porque es cosa de los juristas.
En cuanto a lo primero, el objetivo que la ley de amnistía pretende alcanzar, creo que todos los ciudadanos estamos capacitados para opinar y deberíamos poder hacerlo. Para ello, antes de nada, hemos de liberarnos de la propaganda interesada que viene de la derecha extrema y de la ultraderecha porque, de esta parte, solo he oído los “argumentos” que ya he apuntado más arriba: “España se rompe”, “están vendiendo España a los separatistas”, “Solo lo hacen para mantenerse en el poder”… Eso no pueden llamarse argumentos.
Todas las partes reconocen que, desde hace muchos años, en Cataluña se vive una situación a la que hay que dar respuesta, situación que podemos resumir en: una parte importante de su población quiere separarse de España; los partidos que representan a esa parte se saltaron la legalidad mediante un referéndum para proclamar de forma unilateral la independencia; la respuesta del PP –que gobernaba en ese momento- fue aplicar la ley de forma estricta y extremadamente violenta mediante la aplicación del artículo 155 de la Constitución, llevar a los líderes del independentismo ante los tribunales y, en cumplimiento de la sentencia, mantenerlos en la cárcel.
El gobierno actual, por su parte, dice buscar la pacificación de la sociedad catalana, primero mediante los indultos de los líderes separatistas encarcelados y, posteriormente, con la ley de amnistía negociada con los partidos independentistas a cambio de la votación a favor de la investidura de Pedro Sánchez como presidente del gobierno. La primera parte (investidura) ya se ha hecho y la segunda (amnistía) está en tramitación parlamentaria.
Tal como yo lo veo, el gobierno ha planteado –y está siguiendo- un proyecto –que puede gustar más o menos, incluso no gustar nada- con el objetivo de resolver un conflicto social importante. Paralelamente, ha llegado a determinados acuerdos con partidos independentistas y con otros para alcanzar el poder (conseguir la investidura de Pedro Sánchez) y llevar a buen puerto ese proyecto. Lo mismo, creo yo, que hubiera hecho el PP si hubiera podido; es decir, si Feijóo hubiera alcanzado la presidencia del gobierno, habría llevado a cabo su plan para resolver la cuestión catalana.
La pregunta que queda por responder es: ¿cuál es ese plan?