GETAFE/Todas las banderas rotas (22/07/2022) – Escribo desde mi experiencia en el Consejo Sectorial de Salud de Getafe al que he pertenecido desde el año 2015 y del que dimití el pasado 21 de abril de 2022 debido a mis diferencias con su presidencia en cuanto a la práctica de la participación ciudadana.
En febrero y abril de 2021 ya escribí sobre la participación en Getafe porque es un asunto que me interesa y me preocupa. También he mantenido conversaciones sobre ello con diversos responsables municipales, por eso he tenido ocasión de comprobar que mi idea de participación no coincide con la de ellos. Por ejemplo, refiriéndome a los Plenos de la Ciudad de este año y del pasado, entiendo que debería ser el propio Consejo, sin intervención de ningún miembro de la Concejalía, quien explicara qué ha hecho durante el año, con qué dificultades se ha encontrado para cumplir su función, qué prácticas o modos de actuar conviene corregir para poder cumplirla lo mejor posible…
Es muy probable que, al hacer esa exposición, el Consejo deba expresar alguna crítica al Ayuntamiento o a la Concejalía que, en buena lógica democrática, debería ser aceptada de buen grado por la institución. Pero lo que ha ocurrido en ambas ocasiones –el año pasado y el actual- es que la Concejalía ha insistido –y ha logrado- que la intervención, que debería hacerse por el Consejo de Salud en nombre del mismo, girara principalmente en torno a lo que la Concejalía ha hecho a lo largo del año; por supuesto, cualquiera que haya escuchado o leído dichas intervenciones no encontrará ninguna crítica que sí había en el original, muy al contrario, solo hay alabanzas y parabienes para la labor de la Concejalía.
A partir de aquí intentaré explicar lo que entiendo por participación ciudadana que, lógicamente, solo puede darse en sistemas democráticos; las dictaduras o los sistemas autoritarios, así como los partidos que están muy inclinados a la derecha, no la practican.
Los sistemas democráticos, para elaborar normas y leyes así como para controlar a los diversos poderes del Estado, se dotan de sistemas en que los ciudadanos estén representados, generalmente en los parlamentos, por eso se llaman democracias parlamentarias; a nivel local se hace mediante el pleno municipal. Son estas instituciones –parlamentos (nacional o autonómicos) y plenos municipales- quienes tienen la competencia exclusiva de redactar las normas y tomar las decisiones necesarias para el buen gobierno del ámbito que les corresponda. Naturalmente, esto puede hacerse de formas diversas y es uno de los factores en que nos basamos para juzgar cuando un sistema es más o menos democrático: si la gente que no forma parte de los parlamentos o plenos tiene oportunidad de expresar su opinión, si hay mecanismos previstos para que su voz llegue a los que tienen que tomar las decisiones, si estos escuchan esa voz y la tienen en cuenta antes de tomarlas, podremos hablar de una democracia mucho más fuerte que aquella en que eso no se haga. (Hay otras muchas circunstancias y condiciones que hacen que una sociedad sea más o menos democrática pero no es ese el objeto de este artículo).
Habrá quien piense que hacerlo así, estableciendo sistemas mediante los cuales pueda llegar la voz de los ciudadanos a los que han de decidir y que estos la tengan en cuenta, ralentiza el proceso de toma de decisiones y tendrá razón. Pero se trata de elegir: gobernar democráticamente que es más costoso o mandar que es mucho más fácil; como la participación ciudadana es un derecho, ningún demócrata puede tener dudas al respecto, la segunda posibilidad no es una opción válida.
Decía que tiene que haber mecanismos para que la voz de los ciudadanos llegue a los que tienen que tomar las decisiones, para que estos escuchen esa voz y la tengan en cuenta antes de tomarlas; pero existe el riesgo de que se monte un mecanismo de participación que no funcione, que no sirva para que se cumpla el objetivo para el que fue creado.
