GETAFE/Todas las banderas rotas (30/07/2020) – En septiembre deberemos examinarnos –todos, pero principalmente los políticos- sobre muchos asuntos que tenemos pendientes. Vayan aquí un par de ellos.
El primero no admite esperas ni paños calientes: el tratamiento que toda la sociedad ha dado y ha de dar a los ancianos. Hay mucho que decir sobre el respeto y la consideración que se les debe en todos los ámbitos y no se les da, y con ocasión de esta crisis sanitaria, ha explotado en las residencias. Tanto las Administraciones como todo tipo de analistas y comentadores, han puesto el foco en mejorar las residencias, lo que incluiría la medicalización de las mismas. Para muchos, sobre todo, para muchos políticos con responsabilidad en el asunto, esto sería suficiente para resolver todos los problemas que tienen “nuestros mayores”, tal como ellos los nombran cuando se refieren a esas personas con una absoluta falta de respeto.
Al modo lampedusiano, los que así actúan solo pretenden que cambie algo para que todo siga igual; parten de la más absoluta falta de respeto hacia las personas que deben utilizar los servicios porque, en ningún momento, demuestran que les importe lo que esas personas quieran o necesiten. Ellos, los expertos, los “responsables” de las instituciones, dicen que saben mejor que nadie lo que les conviene. Y eso se ha evidenciado, a causa de la pandemia, en la gestión de las residencias que las administraciones han dejado en manos de “fondos buitre” con sede en paraísos fiscales que, como es propio de ellos, solo tienen por objetivo ganar dinero, cuanto más mejor, a costa de los ancianos; en ningún caso, su salud y su bienestar.
Otro ejemplo de desconsideración sería la forma en que la sociedad desprecia el saber y la experiencia de los que, hasta el mismo día de su jubilación, han ocupado puestos de mayor o menor responsabilidad, han cumplido en su puesto de trabajo muchas veces más allá de lo que era exigible y, en consecuencia, han contribuido decisivamente a la construcción de la sociedad en la que vivimos. Sociedad que tiene muchos defectos y en la que todavía hay mucho que mejorar, pero que, sin ninguna duda, y a pesar de los que, con más o menos razón, critican la transición que los viejos de hoy hicieron a finales de los años setenta del siglo pasado, es mucho mejor que la dictadura que ellos sufrieron. Y aún tienen mucho que dar… si hay quien quiera recibirlo.
En resumen, las personas que tienen ya una edad que algunos llaman “tercera”, merecen el respeto de los que todavía no han llegado a ella, por muchas razones, no solo porque han sido los que más duramente han sufrido la pandemia.
El otro asunto al que quiero referirme es el estado en que ha quedado nuestro alabado sistema sanitario y, sobre todo, de lo que va a ser de él. No soy amigo de buscar culpables, pero en esto hay que ser muy claro: los que se han dedicado durante años, desde el poder autonómico y el estatal, a destrozarlo y entregarlo a bajo precio a empresas privadas y fondos de inversión extranjeros para enriquecer a sus amigos, no deberían tener ahora la desvergüenza de presentarse como sus “rescatadores”. No podemos permitir que nos engañen otra vez.
La Covid-19 ha tensionado el sistema sanitario hasta el punto de evidenciar algunas de las carencias ocasionadas por la política de privatización y los recortes llevados a cabo por el PP. Antes de la pandemia ya había listas enormes de espera quirúrgica, retrasos en la atención primaria y especializada, saturación en las urgencias hospitalarias… Pero la crisis pandémica ha agudizado todos esos problemas y ha añadido otros. No ha sido el más importante la carencia de determinados materiales (mascarillas, EPIs, respiradores…), que ha afectado a todos los países; lo que ha puesto al borde del colapso al sistema ha sido la escasez de personal de todas las categorías provocada por la política del PP de no cubrir las plazas que iban quedando vacantes por jubilación u otras razones, más que en una mínima parte, además de reducir los presupuestos que debía destinar a la sanidad pública mientras aumentaba las subvenciones y ayudas a la privada. De aquellos polvos, estos lodos.
