«Nunca hemos dejado de luchar por nuestra escuela»

GETAFE/Reportaje (30/04/2021) – La Escuela Infantil Municipal Arcoíris, situada en el barrio de Buenavista, y una de las instalaciones más esperadas y demandadas por los vecinos de la zona no será de gestión pública, ni contará con personal municipal. Una decisión de la Comunidad de Madrid contra la que el Ayuntamiento sigue luchando, aunque con escasos visos de éxito ante el enrocamiento del Gobierno regional.

El modelo 0-6 que aún permanece en Getafe (una de las pocas localidades que lo mantiene en la Comunidad) ha tratado de ser desmantelado en varias ocasiones y ha contado con la reprobación del Gobierno regional. “Desde hace años nos vienen diciendo que tenemos escuelas 0-6 obsoletas”, explica la concejala de Educación, Ángeles García. Desde la Consejería de Educación se considera que la etapa 3-6 ya está integrada en los centros educativos y que no es necesario mantener el ciclo completo, algo que desde el Ayuntamiento han defendido reiteradamente como beneficioso para los niños, que no ven partido el ciclo de educación.

Con respecto a la escuela infantil de Buenavista, el Ayuntamiento trató en un primer momento de fusionar el centro con el CEIP María Blanchard, aledaño a las instalaciones y crear un centro 0-12, pionero en la educación pública en la Comunidad. Tras muchas esperas, el resultado fue una negativa. El centro sería 0-3. De gestión directa. “Y en ningún momento nos dicen que no”. Hasta hace unas semanas. Causa y efecto. Desde la Consejería se hizo un amago de eliminar el segundo ciclo de Infantil en el resto de escuelas municipales. Oposición rotunda del Ayuntamiento, que al final lo logra mantener. En la siguiente reunión, la Escuela Infantil Arcoíris tendría que gestionarse por el sistema de costes: de gestión indirecta a través de una empresa. “El consejero Osorio habló con la alcaldesa y directamente le dijo: Sara, no habéis querido eliminar el 3-6 pues ahora nosotros actuaremos como consideremos”.

Un decreto con trampa

Para tomar esta decisión “se amparan en el Real Decreto 28-2019 de 20 de abril en el que se dice que ‘generalmente’ las escuelas se construirán por el sistema de costes que es el sistema de gestión indirecta. Pero dice con carácter general en ningún caso dice que sea obligatorio”. La Comunidad de Madrid hace la interpretación que más le conviene de la ley, y el Ayuntamiento está atado de pies y manos, porque su incorporación a la red de escuelas de la Comunidad depende de la firma de un convenio con ellos. “Supondría gestionar esa escuela de manera privada por un Ayuntamiento”, asumiendo todos los costes, algo inviable.

Diferencias entre modelos

La primera consecuencia del cambio de modelo de gestión directa a indirecta ya se ha producido: han tenido que reducir el número de plazas en la OPE de maestras ya que las plazas de Arcoíris no se llegarán a cubrir con funcionarias, sino trabajadoras de una empresa privada. Las diferencias en personal, además, son rotundas. “Una escuela infantil nuestra con 8 unidades tiene 14 maestras, 2 auxiliares de apoyo global, 2 cocineras y 1 conserje. En su pliego tipo, para el mismo número de unidades proponen 7 educadoras, 2 maestras y 1 cocinera”. Se reduce el número de personal y la cualificación. “Al tener el 0-6 siempre hemos optado por las maestras para que no hubiera una diferencia salarial porque están desempeñando el mismo trabajo”, ratifica Ángeles García.

Ahora están tratando de hacer cambios en el pliego para mejorar las condiciones laborales e incluso de calidad de la comida. “La gestión indirecta funciona de una manera empresarial: tiene que obtener beneficios; el Ayuntamiento no crea una escuela para tener beneficios sino para ofrecer un servicio a los vecinos y vecinas. Los recortes a la baja cuando lícitas un pliego siempre recaen sobre los trabajadores”, algo que están intentando evitar en la preparación de los pliegos. “En ningún caso hemos dejado de luchar por nuestra escuela de gestión directa y en eso estamos trabajando, pero paralelamente tenemos un plan B”. Al final todo es una decisión política. “Las elecciones nos pueden dar un espaldarazo para cumplir nuestros objetivos”.

Convenio con la Comunidad

La Comunidad de Madrid firma un convenio por el que se compromete a pagar “alrededor de 300 € por niño. La diferencia hasta el total la pone el Ayuntamiento. En nuestro caso, una escuela municipal está costando en docentes unos 840.000 €: la Comunidad está poniendo unos 400.000 € y nosotros el resto más suministros, limpieza, conserje…».

La Consejería les está poniendo problemas para mejorar el pliego de licitación, a pesar de asumir el propio Ayuntamiento la diferencia que supondría. “Estamos estudiando la posibilidad de que sea una empresa de economía social, una cooperativa quien la gestione, pero hay unos grandes competidores con los que se encuentran”, lamenta García. Incluir cláusulas sociales, de personal, o que la bajada no repercuta en los salarios, son algunos de los objetivos. Pese a que luchan para no tener que llegar al momento de la licitación, “lo tenemos todo preparado para sacarlo con carácter urgente de ser necesario. Un cambio de Gobierno el 4 de mayo ayudaría mucho. No deja de ser una decisión política”.

UNAS OPOSICIONES CON POLÉMICA

Hacía dos décadas que no se convocaban oposiciones a los puestos de maestras en las escuelas infantiles municipales, con dos consecuencias: una elevada tasa de interinidad y una bolsa de empleo obsoleta y antigua. Con el paraguas del compromiso de reducir esa tasa al 8%, primero se puso sobre la mesa la posibilidad de renovar la bolsa de empleo. “Las trabajadoras se reunieron con nosotras diciendo que una bolsa no les parecía beneficiosa porque había que pasar un proceso y que cambiaría el orden. La única alternativa que quedaba era una OPE”, explica Ángeles García, concejala de Educación. “Hay personas que llevan muchos años trabajando aquí y de alguna manera pensaban que la plaza era de ellas: pero no puede ser: la única manera es mediante concursos públicos”. Las situaciones de las trabajadoras difieren mucho. Algunas llevan décadas en el puesto; otras un par de años. “Un caso complicado, que a mí particularmente me afecta, es el de las que venían de casitas de niños que llevan muchos años, pero según la ley, al tener un carácter profesional distinto ni siquiera pueden contabilizar ese periodo”. La bolsa de empleo se sustituyó por un concurso-oposición que primero fue para 46 plazas y luego se redujo a 33 ante la negativa de la Comunidad de que el Ayuntamiento pudiera gestionar esa instalación con personal público.

¿Y paralizar la OPE?

“Es cierto que se está estudiando a nivel global una modificación del EBEP, pero en ningún caso se va a hacer la fijeza per se y no sabemos cuándo va a salir esta ley”, explica la edil. “No podemos seguir trabajando sobre humo y perpetuando esta situación”. En el concurso han primado la experiencia acumulada al máximo, un 40% de la nota. García asegura que no se puede más. “Muchos interinos han llegado al Tribunal Constitucional y les han echado para atrás por no cumplir con los criterios de mérito, igualdad y capacidad; primar a una persona muy por encima del resto es anticonstitucional”. Los informes de la asesoría jurídica desaconsejan cualquier otra alternativa.