GETAFE/Tribuna con acento (10/01/2024) – Recientemente la FAO, el organismo de Naciones Unidas encargado de los temas alimentarios, acaba de publicar el informe El estado mundial de la agricultura y la alimentación 2023. Como todos sabemos, los sistemas agroalimentarios generan beneficios vitales para la sociedad, entre otras razones porque producen los alimentos que consumimos, conforman las identidades culturales y proporcionan puestos de trabajo y medios de vida a más de 1 000 millones de personas. Pero ello, a la vez esconde también efectos perniciosos para una vida saludable de las personas y del planeta.
El Informe viene a señalar que las ineficacias del mercado, las políticas y las instituciones que se producen en los sistemas agroalimentarios contribuyen a la generación de COSTES OCULTOS como, por ejemplo, acentúan el cambio climático, contribuyen a la degradación de los recursos naturales, a la pérdida de biodiversidad, al mal uso de agua, así como al deterioro de las condiciones de vida de las poblaciones campesinas. Existe un nivel muy elevado de certeza de que los costes ocultos cuantificados mundiales derivados de los sistemas agroalimentarios ascenderán a 10 billones de dólares. Son costes que las grandes industrias agroalimentarias no asumen y pagan los estados. Una de las conclusiones más notorias es la desproporcionada carga de esos costes ocultos que soportan los países de ingresos bajos.
Se cuantifican a partir de las pérdidas de productividad laboral (479.000 jornadas laborales al año en España) que provocan enfermedades derivadas de malos hábitos alimentarios, una de sus consecuencias es la obesidad. En el caso de España, para el año 2022, significó una cantidad aproximada de casi 80.000 millones de euros. Este porcentaje aumentaría aún más si se contabilizaran los costes directos de los tratamientos de estas patologías que se asumen desde la sanidad pública. Entretanto, la capacidad de las personas para acceder a dietas saludables se ha deteriorado en todo el mundo.
Es un importe que no aparecen en las facturas. Se calculan en función de las pérdidas agrícolas y de servicios ecosistémicos causadas por las emisiones de gases de efecto invernadero y nitrógeno, la escasez de agua y los cambios en el uso del suelo y, consecuentemente, por las pérdidas de productividad. En el caso español, la suma de este capítulo representaría un total aproximado de 23.800 millones de euros. A título de ejemplos; Traemos soja transgénica de la deforestación amazónica (Argentina), para alimentar el ganado de las Macrogranjas con el consecuente impacto en la contaminación de tierras y acuíferos. Es uno de los efectos de una dieta basada en carne. Al igual que las plantaciones de aceite de palma (bajo la etiqueta de sostenible), están provocando la destrucción a gran escala de bosques tropicales (Malasia, Indonesia) y el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Las últimas investigaciones muestran que alrededor de 800 millones de personas padecen hambre. Paradójicamente el hambre es mayor entre las personas productoras de alimentos. Abordar la pobreza y la subalimentación sigue siendo una prioridad en los países de ingresos bajos, pues representan en torno a la mitad de los costes ocultos totales cuantificados en estos países. Nos encontramos numerosos países africanos, que han visto cómo empresas transnacionales se apropian de terrenos para especular o cultivar y expulsan a parte de su población. A título de ejemplo; La agricultura de Israel es reconocida como muy avanzada tecnológicamente capaz de exportar a otros países cítricos, piñas, aguacates, dátiles o patatas, etc. Solo las exportaciones de patatas de Israel a España supusieron un negocio para las empresas israelíes superior a los 11 millones de euros, según datos del Ministerio de Agricultura español. Pero hay que destacar que su capacidad exportadora es producto de décadas de una violenta ocupación militar de tierras palestinas.
En resumen, según el Ministerio de Agricultura, en promedio en España gastamos 1.597 euros por persona al año en la compra de alimentos. Si tenemos en cuenta la Contabilidad de Costes Reales de la alimentación (CCR), como le llama la FAO, deberíamos añadirle 2.183 euros más, un total de 3.780 euros. Los alimentos como necesidad vital de las personas no deben ser productos para negociar, para especular con ellos. La producción y distribución de alimentos sanos son actividades que deben estar orientados al bien público.