Asignatura pendiente: la pandemia

GETAFE/Todas las banderas rotas (02/09/2020) – En julio dejé apuntado que en septiembre deberíamos examinarnos de una serie de temas que quedaban pendientes y que, sin necesidad de ser profeta, intuía que iban a seguir estando de actualidad y sin resolver.

El primero de ellos, evidentemente, es el de la pandemia de Covid-19. Deberíamos estar ocupándonos de lo importante: cuál es la mejor manera de acabar con ella y, de forma concomitante, qué es lo que deberíamos hacer para conseguir ese objetivo. Pero ciertas fuerzas políticas, acompañadas de grupos mediáticos y de ciertos sectores  del poder económico, se han empeñado, desde el principio de la crisis sanitaria y de forma casi exclusiva, en aprovecharla para, en lugar de contribuir a acabar con ella, derribar al gobierno.

“Usted es el error absoluto…”; “Son ustedes un fraude y una calamidad que ha llenado España de féretros…”; “Usted es hijo de un terrorista, a esa aristocracia pertenece…”; “Cierre al salir, señoría…”; “El Gobierno mintió con los fallecidos, los expertos, los test y mascarillas. Y ahora lo hace con los rebrotes…”.

Estas y otras frases del mismo cariz, desgraciadamente, las hemos tenido que escuchar en el Parlamento español y, si pudiera, me gustaría preguntar a cada uno de sus autores en qué han contribuido con ellas a la lucha contra la Covid-19. Con casi medio millón de casos y cerca de 30.000 muertos cabría esperar que se acabara la pelea política e ideológica –mejor que no se hubiera iniciado-, que nos acercáramos a un consenso que dejara al margen los intereses partidistas. Pero no ha sido así. Media hora después de que el presidente del Gobierno pidiera, por enésima vez, que la pandemia dejara de ser materia de debate político, Pablo Casado declaraba ante las cámaras que si estábamos así era por tener a un gobierno incompetente.

Y, ante la posibilidad ofrecida de que las CCAA se pongan al timón –ese que multitud de cargos del PP repiten que ha sido abandonado por el gobierno central-, asumiendo la responsabilidad de adoptar las medidas que consideren necesarias para combatir la Covid-19 en sus territorios, muchos dirigentes de la derecha acusan al gobierno de dejación de funciones. Son los mismos que, cuando éste estableció el estado de alarma, se quejaron de que invadía las competencias autonómicas y ejercía un centralismo dictatorial. Ejemplo máximo de esto es la presidenta de la Comunidad de Madrid que en el mes de mayo declaró algo tan rimbombante y excesivo como lo siguiente: “Nos tienen rehenes y amordazados. Está habiendo un recorte de libertades. Se está intentando minar el diseño constitucional por la puerta de atrás, la unidad de España. Y sobre todo la igualdad ante la ley y la justicia”. En cambio, el pasado día 15 de agosto dijo: “necesitamos que el Gobierno central deje de estar ausente”. Lo curioso es que personajes como ella pretenden tener razón cuando dicen una cosa y la contraria… Por eso exige que el gobierno central tome medidas en el aeropuerto de Barajas porque, según el consejero de Sanidad, “es un coladero” aunque solo se hayan detectado cuatro casos en él. En cambio, el Metro de Madrid, de competencia exclusiva de la CAM, diariamente se ve saturado de público que no tiene posibilidad de cumplir la norma de distanciamiento.

Otro ejemplo. Desde el 15 de junio los gobiernos autonómicos disponían de unas directrices, aceptadas por 15 de los 17, para preparar la vuelta segura a las clases. Lógicamente, puesto que las competencias en educación están, como no han dejado de estarlo nunca, en las CCAA, eran estas las que debían preparar las medidas derivadas de dichas directrices. Hace unos días el Consejo Interterritorial de Salud –en el que están las 17 CCAA además del Ministerio de Sanidad- aprueba un documento que se parece mucho al anterior pero, claro, las comunidades gobernadas por el PP dicen que llega tarde porque el gobierno ha estado de vacaciones durante el mes de agosto… Que otros gobiernos hayan estado inactivos desde el 15 de junio, eso, ya tal…

Utilizar una pandemia para poner a todo el país en peligro, pensando únicamente en obtener réditos políticos, en mi opinión, debería ser perseguible judicialmente de oficio porque es, además de indigno, potencialmente delictivo.

