Justicia económica redistributiva

EN PLENA PANDEMIA LOS MILLONARIOS AUMENTAN EN ESPAÑA.

GETAFE/Tribuna con acento (1/2/2022)- El informe anual que nos ofrece Credit Suisse es un análisis exhaustivo sobre el patrimonio de los mil milmillonarios en el mundo y su aumento en plena pandemia. En España, el porcentaje de millonarios se ha multiplicado. Según esta entidad, el número de ricos españoles ha pasado de 657.000, a los 1,8 millones de personas. En 2020, el Producto Interior Bruto (PIB) por adulto rozó los 33.000 dólares y la riqueza promedio asciende a casi 77.000 dólares. Por escalón, además del 3% de millonarios (cuya fortuna supera el millón de dólares), el 48,6% de la población adulta tiene una riqueza entre 100.000 y 1 millón, el 31,6% están en la horquilla de entre 10.000 y 100.000 dólares y un 17% por debajo de los 10.000 dólares. Los grupos más ricos no sólo no han sufrido el impacto de la menor actividad económica, sino que se han beneficiado del entorno de bajas tasas de interés y del menor precio de acciones y viviendas. Los ricos disponen de la llamada ingeniería financiera para reducir y evadir impuestos y/o trasladarlos a los paraísos fiscales.

LA OTRA CARA ES LA PRECARIEDAD, LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL

Esta nueva crisis Covid-19 ha puesto de manifiesto las grandes carencias de un mercado de trabajo precario y de una elevada proporción hogares que viven al día. Tal y como señala el Informe EINSFOESSA 20211 casi una cuarta parte de la población tenía grandes problemas ante gastos imprevistos y dificultades notables para hacer frente a los gastos relacionados con la vivienda. Son los trabajadores sin contrato formal o de muy corta duración, con bajas remuneraciones y limitado acceso a los derechos sociales. Una primera conclusión es que la Covid -19 ha golpeado, especialmente a los hogares con rentas bajas, sin ingresos que ya partían de una mayor privación material. La exclusión en España ha aumentado desde 2018 en 2,5 millones de personas, actualmente hay 11 millones de personas afectadas, de los cuales 6 millones su afectación es severa.

MEDIDAS EXTRAORDINARIAS DEL GOBIERNO ORIENTADAS A LA PROTECCIÓN SOCIAL

Las medidas desarrolladas en este periodo de crisis han atenuado la pobreza severa y la exclusión social gracias a la orientación redistributiva «hacia los más golpeados» a diferencia de la crisis anterior (2007) orientadas a «Salvar a los Bancos». La respuesta de las políticas públicas ante las necesidades sociales ha sido más intensa y de naturaleza más protectora. La aprobación a través de Reales Decretos-Ley 8/2020, y las sucesivas de medidas urgentes han tenido un efecto amortiguador. A titulo de ejemplos: Los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) frente al desempleo, la introducción del Ingreso Mínimo Vital (IMV) como «derecho subjetivo», la protección del Trabajo Autónomo, el Acuerdo de Trabajo a Distancia, medidas urgentes en materia de empleo Agrario, medidas en materia de protección y asistencia a las Víctimas de Violencia de género. En esta etapa ha sido relevante el dialogo social con los actores afectados, a pesar de las resistencias y contradicciones en las condiciones de trabajo (precariedad, temporalidad, despidos), así como la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Posteriormente la Unión Europea ha aprobado el programa Next Generation, apoyado en una inversión histórica (140.000 millones de euros) como son los planes de reconstrucción, resiliencia y transformación.

Todo ello tiene un gran coste: la deuda pública ha alcanzado un máximo histórico de 1,42 billones de euros, situándose en el 122,8% del PIB, que habrá que pagar con diferentes ingresos. La protección social desplegada durante la pandemia no solo permite perfeccionarla en situaciones de crisis. También exige mayor inversión en las políticas públicas en áreas sensibles como la Sanidad, la Educación así como mejorar la Protección Social de los colectivos más vulnerables. La pandemia ha revelado la importancia de lo público y la necesidad de los impuestos en un Estado democrático.

UNA REFORMA FISCAL ORIENTADA AL BIEN COMÚN

Nuestro sistema tributario tiene margen de crecimiento en el medio plazo, si lo comparamos con los sistemas tributarios de nuestro entorno. La presión fiscal, también llamada presión tributaria, es el total de impuestos que recauda el sector público de un país respecto al PIB. En 2020, España alcanzó 37,3%, Francia 47,3%, Italia 42,8%, Austria 42,4%, Alemania 41,3% y Portugal 37,4% (Expansión/Datosmacro.com)

La necesidad de llevar adelante la reforma fiscal de corte progresista incluye gravar un tipo mínimo del 15% en el Impuesto sobre Sociedades. Va orientado especialmente a las grandes empresas y así evitar que éstas tributen por debajo de lo establecido. Subir Impuesto de Matriculación de los coches, penalizar los más contaminantes. La creación de nuevas figuras tributarias entre las que cabe destacar la imposición «verde y digital». Rebaja de los beneficios fiscales de los planes de pensiones y otros modos de imposición como impuestos sobre las transacciones financieras.

Reforzar la lucha contra el fraude fiscal y hacer frente a conductas ilícitas en la que incurren personas o empresas, contribuyentes – a veces considerados notables patriotas abanderados- pero que ocultan u omiten ingresos y bienes a las administraciones tributarias (el Impuesto de Sociedades, el IVA, el IRPF). Según el Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha), el fraude fiscal alcanza unas pérdidas anuales de 60.600 millones por impuestos evadidos y otros 31.000 millones por cuotas defraudadas a la Seguridad Social. Control de la economía sumergida, y eliminación de los paraísos fiscales. Los técnicos, vienen demandando desde hace años más medios para hacer frente a los evasores fiscales. Disponer de más personal técnico y herramientas para combatir las nuevas formas de comportamientos fraudulentos asociados a las nuevas tecnologías y a las grandes empresas multinacionales.

En definitiva la justicia económica redistributiva tiene que orientarse bajo tres grandes lineas: a) valorar la ética ciudadana en cumplimiento de las obligaciones fiscales para proveernos de Servicios Públicos (Protección Social, Sanidad, Educación, Cuidados, etc). b) Persecución y penalización del comportamiento evasor y evitar figuras políticas como la amnistía fiscal, tan frecuentes en los últimos años y, c) una mayor inversión social en equidad, solidaridad, justicia… Todo ello, si se cumple, contribuye a crear comunidad, sociedad cohesionada y fundamentar el Bien Común.