GETAFE/Tribuna con acento (29/06/2020) – Una primera observación, la pandemia ha puesto de manifiesto, con mayor intensidad, las debilidades del mundo globalizado y también las oportunidades que apuntan al cambio de modelo de producción y consumo. Todo ello está en el centro del debate político como nunca antes. Al mismo tiempo revela de forma nítida la importancia de lo público y comunitario como señas de identidad de la condición humana.
Al principio, el Coronavirus sonaba a virus exótico, propio del otro lado del mundo… Su expansión rompió los marcos conceptuales del conocimiento y de las fronteras hasta convertirse contra todo pronóstico en pandemia. A día de hoy la Covid-19 se acerca a casi diez millones de personas contagiadas y alrededor de 480.000 víctimas mortales en el mundo, cerca de 30.000 en España. En todos los territorios la misma evaluación, la salud no puede ser objeto de mercado, porque este lleva implícito el deterioro de las condiciones de trabajo, las deficiencias en la atención geriátrica, la ruptura del código deontologico, la deshumanización del sistema. La primera conclusión: el aumento de las tasas de ganancias de la privatización de los bienes públicos es inversamente proporcional al estado de salud y de bienestar de las mayorías de la población. En consecuencia, corresponde blindar el sector público con el fin de garantizar la atención primaria, la salud, la educación y la protección social.
La emergencia climática: «La subida de la temperatura media»
La propia evaluación del Observatorio de Sostenibilidad (OS) señala que se acumulan las evidencias de que estamos en emergencia climática. El año 2019 cerró una década de máximos de calor y fenómenos meteorológicos extremos en España y en el resto del mundo. Desde la década de los setenta en España cada nueva década ha sido más cálida que la anterior, pasando de 14ºC, como media entre 1970-1979, a 15,7ºC entre 2010-2019. Ello va acompañado de perdida de la biodiversidad a escala planetaria. Las recomendaciones van en la línea de adoptar medidas urgentes para disminuir las emisiones, descarbonizando todas las economías. Son evidencias que obligan a tomar muy en serio estas señales de alarma y, sobre todo, a iniciar la adaptación al cambio climático en el que ya estamos inmersos: «doblegar la curva del calentamiento».
Hemos de tener en cuenta las «estimaciones» del Fondo Monetario Internacional (FMI) que pronostica una caída del PIB en un 14,8% y el aumento del desempleo hasta el 19%. Junto al reciente informe ‘Una reconstrucción justa y necesaria es posible’ de Oxfam Intermón, considera que las consecuencias económicas podrían arrastrar en España a más de 900.000 personas adicionales a la pobreza, hasta alcanzar los 11 millones. Es una realidad que contrasta con los 23 multimillonarios españoles que han visto aumentar el valor de su riqueza en 19.200 millones de euros en apenas 80 días de confinamiento. Son parte de las familias de nombres sonoros que han sido los primeros en echarse a la calle con las cacerolas y coches descapotables, proclamando su derecho a la «libertad de movimientos».
La extrema derecha ha irrumpido en el Parlamento y en mítines callejeros, siempre cercanos a procesos electorales. Aparecen envueltos en símbolos y banderas evocando un pasado glorioso (Dios, patria y familia patriarcal). Son discursos cuyo contenido reside en culpabilizar de las crisis «al otro», al desconocido, al inmigrante, al extranjero, al pobre, a los que no encajan en los roles tradicionales de género, al Gobierno Constitucional causante de todos los males, y evidentemente de la extensión de la pandemia… Su identidad está formada y se alimenta de un Nosotros frente a Ellos. No aportan soluciones, solo ruido e insultos exacerbando la cultura del miedo.
En los primeros días del inicio de la pandemia el Gobierno anunciaba la movilización de hasta 200.000 millones, «un 20% del PIB», para el establecimiento de un subsidio excepcional para los trabajadores temporales y que no tengan derecho a cobrar el paro por no haber reunido la cotización mínima; para el pago de cotizaciones a las empresas que hagan ERTE; la aprobación del Ingreso Mínimo Vital (IMV). Al mismo tiempo que favorecía el dialogo social con los agentes socioeconómicos y con las estructuras de la Unión Europea para la transferencia de Fondos estructurales. Son medidas todas ellas muy importantes en la senda de la justicia social, impensables con otro tipo de Gobierno.
Estas medidas quedan aún muy lejos de acabar con la pobreza severa en la que viven y crecen niños y niñas, afrontar los miles de personas inmigrantes, y colectivos marginales (hacinados en viviendas) que por diversos motivos (ausencia de papeles) no van a tener acceso a los recursos. Incluso las cuantías enunciadas deben ir acompañadas de procesos educativos y más fondos disponibles para la creación de empleo decente. Ello requeriría que las clases sociales que más tienen contribuyeran con una fiscalidad progresiva por el bien común de la sociedad. En estos días se ha hecho evidente el antagonismo y la relación de fuerzas. Lo que en un principio era Renta Básica Garantizada (RBG) se ha quedado en Ingreso Mínimo Vital y lo que era un impuesto a las grandes fortunas o la tasa a la transición financiera en declaración de principios. Estamos aún lejos de la justa redistribución de la riqueza según la Constitución Española (C.E.)
El pensador municipalista Murray Bookchin, desde el inicio de la década de 1970, reivindicaba la capacidad de la política cara a cara, la «democracia directa», generar formas de organización social emancipatorias. Sucesivamente los movimientos sociales consideran que es en la escala local, en el territorio donde se verifican el impacto de las medidas. La escala de valores debe cambiar, exige coherencia de los actos de la vida cotidiana en plena interrelación con el sistema mundo. Resultan paradójicas las imágenes de un tren procedente de China cargado de 34 millones de mascarillas y 400 mil buzos desechables, la ausencia de bicicletas de construcción local, la invasión de productos agrícolas industriales plastificados, en sustitución de cultivos tradicionales para la alimentación local. Trabajar en la educación de valores para romper lo que en un momento Vandana Shiva consideró la necesaria ruptura «del monocultivo del pensamiento».