GETAFE/Palabra de concejal (07/09/2020) – Como ya venimos reiterando, en diversas declaraciones, la COVID-19 ha demostrado la interdependencia humana para la sostenibilidad de la vida. El impacto de la pandemia ha ido desde los cuidados en el hogar, las residencias de mayores, el sistema hospitalario hasta la muerte en soledad. Por otra parte ha hundido nuestra principal vía de ingresos con la quiebra del empleo, el paro en Getafe alcanza 12.425 personas, acompañado de más de 1.500 ERTES en las empresas de nuestro municipio. La pobreza severa se sitúa en torno al 7 por ciento de la población. La suspensión de las clases presenciales fue sustituida por docencia virtual, convirtiendo a los progenitores en maestros/as privando a la infancia de la necesaria convivencia con el grupo de iguales. La falta de núcleos de apoyo, ha dificultado enormemente la conciliación familiar. Problemas que siguen vigentes tanto en el inicio de curso escolar como en las estadísticas sociosanitarias.
Pero las consecuencias de esa profunda y rápida herida no se han percibido por igual en todos los sectores sociales. Nos encontramos con hogares que tienen capacidades y recursos para hacerse las pruebas diagnósticas (PCR), están muy bien adaptadas a los cambios tecnológicos digitales para estar interconectados y vivir en red, disponen de viviendas adecuadas e incluso de jardín, cuentan con recursos para los cuidados y la conciliación familiar y no han visto disminuir sus ingresos.
La experiencia nos dice que, todas las crisis dejan víctimas, y habitualmente incrementan el espacio de la exclusión social. Hay un alto número de actividades económicas, como la construcción, la hostelería, la limpieza o algunos servicios, que no pueden ser sustituidas por el teletrabajo. Estas actividades, afectan especialmente a aquellos hogares que viven en la precariedad laboral, bien sea en la economía sumergida, o en situaciones de irregularidad administrativa (inmigrantes), personas que viven en habitaciones compartidas o no disponen de la titularidad del contrato de alquiler de la vivienda.
A este panorama de disminución de renta, incremento del desempleo, deficiencias en las condiciones de vivienda y privación material en el que sobreviven las personas en pobreza severa, se ha unido la burocracia y la lentitud de las administraciones públicas para hacer frente a la crisis sociosanitaria y llevar adelante las medidas y prestaciones decretadas: cobro de los ERTES, acceso al Ingreso Mínimo Vital (IMV), apoyo a los autonomos, etc. La crisis ha dejado al descubierto la insuficiencia de la Protección Social para responder con agilidad a las necesidades básicas de la vida cotidiana, aquellas que no tienen espera: alimentación, pago del alquiler y suministros de la vivienda, cuidados de la infancia y los mayores.
Hemos podido comprobar la rapidez, la propia flexibilidad de las asociaciones y su cercanía a las personas afectadas que daban una respuesta a las necesidades básicas. Así, una de cada tres personas en pobreza severa, según el informe FOESSA, se vieron obligadas a recurrir a familiares o amigos para conseguir alimentos, ropa u otros bienes básicos, o dinero para poder adquirirlos. Recordemos que las redes familiares o de amistad son la última riqueza que les queda a los hogares en esta situación. La familia y los amigos ayudan todo lo que pueden, hasta que ya no pueden más y se quiebran.
Desde el inicio del confinamiento, las redes de solidaridad y apoyo mutuo se han multiplicado en nuestros barrios. Las asociaciones calculan que una cuarta parte de los hogares se han visto obligados a pedir ayuda a ONG no lucrativas o religiosas. Asociaciones y entidades como Solidaridad y Esperanza, Cruz Roja, Caritas, Fundaciones, Asociación la Mano del Ángel, Parroquias, Asociaciones Vecinales, o Grupos de Solidaridad Horizontal, etc. Ello demuestra que en un primer momento, las ayudas han dependido en mayor o menor medida de redes, vínculos y espacios de proximidad vecinal.
Iniciativas de grupos de consumo, bancos de tiempo, comercio justo, de intercambio colaborativo, etc. Experiencias que vienen a sumarse a las reivindicaciones de la Plataforma de la Escuela Pública, las propuestas sindicales, los grupos ecologistas y feministas, etc. que de manera permanente fortalecen la trama asociativa.
Sin embargo, el tejido asociativo, no puede convertirse en una excusa para no exigir responsabilidades a las Administraciónes Públicas (Municipio, Comunidad Autónoma y Estado), como garantes de los derechos del conjunto de la ciudadanía y particularmente de los más vulnerables. Corresponde a las instituciones del Estado velar por el cumplimiento de los derechos constitucionales: Protección Social, Educación, Vivienda, Sanidad, Cuidados a la Dependencia, etc.
Corresponde al tejido asociativo, por su cercanía, además de una respuesta inmediata a esas necesidades sociales, dar a conocer y denunciar las carencias sociales que viven los hogares, la sensibilización sobre estas problemáticas que vienen siendo estructurales en la última década y el fomento de la participación ciudadana en favor de los derechos económicos y sociales.
Por otra parte conviene destacar que muchos de los problemas enumerados no son de carácter pasajero o coyuntural, nos estamos adentrando en situaciones estructurales de riesgo y por lo tanto requieren medidas a medio y largo plazo, entre otras: afrontar el envejecimiento, la dependencia, la pobreza infantil, la precariedad laboral, las soledades o la incertidumbre de la juventud hacia el futuro y, en general, el acceso a los servicios esenciales.
La reciente crisis de la pandemia es una oportunidad para desarrollar una nueva economía más atenta a los principios éticos y a una nueva regulación de la actividad financiera y redistribución de los recursos. Se trata de dar valor al servicio, a la economía real. El necesario cambio de modelo social de producción y consumo, que acometa una verdadera transición ecológica y digital, debe venir acompañado de una apuesta decidida por lo público, lo de todos y todas para no dejar a nadie al margen y fortalecer la cohesión social.