Ni los políticos pueden tanto como parece, ni los científicos saben tanto como creemos.
Daniel Innerarity
GETAFE/Todas las banderas rotas (13/04/2021) – Estamos, por fin, en pleno desarrollo de la vacunación contra la Covid-19. Con todas las dificultades que se quieran, tanto las reales como las inventadas, podemos ver próximo el control de la pandemia, lo que no quiere decir el fin de todos los problemas que esta ha traído consigo. Dejando de lado lo que muchos vienen apuntando –yo mismo lo traté en un artículo anterior- en cuanto a que no estaremos libres de ella hasta que no lo estemos todos a nivel mundial, la vacunación es la vía segura para alcanzar el objetivo. Por eso, me parece oportuno hacer ahora algunas consideraciones al respecto.
“La finalidad de la vacunación es prevenir que las personas vacunadas contraigan la enfermedad y, en caso de contraerla, disminuir la gravedad y mortalidad de la misma, (…) y poder llegar a controlar la epidemia mediante el aumento de la población que por medio de la vacunación puede quedar inmunizada frente a la misma”. (Estrategia de vacunación frente a COVID-19 en España. 2/12/2020). Ya sé que existen los llamados “negacionistas” que no estarán de acuerdo con lo anterior pero fuera de esos pocos –a los que no voy a dedicar más espacio-, esa es la razón de ser de las vacunas: proteger a las personas frente a la enfermedad, tanto de manera individual, como en su dimensión social, este es el caso de una pandemia. A partir de ahí, algunos se plantean si la o las vacunas que se nos ofrecen tienen la capacidad de cumplir esa función, es decir, si podemos fiarnos de que nos van a proteger. La respuesta es que las vacunas, como cualquier otro medicamento, en el proceso de creación y fabricación, están sometidas a exámenes y vigilancia muy rigurosos por parte de los organismos de control nacionales (en España, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios) e internacionales (en la Unión Europea, de la que España forma parte, la Agencia Europea del Medicamento, EMA son sus siglas en inglés); por tanto, en la medida en que consideremos fiables a esos organismos, lo serán los productos que ellos validen. A partir de ahí, cada cual puede desconfiar de lo que quiera pero deberá probar que tiene unos argumentos científicos mejores que los de dichos organismos; repito: argumentos CIENTÍFICOS.
Hay quien piensa que no debería inocularse a nadie una vacuna que, supuestamente, puede producir algún daño a la salud. Según la EMA, respecto a la vacuna de AstraZeneca, hasta el 4 abril son 222 los casos confirmados, de un total de hasta 34 millones de personas vacunadas. Es decir, según esta incidencia, solo se da menos de un caso de trombosis de senos venosos cerebrales por cada 100.000 dosis administradas de la vacuna AstraZeneca. Al respecto, hay que decir que todos los medicamentos tienen contraindicaciones y efectos adversos, todos hemos leído los prospectos en los que nos lo explican; en uno de ellos se puede leer lo siguiente: Efectos adversos raros (pueden afectar hasta 1 de cada mil personas): meningitis aséptica, disminución de plaquetas, anemia aplásica, anemia hemolítica… Efectos adversos muy raros (pueden afectar hasta 1 de cada 10.000 personas): insuficiencia hepática, insuficiencia cardíaca, infarto de miocardio… El medicamento al que me refiero y que puede provocar infarto de miocardio, entre otros males, a 1 de cada 10.000 personas (10 veces más que la vacuna AstraZeneca) se llama Ibuprofeno, seguramente muchos lo tenemos en casa ya que es muy común y lo habremos tomado alguna vez porque, además, no precisa receta. Y este es solo un ejemplo.
(Puse primero “politización” pero, con perdón por emplear una palabra no aceptada por la RAE (aún), creo que expresa mejor lo que quiero decir). Este es un asunto al que hay que dedicarle atención, no porque vaya a influir en la fiabilidad o en la seguridad de las vacunas, sino porque está influyendo muchísimo en la forma en que muchos ciudadanos aceptan la vacunación. Por eso, los políticos deberían tener gran cuidado a la hora de adjudicarse responsabilidades unos a otros en cuanto a determinadas decisiones. De manera especialmente virulenta se está viendo esto en la Comunidad de Madrid, cuya presidenta aprovecha cualquier problema que pueda surgir o cualquier fallo que pueda cometer el gobierno central para utilizarlo como arma electoral o para desviar la atención de sus propios fallos o problemas. También el candidato socialista y el Gobierno, que ha sabido, hasta hace muy poco, mantener una posición contenida y de no confrontación, últimamente, impelidos por la campaña electoral madrileña, han lanzado ciertas acusaciones que –sin entrar en si son ciertas o no- no contribuyen a que la población entienda y acepte situaciones y medidas que, forzosamente y por el bien de todos, han de tomar una u otra administración a pesar de que sean difíciles de sobrellevar para la mayoría. En este sentido, también los medios de comunicación deberían examinar si han actuado responsablemente o, por el contrario, han dado carta de naturaleza a determinadas noticias no suficientemente contrastadas; (de las redes de (in)comunicación mejor ni hablamos.
Hay quien opina que, vistos los problemas que hemos sufrido con el suministro, deberíamos comprar las vacunas que necesitamos a cualquiera que nos las venda sin someternos al corsé de la UE, como ha intentado Isabel Díaz Ayuso encargando la gestión de la compra de la vacuna rusa a un comisionista del PP. Al respecto hay que tener en cuenta varias cosas:
He escrito ya un artículo sobre este asunto. Pero mi modestísima aportación es una gota de agua en el océano al lado de otras con mucho mayor peso. En España, mi admirado amigo Fernando Lamata, que fue Consejero de Salud de Castilla La Mancha y Secretario General de Sanidad, es uno de los mayores luchadores en pro de la liberación de las patentes de las vacunas. En el ámbito internacional, además de oenegés muy fiables, la prestigiosa revista “Nature” defiende esa misma posición mediante un editorial (“Es hora de considerar un indulto de patente para las vacunas COVID”) en su número 592 de 1 de abril de 2021. También lo hacen los premios Nobel Joseph E. Stiglitz y Michael Spence (“Nadie estará a salvo mientras no lo estén todos”, El País, 6 de abril de 2021). No es éticamente admisible que las farmacéuticas, como siempre han hecho, sigan utilizando la enfermedad de tantos para llenar el bolsillo de unos pocos, cuando, además, han recibido una enorme cantidad de dinero público.
Acabo. Las vacunas ofrecen, además de la protección individual, el beneficio social que supone reducir la probabilidad de contagiar a terceros; por tanto, cuando nos vacunamos cada uno de nosotros, estamos poniendo un ladrillo en el muro que nos protegerá a todos. Así que, porque todas las vacunas son seguras y fiables (también la de AstraZeneca) en la medida en que cualquier producto (sanitario o de otro tipo) puede serlo en la sociedad de riesgo en la que vivimos, a vacunarse todos, sea cual sea la vacuna que nos toque, tanto por conveniencia propia como por responsabilidad social.