Regular el alquiler de las viviendas es cumplir la Constitución

GETAFE/Palabra de concejal (02/11/2020) – La primera ley de vivienda de la democracia tendrá la regulación del precio de los alquileres como eje fundamental de su desarrollo, gracias al acuerdo del Gobierno de coalición progresista de España, como han acordado PSOE y Unidas Podemos.

La regulación del precio de los alquileres no es un invento “comunista” como las tres derechas de nuestro país vociferan desde los palcos mediáticos que los grandes tenedores de vivienda de este país les facilitan. Son muchas ciudades europeas las que han puesto en marcha recientemente sistemas similares para garantizar el acceso a la vivienda: Berlín, París, Viena o comunidades autónomas como Cataluña, donde ya se han podido ver los primeros resultados del efecto de una legislación como esta.

El derecho a acceder a una vivienda digna debería ser incuestionable, así como que desde todas las administraciones- estatal, autonómica y municipal- deberían brindar soluciones necesarias y cumplir el artículo 47 de la Constitución: “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.”

Las familias necesitan algo muy simple: vincular el precio de los alquileres a la economía real, a la del país. No pueden invertir todos los recursos económicos familiares en el pago de una vivienda en alquiler. Este modelo especulativo está permitiendo el enriquecimiento de los bancos y fondos de inversión extranjeros, así como el empobrecimiento y la creciente vulnerabilidad de las familias. En toda la Comunidad de Madrid se sufre este grave problema, encontrándonos ante las posibles puertas de una situación de impago masivo de alquileres y de hipotecas.

Según el Sindicato de Inquilinas de Madrid, los y las jóvenes deben destinar el 105% de su sueldo a pagar un alquiler medio en Madrid. Tenemos que ser valientes desde todos los ámbitos políticos y aclarar de qué lado estamos: del lado de los inquilinos e inquilinas, ciudadanía con derechos, o del lado de los bancos, fondos de inversión con acumulación de capital financiero internacional.

Como la regulación realizada en Cataluña ha demostrado, esta medida no afectará a los pequeños propietarios, pese a los bulos que el imperio económico y mediático de las tres derechas quiere propagar, dado que se establecen límites para aquellas vecinas y vecinos cuyos ingresos dependen de las rentas de alquiler, en el caso de Cataluña con límites de rentas hasta 2.000 euros sumando todas las percibidas.

Esta medida no es contra el pequeño propietario, sino contra los fondos buitre que especulan con la vida de la gente trabajadora de este país; al contrario, es un ejercicio básico de cumplimiento de la Constitución que, en su artículo 128, dicta: “Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general”.

Es cierto que esta medida no va a solventar los problemas de acceso a la vivienda en nuestro país, quedan muchos pasos por dar, y el más importante es disponer de un parque público de vivienda en alquiler que garantice de manera más efectiva estos derechos constitucionales. España es el país con uno de los porcentajes más bajos de vivienda pública de toda la Unión Europea, y esto debemos continuar trabajando para revertirlo. ¡Sí, se puede!