El caso es que ahora todo sigue igual: no se contratan, pese a las promesas, los rastreadores necesarios… Bueno, sí, el Gobierno madrileño ha adjudicado por la vía de urgencia y sin publicidad el servicio telefónico de rastreo a Telefónica e Indra por 421.000 euros (Portal de la Contratación Pública). Mientras, la CAM ha hecho un “convenio con la Provincia Eclesiástica de Madrid para la asistencia religiosa católica en los centros hospitalarios” (BOCM 176 de 22 de julio de 2020) que asigna un religioso por cada 100 camas, con un coste total de 937.187 euros. Sin comentarios.
Lo que no afronta la Comunidad de Madrid es la necesidad de robustecer su estructura de salud pública con medios técnicos y personal bien formado, verdadera necesidad porque son muchos los especialistas que observan los datos que da la Consejería de Sanidad y no se los creen.
Pero hay que detenerse en lo que está ocurriendo en los Centros de Salud, muchos de ellos cerrados y otros funcionando solo telefónicamente. Todas las autoridades se llenan la boca proclamando lo importante que es, ahora, la Atención Primaria. Pero desde que la Conferencia de Alma Ata, celebrada por la OMS en el ya lejano 1978, proclamó que la Atención Primaria es la estrategia idónea para procurar una mejor salud a todos los pueblos, los trabajadores de la salud ya lo sabían… y los políticos lo han olvidado.
Si la Atención Primaria tiene personal suficiente, está bien dotada de medios y su organización es eficiente, se reduce la presión de la atención especializada y hospitalaria, especialmente en las urgencias, y todo ello produce dos efectos magníficos: los usuarios reciben una atención más rápida y de mejor calidad y las administraciones ven reducidos los costes de forma muy considerable; puesto que no se ve intención de reformar la Atención Primaria en ese sentido, habrá que concluir que no tienen interés en obtener esos efectos. Deberían explicar que es lo que realmente quieren conseguir y a favor de quien.
La única reforma visible que han llevado a cabo es la implantación de la atención telefónica. Estaría muy bien si se enfocara a resolver pequeños problemas, dudas o asuntos administrativos pero, de ninguna manera, para sustituir a la atención médica o de enfermería directa, presencial, cara a cara entre el paciente y el profesional. Dicen que es provisional, pero parece que se va a quedar, supongo –quizá soy muy mal pensado- que porque han calculado que ahorra personal y, sobre todo, porque, como fomentará el descontento, se abrirá otra puerta por donde más personas pasarán de ser usuarios de la sanidad pública a ser clientes de la sanidad privada.
Los ciudadanos, todos, deberíamos plantarnos y no aceptar esto de ninguna manera. Porque no es una cuestión de izquierdas o derechas, no beneficia a los votantes de un partido u otro, perjudica a todos, porque la salud es un derecho y, por tanto, no debe ser objeto de negocio. Quizá, no tardando, si dejamos que esto pase, cuando pidamos cita –por teléfono, claro- a nuestro Centro de Salud, nos respondan desde un call center ubicado en Marruecos o Perú que, naturalmente, estará gestionado por una empresa filial de una gran multinacional con sede fiscal en Bahamas.
Podría haber tratado de los chanchullos, negocios y fraudes cometidos –todo ello presuntamente, claro- por la Monarquía. O del papel que han jugado determinados partidos políticos durante la crisis sanitaria, que se han ocupado, de manera casi exclusiva, en aprovechar la ocasión para derribar al gobierno en lugar de apoyar la lucha contra la pandemia. También daría mucho juego analizar el intento de la Iglesia Católica de sustituir al Estado organizando un funeral católico -por tanto, para unos pocos- que eclipsara el homenaje oficial, civil, laico y para todos.
Acaba el curso en medio de la pandemia de Covid-19 –que, además, parece que está repuntando-, y pendientes de resolver a partir de septiembre toda esa serie de asuntos y otros muchos. Por eso, en septiembre hemos de estar muy atentos para responder contundentemente a lo que se nos viene encima, de manera que la inmensa mayoría aprobemos y suspendan los egoístas e insolidarios.
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