El virus neoliberal sigue contaminando la Educación de Madrid

El gobierno central y las autonomías

GETAFE/El aula sin muros (30/04/2020) – Mucho y variado se ha escrito sobre los efectos que esta situación de confinamiento ha ejercido sobre todos los sectores implicados en la educación, y de esta obligada reproducción del ámbito escolar en el salón familiar que nos llegó de un día para otro. Entre otras cosas, ha servido, desde el punto de vista político, para destapar la estrategia que las diferentes fuerzas políticas y gobiernos de distinto ámbito y color político han desarrollado durante este tiempo. En el caso de nuestra comunidad autonómica, no se nos escapa que muchos de sus comportamientos han estado guiados, no sólo, por su ya conocida identidad política, sino también por su declarado interés por convertirse en ariete contra el gobierno central.

Recordemos, el día 15 de abril se reúnen el Ministerio de Educación y las Comunidades autónomas para llegar a un acuerdo de unificación de las posiciones, para mandar el mismo mensaje a toda la sociedad sobre el currículo escolar, las evaluaciones, la salida del curso y el comienzo de cursos siguiente. Se comunica que se ha llegado a un acuerdo aceptado por todas las comunidades asistentes. Éste consiste en no aumentar los contenidos sino consolidar los ya trabajados en los dos trimestres anteriores; evaluación continua para diagnosticar y formar, no para suspender y hacer repetir al alumnado, planificar los apoyos necesarios para los que hayan quedado rezagados y hayan tenido dificultades de todo tipo durante el confinamiento…

Madrid se descuelga del acuerdo con unas manifestaciones del Consejero de Educación cargadas de contradicciones y de vaguedades. Así se puso de manifiesto, en las declaraciones a Onda Cero del señor Ossorio, en las que es capaz de decir una cosa y la contraria. Al final recurre, para justificar su desafección, a su oposición al “aprobado general” y su apego a la “cultura del esfuerzo”, forma eufemística de decir que el que triunfa (rico) es porque se lo merece y el que fracasa (pobre) es porque es un vago.

Muestra que nuestra Consejería de Educación sigue con las mismas políticas educativas que viene desarrollando desde hace muchos años, de consolidación de un sistema educativo privatizador, academicista, competitivo y segregador.

Políticas de la Comunidad de Madrid en tiempos de confinamiento

Sintetizamos a continuación cuál es el contenido y la trascendencia que, a nuestro entender, encierran estas medidas.

• • Seguir avanzando contenidos del currículo escolar oficial y evaluar como si no hubiera pasado nada… premiando a los que responden a los aprendizajes académicos, sin tener en cuenta a los más desfavorecidos.
  • Que la evaluación se ajuste a la mera constatación del grado de asimilación, por parte del alumnado, de esos contenidos. Así se presta a que los suspensos y las repeticiones de ceben con el alumnado que se descuelga, que son los más débiles.
  • Privatizar y derivar recursos a la escuela concertada, seguidores, si no inspiradores, de las instrucciones de la Consejería. Identificando prestigio educativo con seguidismo academicista. Un buen reclamo para el mercadeo educativo. No olvidemos que en esos colegios están los hijos de las clases medias, que acumulan el capital cultural y económico y cuentan con suficientes recursos materiales, habitacionales y tecnológicos.
  • Rescinde, de forma unilateral, los convenios de financiación de las escuelas infantiles de gestión directa, que mantenía con varios ayuntamientos de la comunidad. Esta decisión deja en una situación complicada a los ayuntamientos afectados que tiene que asumir el coste de los salarios del personal docente y no docente, sin tener presupuestada esta eventualidad.
  • Admite y no cuestiona, ¿o alienta? que las familias que llevan a sus hijos a la enseñanza concertada, exijan a la administración que se haga cargo de las cuotas ilegales que estos centros, de forma más o menos explícita, les hacen pagar. Todo para seguir alimentando el negocio económico e ideológico de los empresarios, y fomentar la segregación socio-educativa.
  • Aumenta la presión burocrática sobre el profesorado exigiendo datos, de un día para otro, sobre previsiones de recuperación del alumnado en este trimestre, promoción, criterios de evaluación, etc. No se tiene en cuenta que muchos niños acumulan retraso por causas imposibles de remediar en la situación de confinamiento: familias con problemas socioculturales o idiomáticas, situaciones de duelo, carencia de medios técnicos y telemáticos.
  • Para sortear el clamor de los docentes, las familias y la ciudadanía más comprometida, por la insensibilidad de las autoridades autonómicas ante la brecha salarial, se exige a los equipos directivos, con urgencia, un listado del alumnado de cada centro que carece medios tecnológicos y de conexión a internet. Se ofrecen ¡1.000 equipos! que no cubre el 0’8 del alumnado madrileño necesitado, que se estima en unos 120.000… Quizás se nos tache de mal pensados, pero se nos antoja que es una operación de propaganda más que la respuesta que en este momento se necesita. Eso sin tener en cuenta que en muchas ocasiones las carencias tecnológicas van acompañadas de carencias materiales y culturales, que son las que generan el mundo de la segregación.
  • Tras la suspensión de las clases y el consiguiente confinamiento se despidió a las empresas responsables de los comedores escolares, que tienen experiencia en alimentación del alumnado y están sujetas a unos protocolos sobre nutrición, y se encargó ese servicio, para alimentar a 11.500 escolares, a Telepizza y Rodilla, destacados referentes de la (“fast food”) “comida basura”.

