GETAFE/Todas las banderas rotas (03/06/2020) – En los últimos quince días, desde que publiqué el artículo anterior con este mismo título pero dedicado a la oposición, han ocurrido cosas de tal significado que, si tuviera que hacerlo hoy, debería ser muchísimo más duro: las reacciones por los ceses de mandos de la Guardia Civil, las intervenciones de Casado y la marquesa Cayetana en el Congreso, el documento del gobierno de Díaz Ayuso dictando “criterios de exclusión” para que los ancianos de las residencias no ingresaran en los hospitales, y otras más. Pero toca ocuparse del Gobierno y a eso voy.
Es cierto que casi todos los gobiernos del mundo, respecto al modo de enfrentarse con la pandemia, han reaccionado tarde y han cometido prácticamente los mismos errores. También es verdad que no se le debería exigir a un gobierno que acaba de cumplir cien días que resuelva de inmediato los problemas creados, no solo por la llegada sorpresiva de una pandemia como la que está azotando al mundo entero, sino por la mala praxis del anterior que dejó el sistema sanitario destrozado; si en otras ocasiones ha servido aquello de “la herencia recibida”, los que lo decían entonces deberían aplicárselo ahora. Y, visto como actúan Trump, Bolsonaro y otros de su cuerda, miedo da pensar qué hubiera pasado si hubiera gobernado España el PP con el apoyo de Vox. Pero, dicho lo anterior, el Gobierno debe asumir sus propios errores.
Error es, en mi opinión, aceptar la pelea por las cifras de afectados, de muertos, de material comprado o recibido, de test… En cuanto al material y los test, todos deberían reconocer que el problema se ha debido a causas no achacables a los compradores: tanto el gobierno central como las CCAA –incluso las del PP- han tenido que pasar por las mismas dificultades que son consecuencia de la idea neoliberal de que los mercados se regulan solos y que, cuanto menos intervenga el Estado, mucho mejor. Y, en cuanto a las cifras, el Ministerio no debería haber consentido que ciertas CCAA fueran por libre a la hora de suministrar la información; es inaceptable, desde el punto de vista técnico, que se haya cambiado la metodología al menos cuatro veces para poder adaptarse, no a las dificultades a que la evolución de la propia pandemia podría obligar, sino a las exigencias políticas de algunas CCAA.
Porque es de alabar la actitud conciliadora y exquisitamente amable que el Gobierno mantiene hacia las CCAA, pero la causa primera de todo el desastre de los datos es el interés político de algunas de estas. El Gobierno tuvo en su mano evitarlo ejerciendo con firmeza, como le corresponde, la autoridad del Ministerio en cuanto a la homogeneidad de los sistemas de recogida de datos, registro y traslado de los mismos a los servicios centrales y, sobre todo, respecto a la definición de caso para que, independientemente de los intereses políticos de cada cual, hubiera estado siempre claro cuántos enfermos y cuántos fallecidos por coronavirus ha habido. Este es un error importantísimo por dos razones: será muy difícil recomponer la “verdad técnica”, es decir, conocer alguna vez las cifras reales; y políticamente ha servido para alimentar la mentira de que el Gobierno quería ocultar datos, mentira que será prácticamente imposible echar para atrás.
Error también es escudarse permanentemente en que el gobierno solo hace lo que los expertos le aconsejan y, paralelamente, por boca de un ministro, decir que no tienen que arrepentirse de nada. Eso es poner al pie de los caballos a los técnicos porque errores ha habido y, si no los comete el gobierno –que, no lo olvidemos, es quien toma las decisiones-, se entiende que los han cometido los técnicos. Pero alguien debería romper una lanza en favor de estos; no hay más que ver cómo han dejado a Fernando Simón que se achicharre diariamente ante los periodistas, pero nadie dice que las personas que trabajan en el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, en el Centro Nacional de Epidemiología o en los distintos servicios de Salud Pública del Ministerio y de las CCAA hacen jornadas de 12 horas y más, no solo haciendo su trabajo, sino también intentando resolver los problemas creados por sus jefes políticos. Por fin, el domingo 31 de mayo el presidente Sánchez ha reconocido y alabado públicamente el trabajo del ministro Illa y de Fernando Simón; más vale tarde, pero ha faltado un recuerdo a todos esos funcionarios públicos.
