La carta de Juan Carlos de Borbón y la justicia

Las leyes son como telas de araña, atrapan mosquitos pero nada pueden ante los elefantes o quienes los cazan. La Justicia es igual para todos los débiles pero se rompe con los fuertes.
Frase atribuida a Plutarco. Siglo I dC

GETAFE/Todas las banderas rotas (15/03/2022) – Juan Carlos I podría haber pasado a la historia con cualquiera de los títulos que se le han ido dando según pasaba el tiempo. Los franquistas más duros –lo que en los años 70 del siglo pasado se conoció como “el búnker”- le llamaron “perjuro”. Cuando eligió a Adolfo Suarez como presidente del gobierno, los palmeros de turno le llamaron “demiurgo”. Desde el 23F se generalizó el título de “salvador de la democracia”, a pesar de las dudas que muchos tenemos sobre su tardía actuación de aquella noche.

Cada cual podrá elegir el título que mejor le parezca, pero es seguro que se le recordará por conseguir grandes cantidades de dinero de forma, digamos, no demasiado clara y llevárselo a Suiza y otros paraísos fiscales para evadir impuestos; por las comisiones recibidas de algunas dictaduras árabes; por su afición a matar elefantes; por abdicar y, como otros antepasados suyos,  tener que abandonar España; en fin, como un Borbón más que, como tantos otros miembros anteriores de la familia, se dedicó a “borbonear”.

Ahora, desde su retiro en Abu Dabi, escribe una carta al actual rey que merece algún comentario, independientemente de si el autor de la carta ha sido él mismo o la Casa Real, como algunos mantienen.

Habría que empezar, precisamente, por el hecho de que la dirija a su hijo y no a los españoles, igual que ocurrió con la que escribió para anunciar que se iba. Como entonces, ambos, el padre y el hijo, circunscriben todo este asunto a una cuestión de familia (¿por qué me surge el recuerdo a la mafia?), como si al resto de los españoles –como pueblo, como sociedad- no nos importara, no tuviéramos nada que saber y decir al respecto.

Pongamos atención en el comienzo del segundo párrafo de la citada carta: “Conocidos los Decretos de la Fiscalía General del Estado, por los que se archivan las investigaciones de las que he sido objeto, me parece oportuno considerar mi regreso a España, aunque no de forma inmediata”. Quizá yo sea muy malpensado, pero esa frase, lo que inmediatamente me sugiere es que, de no haber sido “absuelto” por la Fiscalía, no se habría planteado volver a España. Dicho de otro modo: si la Fiscalía hubiera tenido a bien enjuiciarle, no habría vuelto y se habría convertido en un prófugo de la justicia española.

Le dice a su hijo a continuación: “Aunque, como es natural, volveré con frecuencia a España, a la que siempre llevo en el corazón, para visitar a la familia y amigos”. Es decir, considera “natural” volver cuando quiera a visitar a quien quiera, pero no le parece que lo natural debería ser regresar a dar explicaciones a los españoles de sus actos. Este me parece que es un aspecto fundamental del escrito porque revela, precisamente, que ni al anterior Jefe del Estado ni al actual les pasa por la cabeza que deba dar ningún tipo de explicación a “su pueblo”; le dice a su hijo, con detalle en el siguiente párrafo, cuáles son sus planes: “Me gustaría así culminar esta etapa de mi vida desde la serenidad y la perspectiva que ofrece el tiempo transcurrido”, “tanto en mis visitas como si en el futuro volviera a residir en España, es mi propósito organizar mi vida personal y mi lugar de residencia en ámbitos de carácter privado para continuar disfrutando de la mayor privacidad posible”… Busca serenidad, tiene el propósito de organizar su vida personal, pero solo de pasada, se refiere a los españoles en general a los que llama “opinión pública”: “Soy consciente de la trascendencia para la opinión pública de los acontecimientos pasados de mi vida privada y que lamento sinceramente”.

