La ampliación y refuerzo de los servicios públicos. Una pieza fundamental del Plan de Emergencia

GETAFE/Palabra de concejal (11/01/2021) – La ampliación y refuerzo de los servicios públicos debe ser una pieza fundamental del desarrollo del Plan de Emergencia frente a la Covid-19.

En primer lugar, se trata de atajar lo que nos ha hecho más vulnerables frente a la Covid-19. Entre ellas destaca la persistencia y aumento del número de parados y paradas registradas, que en Getafe se elevaba a 12.314 personas en noviembre de 2020, junto a la altísima tasa de temporalidad en el empleo y a la existencia de jornadas parciales no deseadas, así como a un aumento del encadenamiento de contratos. La destrucción de empleo afectará a todos, pero no de la misma manera. Esta realidad es especialmente intensa entre las personas con menores ingresos.

El sistema de garantía de rentas es uno de los soportes básicos de la protección social para el mantenimiento de un nivel de vida digno del conjunto de la ciudadanía. Tanto sus efectos en la reducción de la pobreza como en el de facilitar un bienestar mínimo a la población, son objetivos fundamentales de una política pública de aseguramiento colectivo. El Ingreso Mínimo Vital (IMV), de momento, no ha solucionado el problema de los hogares sin ingresos y las Rentas Mínimas se encuentran en remodelación o bloqueadas por la propia Comunidad Autónoma de Madrid.

Al mismo tiempo, se han puesto en marcha múltiples iniciativas y muestras de solidaridad vecinal en los diferentes barrios para dar respuesta a las necesidades básicas, lo que manifiesta la riqueza del tejido asociativo (asociaciones vecinales, entidades sociales, fundaciones, parroquias…). En un primer momento salieron al paso con la confección artesana de mascarillas, distribución de comidas a domicilio, ayudas económicas para familias, atención a la infancia, canciones, acompañamiento de soledades, etc. La pandemia ha contribuido al despertar de una sociedad adormecida, pero también ha puesto en evidencia la lentitud y fragilidad de nuestro sistema de bienestar para responder a los hogares más frágiles.

Esta pandemia ha evidenciado, también en Getafe, la debilidad de nuestro sistema de servicios sociales. La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales (ADYGSS) ha realizado, por cuarto año consecutivo, un detallado análisis de los presupuestos que los Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes dedican a “Servicios Sociales y Promoción Social”, con datos correspondientes al presupuesto liquidado de 2019, que publica el Ministerio de Hacienda. A partir de esa información oficial, la ADYGSS clasifica a los Ayuntamientos en tres categorías, en función de determinados criterios de su inversión social: Excelentes, Precarios y Pobres.

Los criterios para esta clasificación de la Excelencia Social serían: 1. Criterio de suficiencia económica, si la inversión en servicios sociales es superior a 100 € por habitante y año, 2. Criterio de incremento económico, con respecto a presupuestos anteriores, 3. Criterio de esfuerzo inversor, si el gasto social representa al menos un 10% del Presupuesto Total, no financiero y 4. Criterio de transparencia financiera.

El municipio con mayor gasto en servicios sociales es Barcelona, con 216 euros por habitante, seguido de Bilbao con 162 €. En tercer lugar se encuentra Madrid con 142€ y en cuarto lugar Sabadell con 100 € por habitante. Todos ellos son catalogados como Excelentes. Entre los ayuntamientos considerados Precarios, con una inversión de entre 50 y 45,74 euros, se encuentran Móstoles con 49,48€, Rivas Vaciamadrid con 46,74€ y Cáceres con una inversión en servicios sociales de 45,48€ por habitante.

Getafe, según los indicadores arriba mencionados, se considera un municipio con una inversión pobre en servicios sociales, con un gasto de 44,91€ por habitante. Esta cantidad se encuentra, por debajo del 60% de la mediana del gasto por habitante del conjunto municipios, que estaría en 45,74€.

En este contexto, resulta paradójico que el Ayuntamiento de Getafe haya denegado ayudas por no cumplir requisitos a más de 700 personas que realmente lo necesitan. De los 2 millones en ayudas sociales para hacer frente a las consecuencias de la Covid-19, que aprobamos en el Pleno del Ayuntamiento de Getafe, se han concedido solo a 422 personas, por un importe de 562.000€.

Según el informe publicado por la Fundación la Caixa en 2019, uno de los problemas habituales de cobertura de necesidades sociales, es el grado en el que los potenciales beneficiarios no solicitan la prestación, a pesar de cumplir con los requisitos –llamado take-up–. A titulo de ejemplo, la comparación entre las altas tasas de pobreza, que sitúan al 16% de la población por debajo del umbral de la pobreza, y la baja cobertura social, conduce a pensar que hay un volumen importante de personas potencialmente beneficiarias que no solicitan las prestaciones.

Y, también sucede a la inversa, que existe un número elevado de hogares cuyos ingresos están por debajo del umbral de pobreza y son excluidos de las ayudas por los diferentes requisitos de la normativa que se aplica.

La misma aprobación del nuevo Ingreso Mínimo Vital plantea una serie de retos de futuro que urge abordar para cubrir las necesidades de algunas de las capas más vulnerables de la población. Entre ellas se encontrarían: las personas en situación administrativa irregular, las personas jóvenes emancipadas menores de 23 años, las familias que viven en habitaciones compartiendo la vivienda con más de dos unidades de convivencia, la vinculación al empleo y la obligación de constar como demandante de empleo, las personas en situación de pobreza cuya situación residencial no cumple los criterios establecidos por el IMV.

Todo ello está configurando el nuevo mapa de la pobreza y la exclusión social en nuestro municipio. La actual emergencia social acentúa los déficits estructurales en materia de Servicios Públicos, especialmente en materia de cuidados. Urge salir al encuentro de esta realidad social, con humildad, para responder a las verdaderas necesidades en protección social, educativas, sanitarias, residenciales y de políticas de empleo. El Observatorio Social y el Plan de Inclusión deberían abordar nuestras propias contradicciones sociales con urgencia.