Asuntos de la Casa Real

GETAFE/Todas las banderas rotas (15/07/2020) – El banco suizo Mirabaud abrió el 6 de agosto de 2008 una cuenta a nombre de la Fundación Lucum de Panamá –que había sido creada el 31 de julio del mismo año por Dante Canonica y Arturo Fasana, asesores de Juan Carlos I-  y en el documento de apertura, como persona de contacto o responsable, figuraba “Borbón y Borbón, Juan Carlos”, de profesión “Rey” y, como domicilio, “Palacio de la Zarzuela. Madrid”.

Al día siguiente esa cuenta recibió un ingreso de 100 millones de dólares (64.884.405 euros al cambio de la época) procedentes de Arabia Saudí. El fiscal suizo Yves Bertossa hace tiempo que investiga si ese dinero puede ser parte de una comisión por la mediación del rey emérito (en esa fecha rey a todos los efectos) en la obtención del contrato del AVE a La Meca por parte de empresas españolas. Poco antes de ingresar en su cuenta la trasferencia de 100 millones de dólares, Juan Carlos había concedido la máxima distinción honorífica que puede conceder un rey español, el Toisón de oro, al rey saudí Abdulá, blanqueando internacionalmente de esta manera a su régimen corrupto y nada democrático. Favor por favor y, en fin, pago de favores.

La cuenta de la que hablamos tuvo movimientos frecuentes desde su apertura hasta 2012, casualmente el año en que sucedió el asunto de la cacería de elefantes y la enésima caída y rotura de huesos de Juan Carlos en Botswana. Dichos movimientos consistieron en retiradas de efectivo por un importe medio de unos 100.000 euros mensuales destinados a satisfacer gastos personales no declarados de toda la familia real. También consta una trasferencia de 1,9 millones de dólares (aproximadamente 1,4 millones de euros al cambio de entonces) cuyo ordenante era el sultán de Bahrein.

Lo escrito hasta aquí esta publicado y respaldado por documentos del banco -en alguno de los cuales consta la firma del propio rey emérito- y que han sido remitidos por la Fiscalía suiza a la española.

Todo lo relatado ocurrió mientras el desempleo -que durante 2007 estaba en 1,76 millones de personas (7,95% de la población activa)- llegó, en el primer trimestre de 2013, a más de 6.200.000, un 27,16%. Este es sólo un dato, muy sangrante, de la crisis que soportábamos todos los españoles mientras el Jefe del Estado de entonces, el hoy rey emérito Juan Carlos de Borbón, cobraba 271.752 euros brutos anuales (año 2012) de las arcas públicas y, como no le llegaba para cubrir sus gastos, 1.200.000 más aproximadamente de la cuenta suiza que no tributaba a la Hacienda pública española.

Y mientras todo esto ocurría, en diciembre de 2011, en uno de los momentos más duros de la crisis, el entonces Rey y Jefe del Estado Juan Carlos I, la misma persona que entonces estaba defraudando a todos los españoles, en su discurso de Navidad de 2011, tenía la desfachatez de decirnos, entre otras cosas, lo siguiente:

“Sé, sabemos todos, que el camino de la recuperación (…) exigirá sacrificios”. “Por eso resulta tan importante que la sociedad en su conjunto asuma la trascendencia del momento y sepa responder (…) con mucha generosidad, con mucha solidaridad hacia quienes por sus circunstancias económicas o familiares son más vulnerables”. “Junto a la crisis económica, me preocupa también enormemente la desconfianza que parece estar extendiéndose en algunos sectores de la opinión pública respecto a la credibilidad y prestigio de algunas de nuestras instituciones. Necesitamos rigor, seriedad y ejemplaridad en todos los sentidos. Todos, sobre todo las personas con responsabilidades públicas, tenemos el deber de observar un comportamiento adecuado, un comportamiento ejemplar”. “Cuando se producen conductas irregulares que no se ajustan a la legalidad o a la ética, es natural que la sociedad reaccione. Afortunadamente vivimos en un Estado de Derecho, y cualquier actuación censurable deberá ser juzgada y sancionada con arreglo a la ley. La justicia es igual para todos”.

