De rastreadores, mascarillas y pasaportes sanitarios

GETAFE/Todas las banderas rotas (31/07/2020) – Nada más acabar de escribir el artículo titulado “En septiembre habrá examen”, me llega la noticia de que la Comunidad Autónoma de Madrid (CAM) ha adoptado una “Estrategia frente al Covid-19 para que Madrid no se pare”. Quiero comentar alguna de esas medidas.

Los siguientes datos se han publicado en la prensa y no los ha desmentido nadie: A mediados de mayo el gobierno de la CAM anunció que iba a contratar a 400 técnicos de Salud Pública que harán funciones de «rastreadores»; a principios de junio la Consejería de Sanidad dijo que serían 175 los rastreadores que contrataría; el pasado jueves el Consejero de Salud explicó que había 182 personas dedicadas al seguimiento del virus. El día 24 de julio, un portavoz del SATSE (sindicato de Enfermería) declaró “[la semana pasada] la Dirección General de Salud Pública nos trasmitió que contamos con 136 rastreadores, lo que deja a la capital con el 12% de lo que necesita”. “Hay un rastreador por cada 51.000 personas. Es imposible hacer un rastreo adecuado, no se pueden estar detectando todos los casos”. “Los rastreadores que tenemos en Madrid son los que hay en un solo barrio de Alemania”.

Finalmente, para cerrar este círculo de despropósitos, la Estrategia citada dice que “se duplicará el número de rastreadores disponible hasta alcanzar los 360”, lo que confirma que son alrededor de 130 el número de rastreadores que hoy hay en Madrid (aunque en el documento que comento se dice que, actualmente, son 182). Aunque se doble –lo que está por ver- lo que debemos preguntarnos es cuantos son los rastreadores que Madrid necesita y la respuesta es, de acuerdo con las estimaciones de la mayoría de los expertos, entre 1.100 y 1.400. Claramente, 360 son muy pocos.

Los datos anteriores nos hablan, primero, de un caos no solo organizativo, yo diría que es un caos mental padecido por los que tienen la responsabilidad de la toma de decisiones en Madrid. Y, en segundo lugar, de la absoluta desproporción entre las necesidades en materia de rastreadores, pieza fundamental de cualquier estrategia que pretenda hacer frente con éxito a esta fase de rebrotes, y las previsiones de las autoridades sanitarias madrileñas.

Paso a la segunda medida que quiero comentar. La Estrategia de la que vengo hablando establece que “se amplía el uso de la mascarilla obligatoria en todas las circunstancias, sin que ésta pueda tener válvula”. Transcribo lo que la Organización Mundial de la Salud (OMS) explica en su página web respecto al uso de las mascarillas:

Los responsables de la toma de decisiones a nivel nacional también pueden optar por recomendar el uso de mascarillas médicas por ciertas personas adoptando un enfoque basado en los riesgos. Este enfoque toma en consideración el propósito de la mascarilla, el riesgo de exposición y la vulnerabilidad del portador de la mascarilla, el entorno, la viabilidad de su uso y los tipos de mascarillas.

Recuerde que las mascarillas no sustituyen otras formas más eficaces de protegerse a sí mismo y a los demás contra la COVID‑19, como lavarse las manos con frecuencia, cubrirse la boca con el codo flexionado o con un pañuelo y mantener una distancia de al menos un metro con los demás.

Ya sé que hay quien no considera fiable a la OMS, por ejemplo, personajes tan dignos  de confianza como Trump, Bolsonaro o los dirigentes de Vox. Pero, hecha esta salvedad, a los que sí crean que pueden fiarse de esa organización les pido que presten atención a una frase del texto anterior: “Recuerde que las mascarillas no sustituyen otras formas más eficaces de protegerse a sí mismo y a los demás contra la COVID‑19”. Sostengo que imponer la mascarilla en todo lugar es una medida política tomada por políticos, por razones políticas, en ningún caso se toma por consejo o recomendación de los expertos de salud pública porque hay otros países, como Dinamarca por ejemplo, que no han impuesto el uso de la mascarilla en espacios abiertos.