En una situación como esta, desconocida para todos, está plenamente justificado corregir o modificar una decisión que se tomó de urgencia con la información disponible, pero decir algo –o, incluso, publicarlo en el BOE- para modificarlo horas después, exige una explicación bien motivada, no vale salir del paso con excusas.
Las ruedas de prensa no han de ser para repetir lo ya dicho cien veces… Comunicar sí, cuanto más mejor, pero siempre que haya algo que decir y por quien tenga que decirlo. Y no para presumir sobre el puesto en que estamos o de que somos los mejores en esto o en aquello; si hay que poner medallas, las pondrá la ciudadanía en su momento, mediante el voto, a quien crea que se las haya merecido.
También debería explicar el Gobierno con todo detalle, -con la misma mesura con que viene haciendo hasta ahora todas sus intervenciones, lo que es uno de sus grandes méritos- que las CCAA están participando directa y concretamente en la planificación y gestión por medio de sus técnicos de salud pública que, diariamente, se reúnen con los del Ministerio y, en un nivel más político, el Ministro de Sanidad con los Consejeros homónimos. Además, esto le hubiera ahorrado muchos dolores de cabeza.
El procedimiento que se ha dado en llamar cogobernanza ha empezado demasiado tarde. El Gobierno y su presidente vienen repitiendo desde los inicios de esta crisis que es absolutamente necesario ir unidos para resolverla, que todos hemos de participar responsablemente en el arduo trabajo que es necesario hacer para vencerla. Tienen toda la razón. Pero entonces, no tiene explicación posible no haber implicado al PP y a Pablo Casado desde el principio; debería haber aceptado alguna de las sugerencias de Ciudadanos; no se comprende la falta de conexión con sus socios de investidura, no haber contado con el PNV y con ERC antes de tomar determinadas decisiones importantes. Las deserciones en el apoyo a las propuestas quincenales de ampliación del estado de alarma solo se explican por esta razón; a los amigos hay que cuidarlos y a los rivales hay que procurar atraerlos. Como digo en el párrafo anterior, se viene dando una colaboración fluida en el plano técnico pero en lo político, el gobierno no ha sabido hacerlo, no ha tenido en cuenta que hay diferentes maneras de dirigir una crisis y no debe hacerlo igual un Estado centralista u otro cuasi federal como es el nuestro.
Dice Ramón Lobo que se trata de una campaña de acoso y derribo contra el gobierno de coalición en la que el propio gobierno de coalición parece empeñado en participar con algunas de sus torpezas. En mi opinión, acierta, porque el acuerdo con Bildu es tan legítimo como cualquier otro, le guste o no a la oposición, pero ¿era necesario darle esa baza ahora? Tampoco se entiende por qué se ha elegido este momento para abrir el melón de esa “remodelación” de la cúpula de la Guardia Civil que incluye ceses, dimisiones y cambios de altos mandos; es tan legítimo como lo anterior y ese relevo sí que me parece que era necesario, pero la pregunta es la misma: ¿Debía hacerse precisamente ahora? ¿Dónde está el sentido de la oportunidad? ¿Y qué decir del ataque, fuera de tiempo y lugar, del vicepresidente segundo a Vox? Da la impresión de que Pablo Iglesias cree que sigue estando en la acampada de la Puerta del Sol en lugar de en el gobierno de la nación.
Era absolutamente necesario liberar a la gestión de la pandemia de cualquier otro elemento de distracción pero el Gobierno, que lo ha pedido a los demás en ocasiones, no lo ha hecho y, pudiendo evitarlo, ha introducido estas cuestiones que comento y otras que la han distorsionado gravemente.
En resumen, sostengo que, junto a una buena gestión en general sobre todo en los aspectos técnicos y en haberse dejado aconsejar por los que saben, ha habido poco diálogo, poca participación (rectificado este punto muy al final) y muy mala comunicación (no sé qué experto en comunicación habrá aconsejado al Gobierno pero, lo menos que se puede decir, es que no le ha salido Redondo).
Si el gobierno no rectifica –y aún está a tiempo-, tendrá que asumir consecuencias negativas, tanto en la gestión de esta crisis como en la estabilidad política a medio plazo.