Resulta muy difícil hacer comentarios de manera serena sobre estos hechos. Supongo que habrá muchos que se sientan indignados, dolidos, engañados… Lo comprendo y lo comparto. Pero sabemos que también hay quien considera que esas actuaciones del rey emérito tienen justificación y no deben ser juzgadas porque hay valores superiores –el respeto a la monarquía, la defensa de la “razón de Estado”, qué sé yo…- que han de salvaguardarse. A estos últimos me gustaría dirigirme.

Sacrificios, generosidad, solidaridad, rigor, seriedad, ejemplaridad, comportamiento ejemplar… ¿Qué autoridad moral tiene para pedir todo eso “a la sociedad en su conjunto” quien, teniendo medios para ejercer dichas virtudes y ocupando un cargo que le obliga a hacerlo, practica exactamente lo contrario? Juan Carlos dice que le preocupa “enormemente la desconfianza que parece estar extendiéndose en algunos sectores de la opinión pública respecto a la credibilidad y prestigio de algunas de nuestras instituciones”; eso lo decía en 2011, ¿le preocupa ahora, cuando hemos sabido cómo actuaba entonces, el desprestigio con que ha cubierto a la monarquía, la  institución a la que todavía representa? Si el propio Juan Carlos, cuando aún era rey, afirmaba que, puesto que vivimos en un Estado de derecho, “cualquier actuación censurable deberá ser juzgada y sancionada con arreglo a la ley. La justicia es igual para todos”, ¿no creen sus seguidores que en ese “todos” está incluido él mismo?

Quizá entre los monárquicos haya quien siga pensando que la monarquía es de derecho divino, tal como creían en la Edad Media y como el propio Franco se consideraba caudillo “por la gracia de Dios”; no sé si lo piensan también el rey emérito y Felipe VI. Si es así, habría que decirles que la legitimidad de esta monarquía deriva, exclusivamente, de la Constitución Española de 1978 y, por tanto, de la voluntad de los ciudadanos españoles que, si los partidos políticos lo permitieran, podrían decidir si quieren seguir manteniéndola o no.

Los monárquicos, no sé si convencidos o por conveniencia, quieren hacernos creer que no es la institución monárquica quien ha fallado, sino uno de sus miembros que ha sido obligado a abdicar y apartado inmediatamente por el actual titular de la misma. Pero lo cierto es que el actual rey Felipe VI, hijo de Juan Carlos I y, por tanto, su heredero, publicó el 15 de marzo de 2020 un comunicado en el que confesó que conoce los “negocios” de su padre desde el 5 de marzo de 2019 y que renuncia a la herencia. De aquí se desprenden dos hechos que, en mi opinión no dejan en buen lugar a Felipe VI: uno, que los españoles nos hemos enterado en marzo de 2020 de lo que él conoció un año antes, y la duda razonable es si lo hubiéramos sabido de no haberlo publicado un periódico británico. Y dos, que reconoce, antes de que lo haga cualquier tribunal, que su padre, mientras era rey, pudo cometer algún hecho delictivo; ¿por qué, si no, renuncia a la herencia que “le pudiera corresponder,  así como a cualquier activo, inversión o estructura financiera cuyo origen, características o finalidad puedan no estar en consonancia con la legalidad” tal como dice el comunicado de la Casa Real? Ergo, Felipe VI también debe asumir su responsabilidad.

Los Borbones no han sido una familia que haya gozado de la estima del pueblo español, porque más bien han trabajado, como escribí aquí mismo hace ahora dos años (“Los Borbones acabarán con la Monarquía”), contra los intereses del pueblo español. Lo que estamos viviendo estos días, tal como he intentado relatar, es un buen ejemplo de ello.

Antes de terminar, permítaseme un apunte sobre la posición del Gobierno ante la actitud del actual monarca. Pedro Sánchez, a la vez que defiende que los aforamientos (también el del Rey) se limiten a proteger la función y no la vida privada de los aforados, ha dicho que “la propia Casa Real está marcando distancias frente a esas informaciones inquietantes y perturbadoras y eso es algo que yo agradezco”. Esta posición parece la del funambulista en el alambre o la del que quiere nadar y guardar la ropa, porque el silencio de la Casa Real no es defendible desde la ética y, por tanto, no lo debería agradecer el Presidente del Gobierno.

Como también decía en el artículo citado de 2018, el asunto es el de la legitimidad de la monarquía e, incluso, su razón de existir y su utilidad. Habrá que volver sobre ello porque, como muy bien dice Jesús Maraña, lo inviolable no debe ser el rey ni nadie, debe serlo la democracia.