Al Consejo Sectorial de Salud de Getafe le pasa eso. Dispone de unas “Normas reguladoras de funcionamiento y composición del Consejo sectorial de salud de Getafe” de las que voy a comentar alguna para justificar mi afirmación.
Su artículo 1 dice que es “órgano de debate, reflexión, informe y propuesta en relación con las actividades municipales realizadas en el ámbito de la salud”. Pero es la concejala de salud que preside el Consejo quien, mediante la fijación del orden del día (artículo 5), decide los asuntos que somete a la consideración del Consejo la mayoría de los cuales van como “Información” por lo que suele haber muy poco debate.
Entre sus atribuciones, el artículo 7 de las normas contempla “El asesoramiento y consulta a los diferentes órganos del Ayuntamiento, en materia de salud a petición de los mismos o por propia iniciativa del Consejo”. Desde el año 2015 no ha habido ninguna consulta ni una sola petición de asesoramiento por parte de ningún órgano municipal. En 2016 se remitió a la Secretaría del Consejo un documento titulado “Competencias municipales en salud” del que no ha habido noticia: ni si fue hecho llegar a algún responsable u órgano municipal ni cuál fue su reacción si es que la hubo.
Otra atribución del artículo 7 es “la elaboración de propuestas, en materia de salud, para someterlas mediante los cauces que se determinen, a la consideración de los Órganos de Gobierno de cada entidad, organismo o administración competente en esta materia”. Como en el caso anterior, ninguna de las propuestas, que no han sido pocas, remitidas sobre diversos asuntos recibió respuesta.
Finalmente, el artículo 9 dice: “Los dictámenes del Pleno del Consejo, al tener este un carácter consultivo y de participación de los ciudadanos, tendrán una importancia singular, con rango de recomendaciones prioritarias para los órganos del Gobierno Municipal, los cuales tendrán que informar sobre el grado de cumplimiento de lo señalado en dichos dictámenes, así como dar respuesta motivada a todas las recomendaciones formuladas por el Pleno del Consejo que sean rechazadas o modificadas”. Los comentarios de los tres párrafos anteriores muestran que el trabajo del Consejo no se considera de “importancia singular” ni sus propuestas son “prioritarias para los órganos del Gobierno Municipal”.
Pondré solo un par de ejemplos que, desde mi punto de vista, explican bien lo que he venido diciendo. Cuando empezó la pandemia de Covid 19 hubo una propuesta para que el Consejo participara de forma activa en las actividades que el Ayuntamiento estaba preparando para afrontar la situación, en el entendimiento de que tal cosa entraba de lleno en las competencias del Consejo como “órgano de debate, reflexión, informe y propuesta en relación con las actividades municipales realizadas en el ámbito de la salud” y de que las aportaciones que pudieran hacer los miembros del Consejo serían positivas: hubo una negativa cerrada, no se debatió tal cosa.
El otro ejemplo viene referido a las acciones que se están llevando a cabo en protesta por el cierre de los centros de urgencias por parte de la CAM. Tales acciones, como se puede ver en los carteles anunciadores, son convocadas por el Ayuntamiento de Getafe, CCOO Unión Comarcal Sur, UGT Madrid Sur y “Asociaciones vecinales y de salud de Getafe”; el Consejo de Salud no figura porque, según me dicen, “no ha podido pronunciarse porque no ha sido convocado”.
Que cada cual juzgue sobre las diferencias en cuanto al concepto de participación ciudadana de unos y otros.
Sé que la derecha intentará aprovechar mi crítica para atacar al Gobierno municipal y a la propia participación ciudadana. Eso solo servirá para dejar al descubierto sus vergüenzas porque nos dará ocasión para recordar que solo quien hace algo puede equivocarse, cosa que el PP no hizo en cuanto a participación ciudadana cuando gobernó porque, simplemente, se cargó todos los órganos participativos. O sea, actuó como las dictaduras.