Desde entonces han sido numerosas las quejas de las familias sobre la deplorable calidad del menú.

De hecho la FAPA Giner de los Ríos ha presentado una denuncia contra el gobierno de la comunidad de Madrid por este motivo. Esto no es más que un ejemplo de la insensibilidad que muestran nuestras autoridades educativas por la formación de nuestros escolares en hábitos de alimentación sana.

Venimos denunciando cómo en los últimos años los centros escolares (los públicos) se construyen sin comedor escolar. Se ahorran así algún dinero a costa de depender de un servicio de cáterin, desligado de la realidad del centro y desposeído en buena parte de los aspectos educativos que permite el comedor escolar propio.

Es necesario revertir las políticas educativas privatizadoras.

Exigimos que la Comunidad de Madrid revise sus políticas educativas, aunque albergamos pocas esperanzas de que se lleve a cabo.

Hay que paralizar, en una primera fase, el proceso de privatización y después empezar el proceso de reconstrucción de lo público. España es uno de los países europeos donde la educación está más privatizada. La actual crisis sanitaria ha puesto de manifiesto la importancia de la sanidad pública y la ciudadanía ha salido a los balcones para apoyarla.

Mientras los hospitales públicos se saturaban por efecto del coronavirus, sus sanitarios se jugaban la vida, para salvar las de otros, en condiciones precarias. Los hospitales privados no asumían la parcela de responsabilidad que, en proporción, les correspondía, e incluso muchas de sus centros han aplicado ERTEs a sus trabajadores. ¿Cabe mayor descaro?

Esperemos que no se nos olvide la lección y empecemos a exigir de manera contundente la vigencia de lo público, que es lo opuesto al negocio, lo que es de todos y todas y presta servicio en todo momento y todo lugar. La salud, la educación, los cuidados y tantos otros ámbitos que satisfacen derechos básicos de toda la ciudadanía, no se pueden hacer depender del mercadeo. Basta ya de utilizar el dinero público para asegurarse una clientela de clases medias y altas que buscan la distinción y el status a través de la enseñanza privada. La constitución habla de la libertad de crear centros educativos pero, si son tan liberales páguense su “selecta” educación con su dinero. Pobres ricos que se creen que saben más porque separan a los que pisan moqueta de los que pisan barro. No es así, pero a ellos les sirve para mantener el Sistema.

Nos distraen habitualmente con situaciones de carencias elementales: construcciones escolares, abandono unilateral de convenios en infantil, falta de recursos materiales y de profesionales en todos los niveles, desatención al alumnado de NEE y ahora todas las barbaridades que se están proponiendo en este trágico final de curso.

Quieren que miremos el árbol para que no veamos el bosque, y ese bosque está constituido por las políticas sociales más regresivas que se han vista nunca.

En la segunda década de los setenta y en los ochenta, la comunidad educativa nos permitíamos llevar a cabo experiencias de innovación educativa que hoy serían impensables: direcciones colegiadas, cooperativas escolares, participación de las familias y alumnos en situación de igualdad en el Consejo escolar, incluso eligiendo al director. ¿Sería viable algo así en estos momentos?

Llevamos ya más de 24 años sufriendo políticas devastadoras en contra de lo público (la sanidad, los cuidados…) en la Comunidad de Madrid. Ahora estamos comprobando los efectos devastadores en uno de los sectores más privatizados como las Residencias de mayores. En Educación el sector privado ha avanzado de forma inexorable, el número de colegios privados supera ya (50,47 %) al de los públicos. Cada aula que se cierra, cada centro público que no se construye o se construye tarde, cada profesional de la enseñanza que se escatima, se nos presentan como hechos aislados, pero forman parte de un objetivo político que es la privatización. La actual crisis sanitaria va a ser utilizada en el mismo sentido y ya estamos sintiendo algunos efectos.

Ya es hora de dejar de pensar en lo particular y actuar colectivamente. Cada paso que se cede en la construcción de lo público supone un avance en el proceso de privatización y es más difícil la vuelta atrás. Es necesario que el profesorado, las familias entiendan que deben confluir en la defensa de lo público, que las organizaciones que las representan (sindicatos, AMPAs…) dejen a un lado sus peculiaridades y actúen de forma coordinada. Que los ayuntamientos con gobiernos de progreso actúen en consecuencia en sus respectivos ámbitos y se unan entre ellos para liderar la defensa de lo público. Que los representantes políticos progresistas pongan en el centro de sus actuaciones la defensa de lo que es de todos y todas.