Me sobra demasiado mes al final del sueldo

La política en tiempos de crisis debe volver a ser esa extraña forma de estar juntos que nos permite reconocer que nunca estaremos solos cuando la tarea por hacer nace de una reflexión y un sentimiento de justicia.

Tomás Guerrero, Alfredo Kramarz, Carlos Recio y Kiko Tovar

GETAFE/Todas las banderas rotas (30/06/2020) – El título de este artículo corresponde a una pancarta vista en una de las múltiples manifestaciones celebradas antes de la pandemia para protestar por la situación de los más pobres. A pesar de su ironía y su retranca humorística, nos pone ante el drama de los que, como siempre, quedan en los márgenes del sistema de protección del Estado de bienestar.

Porque las medidas del actual gobierno, aunque superan con mucho -tanto en orientación como en alcance- a las tomadas por el PP con motivo de la anterior crisis, no alcanzan a todos, no cumplen el eslogan del gobierno de “no dejaremos a nadie atrás”. El último Informe de la Fundación FOESSA, redactado en colaboración con Cáritas, explica descarnadamente situaciones y circunstancias que dejan al descubierto una realidad que los poderes públicos, sin excusas ni pretextos, deben abordar urgentemente.

En ese Informe se explica, a mi modo de ver de manera magistral, como está estructurada la sociedad española. En primer lugar coloca a la Sociedad de las Oportunidades que está compuesta por la mayoría que, sin grandes alharacas, avanza despacio, pero con cierta confianza en el futuro. Después, la Sociedad Insegura es consciente de que no va con la misma velocidad que la anterior, que sus caminos se van separando y tienen miedo de lo que pueda venir que, intuyen, será peor. La sigue la Sociedad Estancada, formada por los que, como mucho, tienen un empleo muy precario que, a lo sumo, les permite mantenerse en el nivel de la pura supervivencia y no tienen ninguna confianza en que su situación pueda cambiar.

Finalmente, el último grupo –último en todos los sentidos- es la Sociedad Expulsada, esa a la que me refería en el primer párrafo, la que, pese a las reformas bienintencionadas de un gobierno progresista, queda al margen porque no cumple con los requisitos que se exigen para ser atendida por el sistema. Esto ha sido así siempre, tanto con crisis como sin ellas, siempre hay un grupo –mayor o menor, dependiendo de qué gobierno esté a los mandos- que no recibe ni siquiera las migajas, es decir, la pandemia no es la responsable, es una crisis más que, simplemente, ha puesto en evidencia lo que muchos no habíamos sabido ver en otras ocasiones.

En cualquier caso, lo cierto es que, a consecuencia de esta crisis, la sociedad española en su conjunto ha retrocedido, en términos de bienestar social, a los peores momentos de la anterior cuando muchos, particularmente los componentes de la Sociedad Expulsada, aun no habían podido levantar cabeza. Por eso se hace necesario considerar el Ingreso Mínimo Vital como un primer paso necesario pero no suficiente, y pensar ya en la necesidad de contemplar los derechos a la supervivencia y a la inclusión social. Esa necesidad se hace muy evidente –y, en ocasiones, es sangrante- para colectivos que, habiendo estado atendidos por la Administración o por diversas ONGs, llegado un momento determinado por la edad, la finalización de un plazo, etc., salen del sistema y quedan abandonados a su suerte.

Ejemplo de lo anterior son los solicitantes de asilo y refugio que, pasado el plazo establecido para resolver su situación, no han recibido respuesta del órgano correspondiente y, en consecuencia, dejan de recibir la ayuda económica o de alojamiento que venían recibiendo y quedan al albur de que alguna ONG les socorra.

Otro caso es el de los menores que, bien por circunstancias de desarraigo, desestructuración familiar o por haber llegado a nuestro país solos, carentes de cualquier apoyo, están acogidos en centros oficiales sólo hasta que cumplen 18 años; llegada esa edad se les deja en la calle sin ninguna asistencia. Si no han tenido la suerte –porque, aunque hay otros componentes, la suerte es fundamental- de poder formarse en algún oficio o profesión, han de buscarse la vida como puedan y es  frecuente que no les quede otro remedio que acudir a la delincuencia. Es imperativo que el sistema prevea para estos menores, primero, la formación adecuada para acceder a un empleo y, después, el seguimiento y apoyo necesario hasta que normalicen su situación y se integren socialmente.

También el colectivo de los sin techo, tradicionalmente desprotegido, debe ser especialmente tenido en cuenta. Abundan en él las personas con problemas mentales, afectivos y de inclusión, amén de muchas con escasa preparación cultural que les impide conocer los recursos a los que podrían acogerse.

Y los que con mayor propiedad responden al título del artículo: los que, aun teniendo un trabajo, “disfrutan” de un salario que no llega a cubrir las necesidades familiares básicas, pero que, quizá por unos pocos euros, rebasan la cantidad establecida para acogerse al ingreso mínimo vital o a otras ayudas: los trabajadores pobres.

A todos estos colectivos, se les debe considerar acreedores de un doble derecho: el de la supervivencia material y el de la inclusión social que incluye el acceso a la vivienda. Sin olvidar que los responsables políticos deberán reflexionar sobre el impacto que tendrá el distanciamiento social, que ha sido necesario mantener para afrontar la Covid-19, en los procesos de inclusión y participación social; porque tan importantes como las necesidades materiales que todos -insisto, todos- hemos de tener cubiertas, son los elementos que conforman el sistema democrático que debemos estar dispuestos a  defender en todas las situaciones, porque hay señales que indican que algunas de sus costuras se pueden estar abriendo.

Cáritas da unas cifras que deberían hacernos reflexionar para activar en cada uno de nosotros pero, sobre todo, en cualquiera que tenga una mínima responsabilidad política, un profundísimo sentido de justicia, no de caridad a que tan proclives son los grandes multimillonarios y los partidos de derecha y de ultraderecha. El 26% de los que han pedido ayuda a esta organización en los últimos meses, lo hacían por primera vez; solo  el 25% de los hogares, es decir, solo uno de cada cuatro, puede mantenerse por medio del empleo; en el 34% de los hogares, uno de cada tres, disminuye claramente el rendimiento escolar de los menores porque, al carecer de los medios tecnológicos necesarios, no pueden seguir el ritmo de sus compañeros.

Para intentar paliar esas situaciones, el actual gobierno está tomando unas medidas que, como digo, aun dejando fuera a grupos importantes, ayudan a una gran parte de la sociedad lo que, inevitablemente, hará subir la deuda pública, y ello obliga a replantearnos la necesaria solidaridad fiscal, es decir, hemos de ser conscientes que no bastan buenas intenciones, grandes proclamas o eslóganes, o bajadas de impuestos, sino una política fiscal justa y progresiva que haga que el que más tenga pague más.

Ya no podemos plantearnos qué es lo urgente y qué lo importante, porque ahora lo urgente es importante y lo importante es urgente; por eso ninguna Administración puede escabullirse o ponerse de perfil. No es la hora de discutir sobre las competencias, porque, como ha demostrado la Comunidad de Madrid, es una forma de eludir responsabilidades. Tanto el Gobierno central como las CCAA y los Ayuntamientos, independientemente de sus competencias legales, han de esforzarse por cubrir lo que no es competencia de nadie, los huecos o rendijas del sistema por donde se escapa la posibilidad de atender a los que siempre, siempre, quedan al otro lado, marginados, excluidos, sin nada.