Es muy triste, y habla muy negativamente de la calidad moral de nuestra clase política, que, en lugar de dar ejemplo de cohesión y consenso, una gran parte de ella se haya lanzado a degüello contra el gobierno en medio de una crisis tan grave. En el futuro los votantes, cuando llegue la ocasión de que ejerzan como tales, deberían recordar que Vox, CUP, PP, Compromís, BNG, Bildu, JxC, ERC, UPN o Foro Asturias, en algún momento del confinamiento, se abstuvieron o votaron en contra del estado de alarma, dando satisfacción así, no a lo que convenía para atajar las consecuencias negativas de la pandemia para los ciudadanos, sino en función de intereses puramente partidistas.

Las decisiones del gobierno se pueden y se deben criticar: algunas fueron un desastre, otras se ejecutaron tarde y mal, ha habido errores importantes, la comunicación y coordinación –sobre todo en los primeros tiempos- fue muy mala… Pero es innegable que actuaba con el exclusivo objetivo de parar la pandemia, de mejorar la salud de todos, incluso de los de las cacerolas y los insultos.

No cabe duda que en cuanto sea posible habrá que evaluar con mucha seriedad, acudiendo a expertos independientes, lo que se ha hecho y como lo han hecho todos los actores que han intervenido en esta crisis, que no se reducen al gobierno y a la oposición. Esa evaluación debería llegar a los medios de comunicación, algunos de los cuales deberían replantearse si están al servicio de la ciudadanía proporcionándole información veraz y contrastada, o bajo las órdenes de consorcios que representan intereses espurios. También a la forma en que determinados grupos económicos han copado los servicios sanitarios y sociales –particularmente los destinados a atender a los ancianos-, no para cuidar como se merecen a los usuarios de esos servicios, sino para obtener beneficios mediante, por una parte, el pago de la mínima cantidad posible de impuestos y, por otra, la reducción de los estándares de calidad de la atención a niveles que nos avergüenzan a todos los que tenemos un mínimo de sensibilidad.

Los poderes públicos habrán de tomar conciencia de que para proteger la salud de los ciudadanos no basta con montar hospitales que atiendan enfermos. Más bien han de plantear un giro del sistema sanitario orientándolo a los enfermos crónicos y a la eliminación de las causas ambientales y socioeconómicas que son las responsables de la mayoría de las enfermedades pasadas, actuales y futuras, centrándose en la prevención de las enfermedades, la promoción de la salud y la educación para la salud. En definitiva, en un claro reforzamiento de la salud pública y de la atención primaria hasta ahora ignoradas.

Me he referido en el párrafo anterior a los “poderes públicos” en general porque aquí no cabe escudarse en las competencias de cada administración. Todo lo que se refiere a la salud pública compete a la administración central, a las CCAA y a los ayuntamientos, bien es cierto que cada cual en diversa forma, intensidad y responsabilidad. Por eso es imprescindible también que los diversos ámbitos asistenciales –sanitario, social, atención a la dependencia, a los ancianos, a la niñez, etc.- se coordinen de manera efectiva mediante un sistema – que, en mi opinión, deberá estar centrado en el municipio como administración más cercana a los ciudadanos– que considere a las personas en su integralidad y complejidad, como un todo, y contemple a los problemas que les afectan de forma global, evitando así a los ciudadanos ir de una ventanilla a otra, repitiendo trámites con una carpeta llena de documentos para demostrar lo que ya ha demostrado en otra administración.

Ojalá la pandemia, después de todo el dolor que nos ha proporcionado, nos abra los ojos para reconocer cuales son los verdaderos problemas que tenemos y las soluciones que están a nuestro alcance.