Y obsérvese que “lamenta” pero no se disculpa de lo que él llama “acontecimientos pasados” a lo que otros llamamos por su nombre: aprovechamiento de las prerrogativas del más alto cargo del Estado para su beneficio personal. Y se refiere a su “vida privada”, como lo hacen los monárquicos (y otros que, sin serlo, tienen intereses que no se compadecen con la verdad), que insisten en la necesidad (y legalidad) de separar los actos realizados por el rey en el ejercicio del cargo de Jefe de Estado de los que son propios de su vida privada de los cuales no estaría obligado a dar cuenta. Supongo que no esperaban que les llevara la contraria nada menos que la Fiscalía del Tribunal Supremo que, al tiempo que argumenta prolijamente sobre la inviolabilidad y la irresponsabilidad del rey recogidas en el artículo 56.3 de la Constitución, dice, con toda claridad, que la vida pública y la privada del rey son inseparables: “La inviolabilidad y la irresponsabilidad, proclamadas por el art. 56.3 CE, se extienden a todo tipo de actos del Rey, incluidos los de naturaleza estrictamente privados, es decir, aquellos que no guardan relación con la misión constitucional del jefe del Estado. (pág. 36 del Decreto 40/2020 de fecha 2 de marzo de 2022 de la Fiscalía del Tribunal Supremo)”. Por tanto, de acuerdo con la Fiscalía del TS, si la inviolabilidad y la irresponsabilidad del rey se extienden a todo tipo de actos que realice, tanto si pertenecen a la esfera pública como a la privada, dado que el emérito ya no está protegido por tales prerrogativas, debería estar obligado a dar cuenta de todos sus actos –los públicos y los privados- en la cámara de representación de la soberanía nacional, es decir, ante las Cortes Generales.

El último apunte que quiero destacar de la carta de la que vengo hablando es la siguiente frase: “siento un legítimo orgullo por mi contribución a la convivencia democrática y a las libertades en España”. ¿Y no siente vergüenza por los actos que a cualquier otro español le hubieran llevado a la cárcel? Su contribución a “la convivencia democrática y a las libertades en España…”, entra en el terreno de lo discutible, y, en cualquier caso, tal contribución, si existió, no puede borrar los delitos que, presuntamente, ha cometido, delitos que su propio hijo, el actual rey, implícitamente reconoció al retirarle la asignación como miembro de la familia real y al negarse a aceptar una herencia que podría “no estar en consonancia con la legalidad o con los criterios de rectitud e integridad que rigen su actividad institucional y privada y que deben informar la actividad de la Corona”, tal como queda recogido en el comunicado de la Casa Real de 15 de marzo de 2020. Y que también reconoce el fiscal del TS en el Decreto 40/2020 ya citado aunque, con gran esfuerzo, sostiene que no hay materia de enjuiciamiento porque los posibles hechos delictivos han prescrito o están amparados por la inviolabilidad por haberlos realizado después de haber abdicado.

Sostengo que son los monárquicos, los partidos que se llaman a sí mismos “constitucionalistas”, la institución monárquica con el actual Rey a la cabeza y, por supuesto, el emérito, quienes deberían estar más interesados que nadie en demostrar la honradez y restablecer la honorabilidad de este último, si es que eso fuera posible. No lo espero de la institución monárquica –Casa real, rey actual y rey emérito- porque, dado que no es una institución democrática, no forma parte de sus obligaciones la rendición de cuentas ante los ciudadanos –que no súbditos-.

Y ya que, debido a las “razones” del fiscal no podemos esperar justicia, sí deberíamos tener la esperanza de que el Gobierno y el resto de los partidos a los que hemos votado el conjunto de los españoles hagan todo lo que tengan que hacer para que, más pronto que tarde, lleguemos a saber todo lo que tenemos derecho a saber respecto a los presuntos delitos de Juan Carlos I.

Para que el reproche social hacia la indigna actuación del anterior Jefe de Estado pueda llegar a formar parte de la historia de España.