GETAFE/El aula sin muros (31/01/2020)- Nosotros no queremos seguir la agenda que nos marca la extrema derecha. No queremos hablar de ese señuelo que difunden los medios de comunicación. El objetivo es claro: desprestigiar a la escuela de titularidad pública, sembrar desconfianza sobre la capacitación de su profesorado, confundir de forma deliberada las funciones que deben cumplir las familias y la escuela en la formación del alumnado y, sobre todo, evitar que se hable de temas educativos realmente importantes
El momento político actual nos hace concebir esperanzas para que se aborden los desastres que las políticas conservadoras y privatizadoras, con la LOMCE por bandera, han provocado en nuestro sistema educativo. Ha habido un aumento descontrolado de los conciertos educativos en perjuicio de la escuela pública, segregación escolar, recortes en recursos materiales y personales en la escuela pública, etc. Estos efectos son más devastadores en las comunidades autónomas donde la derecha gobierna desde hace mucho tiempo, como es el caso de la Comunidad de Madrid.
Nos encontramos en un momento político y social marcado por el tránsito político que da paso a un gobierno que, elegido por la mayoría de la ciudadanía, promete cambios importantes en todos los ámbitos de la vida social y también en el ámbito de la educación.
¿Cómo se va a plasmar en el sistema educativo el programa político de los partidos que llegaron al actual pacto de gobierno? ¿En qué medida van a incorporar a su acción de gobierno las demandas de los movimientos sociales?
Nuestra función como parte del movimiento social de transformación de la educación es apoyar las políticas progresistas de cambio de la educación, reivindicar que se avance en esa dirección lo más eficazmente posible, ofrecer nuestro apoyo y colaboración sin dejar de ser una voz crítica ante posibles retrocesos o incumplimientos en la construcción de la escuela y la educación pública que queremos.
Sabemos que algunas de nuestras propuestas están incluidas en las previstas acciones de gobierno. Queremos enumerarlas para que no se olviden a lo largo de la legislatura.
Confiamos en que se haga realidad la promesa de derogación de la LOMCE, aprobada con tan solo el apoyo del Partido Popular y que sea sustituida por una nueva ley de educación que ponga en primer plano los intereses de la infancia y la defensa de la dignidad humana y esto sólo lo garantiza la escuela pública. Será necesario revertir los recortes económicos, que incidieron con mayor virulencia en la enseñanza pública caminando hacia ese 7% del PIB que es, según los expertos, la inversión óptima para garantizar una enseñanza de calidad, subsanando la descapitalización que, en estos diez años se ha hecho de la escuela pública en beneficio de la concertada.
Hay que avanzar, como recomienda la Unesco, hacia una educación más inclusiva, pero eso no se consigue de la noche a la mañana, sino que debe ser un proceso que exige un aumento de los recursos de la escuela pública, vía presupuestos. En primer lugar, requiere una reducción de ratios proporcional al nivel de inclusión, adecuar la formación inicial del profesorado a las nuevas situaciones, elaborar un plan de formación permanente del profesorado (en estos momentos casi inexistente) y adecuarla a los cambios de un mundo en vertiginosa transformación.
Es necesario dinamizar y hacer efectiva la participación de la comunidad educativa en la vida de los centros recuperando la capacidad de decisión de los órganos colegiados que permita una mayor representatividad de las familias y favoreciendo la formación y participación democrática del alumnado.
Revisar en profundidad los contenidos de la educación para adaptarlos a los cambios profundos que se están produciendo en la actual sociedad de la globalización. Implicar a la Escuela en la respuesta a los retos que tiene planteados la humanidad en estos momentos: cambio climático, patriarcado-machismo, desigualdad social, exclusión, crisis de la energía, crisis alimentaria, explotación de los recursos, deshumanización y esclavitud, guerras por motivos políticos, económicos o geoestratégicos, enfermedades, investigación científica.
Incluir la educación ética para fomentar la convivencia positiva, el respeto a los demás, educar en el valor positivo de las diferencias, el fomento de la justicia social, de la paz y la equidad.
No deja de ser una extravagancia que en pleno siglo XXI todavía esté en cuestión en nuestro país la separación Iglesia-Estado. Mientras en la mayoría de los países de nuestro entorno esta cuestión se resolvió hace más de dos siglos, en nuestro país la Iglesia se aferra a sus privilegios feudales y quiere seguir manteniendo su poder social e ideológico a costa de los contribuyentes. Es absurdo que la religión confesional siga estando dentro de la escuela, cuando cualquier mente que se guíe por la lógica entiende que el ámbito de las creencias y los valores particulares entra dentro de lo personal y lo debe gestionar cada confesión por su cuenta. La Religión confesional fuera de la Escuela. La educación en valores es necesaria, los valores universales, los que emanan de la Declaración Universal de los derechos Humanos. ¿Se va a atrever este gobierno progresista a abrir este melón o va a sucumbir, como otros, al enorme poder de las mitras?
A los grandes medios de comunicación, conservadores en su mayoría, solo les interesa lo puramente anecdótico para convertirlo en categoría o lo engañoso por inventado e inexistente, como las imaginarias reclamaciones de las familias sobre los contenidos de la enseñanza de sus hijos, o el falso adoctrinamiento en la escuela pública y el real adoctrinamiento en las escuelas seleccionadas por las familias…
Es necesario un debate social sobre este tema en el que nos debemos sentir implicada toda la ciudadanía con nuestros gobernantes al frente.
Se han perdido grandes oportunidades, cuando gobiernos para la esperanza, a veces con grandes mayorías, no se atrevieron a abordar determinadas reformas por miedo a los poderes fácticos. Hemos constatado apuestas educativas audaces como la LOGSE, a pesar de sus carencias y también decisiones timoratas, como la regularización de los conciertos educativos de la LODE, que ha propiciado la cruzada privatizadora de la derecha.
Somos conscientes que las reformas educativas requieren un tiempo, que la escuela pública tiene muchos enemigos poderosos en nuestro país, y que el gobierno actual tiene una mayoría inestable, que puede lastrar sus decisiones, pero, visto en positivo, cuenta con un sustento social que se ha mantenido incólume en su decisión de votar una mayoría de progreso, a pesar de lo mal que gestionó su anterior mayoría la izquierda.
Hemos escuchado propuestas de los responsables políticos que nos parecen necesarias, pero no suficientes, como la promesa de que la financiación del sistema educativo llegue al 5% en el 2025, pero esperamos que se llegue al 7 % lo antes posible.
Parece obvio que se cuestionen los conciertos educativos que segregan por sexo, pero consideramos que es la escuela concertada la causa principal de la segregación en nuestro país y por eso es necesario, primero, detener el abuso de los conciertos educativos y después la desaparición progresiva, consensuada y negociada de los conciertos, ofreciendo una opción digna a los trabajadores y las familias. La Constitución proclama la libre creación de centros, pero no que la iniciativa privada tenga que sufragarse con fondos públicos.
Finalmente, consideramos que es necesario la revisión en profundidad de aquellos programas que tienen efectos segregadores, como el mal llamado bilingüismo o el One to One… También es necesario acabar con medidas tan regresivas como la construcción por fases, la donación de terrenos públicos para la enseñanza privada, la zonificación única o la desaparición de las comisiones de escolarización, necesitamos un nuevo modelo de escolarización que facilite una escuela pública plural, diversa e inclusiva.