Prorrogada hasta el 31 de enero las moratorias en alquileres y la prohibición de los desahucios

GETAFE/Varios (19/10/2020) – Hace un par de semanas parecía que el décimo mes del año iba a ser un mes aciago para los inquilinos que se encontraran en una situación vulnerable. Al revisar la agenda de octubre aparecía marcado en rojo el día 2, y es que en esta fecha concluían las medidas provisionales aprobadas por el Consejo de Ministros para ayudar y proteger a aquellas personas que estuvieran pasando por una situación económica desfavorable.

Este paquete de decisiones, denominado por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en distintas ocasiones como “escudo social” no sólo incluía ayudas para las cargas financieras de la hipoteca, el alquiler o los suministros, sino que tenía en la prohibición de desahucios sin alternativa habitacional o en la moratoria o aplazamiento del pago de la renta de los contratos de arrendamiento las medidas estrella.

Cuatro meses más

Dicha suspensión fue prolongada el pasado 29 de septiembre, haciéndola extensible hasta el fin del primer mes de 2021. El 31 de enero del nuevo año será la nueva fecha límite marcada por el Gobierno de coalición. No obstante, no todas las medidas parecen prolongar su vigencia en el próximo cuatrimestre, lo cual ha abierto un nuevo debate no sólo en el seno político sino en el ámbito social.

Anteriormente, con el fin de salvaguardar los intereses del inquilino y permitir su normal habitación, se prohibió cualquier tipo de corte por parte del propietario en los suministros de agua, electricidad o gas. Sin embargo, la vigencia de esta decisión de cara a los próximos cuatro meses se mantiene a día de hoy en el aire. Y no es la única. Tampoco se ha producido un acuerdo respecto a la moratoria sobre créditos hipotecarios y al consumo, que se aprobó en julio con una duración de tres meses; ni sobre el bono social eléctrico, un descuento concreto aplicado en la factura de los consumidores vulnerables, que expiró el pasado 15 de septiembre.

Lo que sí se mantendrá será la posibilidad de que el inquilino vulnerable pida la suspensión del desahucio hasta el 31 de enero de 2021 y lo hará en las mismas condiciones que aparecía en el primer real decreto. También seguirá la prórroga de los contratos de alquiler para evitar que la finalización de un contrato deje en la calle al inquilino, así como el plazo para solicitar la moratoria o el aplazamiento del pago de las rentas de los contratos. En este último caso concreto, todo hace indicar que los grandes arrendadores tendrán que decidir entre una quita del 50% del alquiler o una reestructuración de la deuda en, como máximo, tres años.

La reacción de UGT

La Unión General de los Trabajadores (UGT) a través de su página web realizó una petición al Gobierno para que prolongara la prohibición en los cortes de agua, electricidad y gas, así como la prórroga automática del bono social eléctrico en los hogares perjudicados. Desde el sindicato entienden que “estas medidas se adoptaron con motivo de la crisis de la Covid-19 y esta crisis aún persiste”.

En este comunicado también demanda “que el plan de recuperación incorpore políticas sociales encaminadas a proteger a los colectivos más vulnerables” y solicita que se desarrolle el plan de la Estrategia Nacional de lucha contra la pobreza energética y que se mejore la regulación del bono social energético, para que llegue a todos los consumidores que lo necesiten.

La situación de los propietarios

Es una realidad que la relación entre algunos propietarios e inquilinos se ha debilitado a raíz de esta situación. El abogado Eduardo Fernández-Fígares es especialista en desahucios de inquilinos y reconoce por su experiencia que “el número de desahucios ha aumentado, pero no mucho”. De hecho, lo cifra en “un 10%” y considera que esto “hace pensar que arrendadores y arrendatarios están en general alcanzando acuerdos para mantener sus arrendamientos sin tener que acudir a la vía judicial”. 

En cualquier caso, puede darse la situación de que se ralentice más de lo habitual que los propietarios recuperen su vivienda cuando sea posible. El letrado explica que esta demora se deberá principalmente a dos motivos: el primero son “los tres meses que ha acumulado el sistema judicial entre marzo y junio” y el segundo es porque “estamos en una época muy complicada, económicamente hablando, y ello hace pensar que los procesos judiciales que se van a iniciar en los próximos meses van a ser muchísimos”, algo que va a provocar que el sistema y su celeridad se vean bastante afectados.