La convención sobre los derechos del niño en tiempos de Covid

GETAFE/Tribuna con acento (20/11/2020) – El 20 de noviembre de 1989, la Asamblea General de la ONU aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño. Esta consta de 54 artículos que, de acuerdo con Save the Children, se sustentan sobre cuatro principios: «el derecho de los niños y niñas a la protección contra todo tipo de violencia y explotación, a la educación, al más alto nivel posible de salud y a beneficiarse de políticas sociales que garanticen un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social».

A día de hoy todos los países del mundo, salvo Estados Unidos, la han ratificado. España lo hizo un año después de su aprobación. Además, en el artículo 39 de la Constitución se establece que «los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos».

La integración de la Convención en el marco legal y político de nuestro país choca frontalmente con el informe del relator especial de la ONU para la pobreza extrema, Philip Alston. En él destaca que España tiene una de las tasas de pobreza infantil más altas de Europa, pese a ser la cuarta economía del continente.

La Covid-19 ha agravado esta situación, poniendo de manifiesto las carencias del sistema de cuidados de nuestro país, duramente golpeado por los recortes y privatizaciones de la última década. Los sectores más vulnerables de la sociedad están sufriendo las consecuencias desde diferentes frentes, especialmente en la Comunidad de Madrid, la región más desigual de España, según el Informe FOESSA de Cáritas en 2019.

La infancia madrileña ha tenido un inicio de curso lleno de adversidades debido a la falta de planificación del mismo. La situación actual incluye aulas públicas de todos los niveles sin profesorado; una brecha digital, acentuada por el creciente uso de dispositivos electrónicos en el día a día del alumnado y la adopción de la semipresencialidad como modalidad educativa en una gran cantidad de centros de secundaria.

Si entendemos la Educación Pública como vehículo de ascenso social y como garante de los derechos de los niños y niñas, es fácil extraer las consecuencias que puede tener esta situación para la infancia, concretamente para aquel alumnado que en su entorno familiar no tiene la posibilidad de suplir estas carencias. Desde el punto de vista tecnológico, la solución pasa por dotar de dispositivos y conexión a Internet; pero desde el punto de vista del apoyo en las tareas educativas y la continuidad en el sistema educativo, se antoja difícil proponer soluciones a distancia.

Teniendo en cuenta que el tiempo juega en contra de estos niños y niñas, se antoja más necesario que nunca tener presente la Convención sobre los Derechos del niño en su 31º aniversario y exigir el cumplimiento de sus preceptos en el ámbito social, político y económico para proteger el presente y el futuro de nuestra infancia.