Sobre el Ingreso Mínimo Vital

GETAFE/Palabra de concejal (06/07/2020) – El gobierno ha pasado tres meses sin tomar ninguna medida para proteger la economía (no ha pagado los ERTE, ha atacado al turismo, ha cobrado la cuota de autónomos…). Han empobrecido a los españoles a propósito, para después erigirse en sus salvadores con la aprobación de esta renta mínima.

Sánchez e Iglesias han preferido salvaguardar su bienestar frente al de los españoles. Por eso riegan de millones de euros a los medios afines, mientras continúan sin pagar las prestaciones por ERTE a más de 900.000 trabajadores. Publicitan rentas mínimas mientras continúan disparando el gasto político. El Gobierno de Pedro Sánchez es el más caro de la historia democrática y han aprovechado el virus chino, para continuar aumentando el número de cargos públicos elegidos por el Ejecutivo.

Desde el comienzo de esta crisis, VOX ha pedido al Gobierno que no deje solos a los ciudadanos. En el Congreso les hemos pedido una y otra vez, que pagaran las nóminas a todos los empleados y autónomos durante tres meses, para evitar que perdieran sus trabajos, para que no dejara de haber liquidez en el mercado y para minimizar el daño irreparable a tantas empresas.  Una medida que numerosos países de nuestro entorno, (Reino Unido, Alemania, Estados Unidos o Canadá) ya han aprobado.

Los españoles no quieren depender de las ayudas del estado para salir adelante. Necesitan puestos de trabajo bien remunerados, justo lo contrario de lo que ofrecen PSOE-Podemos.

VOX no está en contra de que, los españoles más necesitados, perciban una renta mínima de subsistencia, para poder cubrir las necesidades más básicas. Pero esta medida debe garantizar la igualdad entre los españoles.

Es necesario tener en cuenta, que el impacto del IMV sobre las cuentas públicas, será considerable. Desconocemos de dónde va a sacar este gobierno los más de 3.000 millones de euros, para financiar el Ingreso Mínimo Vital.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF), cuando era presidida por el actual Ministro de Seguridad Social, señaló en un informe que el IMV debería establecerse en el marco de un plan de consolidación presupuestaria, que impulse una reducción de la deuda del sector público. Sin esta reducción de deuda, la implantación de una nueva prestación estructural, es irresponsable.

Transmite a empresarios, empleadores, trabajadores, e inversores, así como a las instituciones comunitarias, una señal evidente: el Estado profundiza en la senda que conduce de manera inevitable a su insolvencia y, por tanto, a un colapso de sus finanzas. Es evidente que el Gobierno no contempla en absoluto esa restricción, que el propio ministro consideró antes imprescindible.

El IMV no puede ser perpetuo. La izquierda crea esta renta mínima permanente que desincentivará la búsqueda y obtención activa de empleo y cronificará la pobreza.

Sánchez e Iglesias ya chantajearon a los españoles con el pago de las prestaciones por ERTE durante una votación por la prórroga del Estado de Alarma. Estamos seguros de que no tendrán reparos en hacerlo de nuevo, una vez los españoles sean dependientes con esta renta mínima permanente.

Ejemplo: en el citado informe de la AIREF, se considera poco dependientes a quienes se acogen a esas ayudas una sola vez y por un tiempo inferior a 183 días; intermitentes cuando lo hacen en más de una ocasión, pero un número de días inferior a los 183 y crónicos cuando hay al menos un episodio de más de 183 días. El porcentaje de hogares de menor a mayor dependencia en España es del 23 por 100, del 29 por 100 y del 48 por 100 respectivamente. Es decir, casi la mitad de quienes reciben rentas mínimas están enganchados a ellas y un tercio adicional las utiliza con frecuencia.

Combatir la pobreza es y ha de ser un objetivo prioritario. En VOX consideramos que la manera más justa de hacerlo no es condenar al español a vivir de la renta pública, sino garantizar el ejercicio del derecho y deber al trabajo.

La mejor política social es la que promueve el empleo y da libertad a los empresarios para emprender.

En la actualidad hay alrededor de 11 programas nacionales de rentas mínimas y 17 autonómicos.

Antes de comenzar la Crisis del Coronavirus de Wuhan, 1,1 millones de hogares españoles recibían ese tipo de subsidios con un coste para las arcas públicas de más de 7.200 millones de euros/año, y en 2010 llegó a 22.000 millones de euros.

Es vital que el Gobierno clarifique si el IMV reemplazará o no a las actuales prestaciones asistenciales. No parece que estemos ante un problema de insuficiencia de recursos, sino ante un mal diseño y distribución de los recursos existentes.

Al introducir un IMV, el resto de los programas de rentas mínimas ha de ser eliminado y su gestión e implantación debería tener un riguroso control por parte de la Administración del Estado.

Debe tenerse en cuenta la perspectiva de familia y la perspectiva nacional. Un IMV indiscriminado producirá (ya está produciendo) un efecto llamada a la inmigración ilegal inmediato y catastrófico. No tiene ningún sentido, que pueda ser beneficiario, cualquier inmigrante ilegal que sea víctima de trata de seres humanos, porque eso es como decir que van a ser beneficiarios todos los inmigrantes que llegan en patera a nuestras costas. Porque todos ellos son víctimas, víctimas de tráfico y víctimas de trata, y lo son porque están en una situación de vulnerabilidad terrible, ¿o es que cuando una madre se mete en una patera con un bebé arriesgando su vida y la de su hijo, después de haber pagado un dinero que no tiene a las mafias de tráfico, dinero que probablemente esas mismas mafias le han prestado, a saber a cambio de qué, y con qué intereses, no es ya, aunque solo sea moralmente, una víctima de trata? Recordar que todos los países desarrollados tenemos la obligación legal y moral de ayudar a los países más pobres, tenemos la obligación de crear condiciones económicas y comerciales justas para que puedan salir de la pobreza, tenemos el deber de ayudarles en su lugar de origen, para que no se vean obligados a dejarlo todo, a venderse a las mafias y a arriesgar sus vidas en el trayecto.

No es admisible un programa de ayudas sociales que equipare al inmigrante ilegal con un empresario autónomo que ha tenido que cerrar su bar, despedir a sus dos trabajadores, que asume una deuda bancaria o con la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) y la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) y que al final se ve obligado a pedir esta ayuda social, como consecuencia de la falta de adopción de medidas económicas anticipatorias.

Las ayudas han de ser temporales, condicionales y concentrarse en quienes realmente lo necesitan. El Gobierno las plantea de facto, como un gigantesco Price Earning Ratio (PER), o relación Precio-Beneficio, destinado a comprar votos.

A todos nos preocupan las personas que sufren en cualquier rincón del planeta, por cualquier circunstancia, todos tenemos corazón, sentido de la justicia y conciencia. Ojalá estuviera en nuestras manos poder salvar el mundo, pero no es así… nosotros somos concejales, y estamos aquí con el mandato claro de velar por el bienestar de nuestros vecinos.