Asignatura pendiente: el sistema sanitario

GETAFE/Todas las banderas rotas (30/09/2020) – Hubo un tiempo en que los españoles presumíamos, con razón, de tener uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo. Pero en este tiempo eso ya no se puede mantener. Y no me refiero al tiempo de la Covid-19, porque ésta ha servido, como ya apunté en otro artículo, para destapar problemas y carencias que venían gestándose mucho antes. Como digo, la culpable de las carencias y problemas del sistema sanitario español no es la pandemia, sino las políticas desarrolladas para atender la salud de los españoles desde hace diez años por el gobierno central, y mucho antes por algunos gobiernos autonómicos, políticas dirigidas a la privatización de los medios públicos.

Seguro que serán muchos los que, como yo, recuerden aquello que decía Esperanza Aguirre al defender las bondades de la sanidad privatizada: al enfermo lo que le importa es que le curen, no si el médico lleva la bata blanca o verde. La frase no es literalmente exacta pero sí su significado e intención: lo que realmente nos decía la entonces presidenta de la CAM, es que no importa quién se lleve el dinero que pagamos con nuestros impuestos para tener una sanidad pública de calidad; tampoco importa si nos cuesta más o menos; ni siquiera importa si los medios y los profesionales son los mejores, o que éstos estén mejor o peor pagados…, lo que importa –lo que les importa a ella y a los que como ella representan al neoliberalismo- es que empresas sin ninguna experiencia en el sector sanitario apoyadas en fondos buitre multinacionales, hagan negocio con la salud de los españoles, paguen lo mínimo en impuestos y repartan beneficios con ellos. Pero lo cierto es que no hay evidencia de que las diversas modalidades de privatización puestas en práctica por el PP hayan gestionado mejor la sanidad pública, tal como presumían, más bien al contrario; no es esta una afirmación gratuita, solo hay que acordarse del “modelo Alzira”.

Llegamos a la situación actual en que, debido a la pandemia, el sistema sanitario público está siendo sometido a una enorme presión cuando, debido a las políticas de privatización y recortes instauradas por el PP, se encuentra enormemente debilitado.

Esa situación, muy especialmente en la Comunidad de Madrid, se manifiesta en la escasez de médicos y enfermeras, mal pagados, con contratos basura y condiciones laborales muy precarias, igual que el resto del personal sanitario y no sanitario. La asistencia está centrada en los hospitales en lugar de en la atención primaria que, en estos últimos años, ha sido abandonada. Desde los tiempos de Esperanza Aguirre, se cerraron o privatizaron gran cantidad de camas, hospitales, centros y servicios sanitarios públicos y se multiplicaron los recursos económicos públicos destinados a la sanidad privada mientras se redujeron drásticamente en la pública. Todo el esfuerzo que el sistema sanitario ha de soportar por la pandemia recae en la sanidad pública ya que, a pesar de que la Comunidad tiene la autoridad de recurrir a los centros y hospitales privados para que atiendan a pacientes de Covid 19, solo el 4,4% de las camas de esos centros están ocupadas por dichos pacientes. Actualmente, debido a la falta de contratación del personal sanitario necesario, se mantienen cerrados muchos Centros de Salud.

De toda esta situación caótica quiero destacar una de las medidas adoptadas por las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid que está resultando enormemente lesiva, por un lado, al derecho a la atención sanitaria que tienen los ciudadanos y, por otra, a su salud puesto que se agravan determinados procesos patológicos al ser atendidos tarde o, incluso, nunca, aumentando así la gravedad de esos enfermos y la lista de muertos. Me refiero a la implantación de la atención telefónica para cualquier solicitud, bien sea de información, para cuestiones administrativas o para la propia atención profesional por parte de médicos o enfermeras impidiendo que dicha atención sea presencial. Esta medida presenta varios problemas que quiero detallar.

El principal es que la atención médico/paciente (o enfermera/paciente) se deteriora gravemente, pierde la característica absolutamente necesaria de la visión directa que sirve al profesional para un mejor conocimiento del problema de salud que el paciente le plantea, y a este le proporciona la cercanía necesaria para generar la confianza, absolutamente imprescindible, en el profesional que le atiende; por tanto, la precisión del diagnóstico y el tratamiento se resiente y, en consecuencia, la calidad de la atención empeora.

Por otra parte, la Comunidad no ha aumentado líneas telefónicas y otros recursos técnicos ni ha provisto al servicio del personal necesario para que funcione correctamente, lo que provoca que a los usuarios les resulte casi imposible establecer el contacto para que su solicitud sea atendida… No quiero pensar que sea precisamente eso lo que se pretenda.

Finalmente, es legítimo sospechar que sea un paso más en la privatización de servicios en el ámbito sanitario. Como escribí recientemente, si no conseguimos impedirlo, es muy posible que en un futuro cercano, cuando llamemos para hacer cualquier solicitud, seamos atendidos por un call center establecido en un país del tercer mundo donde los trabajadores recibirán salarios de miseria pero, eso sí, la empresa privada de la que dependa obtendrá grandes beneficios que no cotizarán en España.

Si algo deberíamos aprender de esta crisis –que no solo es sanitaria y económica, sino también social y de valores- es que si no defendemos lo público como algo que es de todos y, por tanto, de cada uno de nosotros, estaremos abocados a una sociedad egoísta, insolidaria y dominada por el poder económico en la cual los ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. Y en la que, entre otras cosas, el sistema sanitario público desaparecerá.

Son muchas las cosas que habría que hacer para revitalizar nuestro sistema sanitario y hacer que recupere su prestigio –actualmente solo mantenido por el esfuerzo de sus trabajadores-, y no cabría en un artículo la relación de todas ellas por lo que me referiré solo a lo que, a mi modo de ver, es prioritario.

Primero, hay que invertir significativamente en él, principalmente en salud pública y en atención primaria, teniendo claro que al incluir ese gasto en el presupuesto se trata de una inversión y no de un gasto, como ocurre con cualquier otro servicio público.

Después, volver la vista a la Ley General de Sanidad impulsada por el malogrado Ernest Lluch en 1986 que es la que institucionalizó la asistencia sanitaria universal y creó el Sistema Nacional de Salud existente, porque, si bien es cierto, como sostienen muchos -y yo comparto- que esta Ley ha de ser revisada y puesta al día, hay en ella aspectos capitales que, o no se han puesto en marcha nunca o se han eliminado en la práctica y que se deberían recuperar. Entre los primeros está el Centro Estatal de Salud Pública cuya creación estaba prevista en el artículo 47 de esa ley pero que nunca llegó a ver la luz; es muy probable que, de haber existido ese organismo, hubiera sido muy distinto el enfoque que se hubiera dado a la lucha contra esta pandemia y otras anteriores, así como las que, inevitablemente, están por venir; y sostengo que ahora estaríamos en una situación mucho mejor… siempre, claro está, que se le hubieran dado los medios y las competencias necesarias.

Entre los segundos, está la creación de los Consejos de Salud que, según el artículo 53, se constituyeron en cada área de salud pero que fueron paulatinamente perdiendo fuerza y, en cuanto pudo, el PP los dejó inoperativos. Es necesario de todo punto revitalizarlos a todos los niveles para hacer posible que la participación ciudadana en el sistema sanitario público se convierta en lo que realmente es cuando funciona, es decir, cuando las instituciones no la invocan propagandísticamente, sino que creen de verdad en su necesidad e importancia: la sangre que corre por las venas del sistema y le da vida, tanto si hablamos del ámbito estatal, del autonómico o del municipal.