La presidenta Díaz Ayuso también ha anunciado la posible creación de una cartilla donde anotar datos sanitarios tales como “si la persona ha pasado la epidemia (sic), tiene anticuerpos, se ha hecho PCR o ha tenido acceso a otras pruebas”. Y, además, la ínclita presidenta dice que “es un modelo que debería exportar España y (sic) otros países”. De verdad, no me lo invento, figura exactamente así en la nota de prensa oficial de la CAM. Dejemos a un lado los errores de redacción que denotan una falta de cuidado y profesionalidad del servicio de comunicación de la CAM y centrémonos en el fondo de esta propuesta.

Desde el punto de vista técnico se debe tener en cuenta que ningún experto en ninguna parte del mundo defiende una idea similar; por algo será. Desde el punto de vista legal ya han sido muchos los que han puesto en duda que pueda encontrar soporte en la Constitución y en las leyes. Desde el punto de vista ético no es admisible porque el riesgo de que sirva para discriminar a unos ciudadanos de otros es altísimo. Y esto es así aunque el vicepresidente de la Comunidad haya salido enseguida a intentar apagar el incendio y haya desmentido a la presidenta, porque frente a las palabras de este, está el texto publicado en la nota de prensa oficial de la CAM a la que me remito otra vez: “esta cartilla ayudaría a evitar confinamientos, acceder con seguridad a establecimientos como los gimnasios, un sector muy preocupado en estos momentos, a museos, a cines y, en general, a cualquier recinto cerrado”.

Mi conclusión es que estamos ante un nuevo acto de lo que podríamos llamar populismo sanitario. Porque la señora Ayuso lo que realmente pretende es hacer política partidaria apoyándose en la justificada angustia y preocupación de la gente, y lo hace proponiendo soluciones simples a problemas complejos que es lo que define al populismo: que otros –casi todas las CCAA- imponen la mascarilla en cualquier lugar, con razón o sin ella, pues Ayuso también… y además dos huevos duros, el pasaporte sanitario.

Sostengo que, una vez terminada la pelea con el gobierno al que ya no se puede acusar de centralismo o de atacar las libertades por establecer el confinamiento, ahora que la responsabilidad total está en los presidentes/as de las CCAA y se está viendo que la situación empeora, que no era cierto que desde las autonomías se podía hacer mejor, que las dificultades son enormes. Personas como Díaz Ayuso, paradigma del populismo y, por otra parte, pésimamente asesorada, considera que lo que le conviene – a ella y a sus intereses políticos- es desviar la atención de la gente y hacerla creer que lo que hace es lo que tendría que haber hecho el gobierno central, que ella sí se preocupa de verdad por los ciudadanos adoptando las medidas que son realmente eficaces, etc.

Pero solo hay que leer el título de su Estrategia para darse cuenta de lo que esconde, de lo que realmente pretende: “Estrategia frente al COVID-19 para que Madrid no se pare”, lo que persigue no es acabar con la pandemia, mejorar la salud de los madrileños, sino “que Madrid no se pare”, es decir, que la economía prospere, que los negocios funcionen… Y eso está muy bien, es necesario, el problema es el orden de prioridades que cada cual establezca: ¿primero la economía y luego la salud? ¿O al revés?

A mí me parece que no habrá economía próspera ni negocios que funcionen sobre la base de una pandemia cronificada que siga produciendo muertos y enfermos durante meses o quizá años.Que lo sensato y razonable es centrarse en cortar el paso al virus lo antes posible con medidas que, para algunos, puedan resultar duras pero que serán eficaces para la mayoría. En lugar de imponer la mascarilla en espacios abiertos donde se pueda mantener la distancia de seguridad, en lugar de inventarse un pasaporte sanitario discriminatorio, mano dura, muy dura, con multas realmente disuasorias, a las fiestas, botellones y reuniones clandestinas; refuerzo de la vigilancia policial a los locales de ocio nocturno que se salten las normas y sanciones ejemplares a quienes lo merezcan. Aunque, claro, resultará impopular y, si es lesivo para los negocios, deberán establecerse ayudas para ellos, las mismas que exigían al gobierno central.

Porque está bien confiar en que la mayoría de los ciudadanos se comportan correctamente, pero ya pasó el momento de hacer solo eso: por justicia, es decir, por respeto a los que cumplen, y por eficacia, esto es, para vencer al virus, los responsables políticos –por ejemplo, la señora Díaz Ayuso- han de dejar a un lado sus intereses partidarios e, incluso personales, y preocuparse por los ciudadanos.