GETAFE/Tribuna con acento (05/12/2019) – Parece que un grupo de partidos especialmente PP-Cs-Vox se están poniendo la etiqueta de “constitucionalistas”. Ahora que se acerca el día de la Constitución conviene repasar cómo es esa Constitución y quién defiende y quién no, la misma.
Uno de los grandes males de la política moderna (y quizás no tan moderna) es la perversión del lenguaje. La utilización canalla de términos como libertad, solidaridad, igualdad, o constitucionalistas. Es un tema muy grave. Para mí, y no es una metáfora sino una realidad, debería existir un tribunal que pudiera denunciar y prohibir incluso en determinados contextos, el uso de palabras absolutamente contrario a su significado en cualquiera de sus acepciones. Por eso aprovechando estas fechas quería releer algunos artículos de esta Constitución para que cada uno pueda evaluar quién es y quién no es “constitucionalista”, quién defiende y quién no la aplicación de los artículos más importantes de la Constitución.
Un amigo me comentaba el otro día que él defendía un pacto PP-PSOE para la defensa de lo importante: la defensa del Estado. Yo defiendo los estados, las leyes, las constituciones. De hecho mi tesis es que las distintas constituciones y la ley son el resultado de un proceso histórico en el que los pueblos han logrado imponer límites, condiciones y limitar la arbitrariedad de los gobernantes. Las primeras constituciones y cartas magnas, usatges, etc. eran el resultado de ponerle al Rey una daga en el cuello y decir” “o asumes estos principios o no eres el Rey”. Por ejemplo, el juramento que se tenía en las Cortes de Aragón expresaba que “el Rey estaba para defender a sus vasallos y si no, no valía para Rey”. Así veo las constituciones. Su objetivo es fijar y defender los derechos de la ciudadanía, el estado es el medio, no el objetivo. Le dije a mi amigo que lo constitucional no era defender al “Estado” sino a la ciudadanía y que lo que está en peligro en este momento no es el Estado, lo que está en peligro en este momento es el bienestar del 90% de la ciudadanía, y del 100%, si ponemos el foco en los peligros derivados del cambio climático. Y, “oh casualidad”, curiosamente tanto PP como Vox y, en cierta medida Ciudadanos, niegan el cambio climático basándose en los conocimientos del primo de Rajoy. Vox niega especialmente el cambio climático. Sabemos que detrás de esas posiciones está evitar los cambios que la lucha contra el cambio climático exigen en los sistemas productivos y de consumo. Limitar o regular el ejercicio de la actividad empresarial, la utilización de materiales contaminantes, establecer límites al derroche de materiales.
Pero vuelvo a la Constitución del 78. Es bueno recordar que su origen es un acuerdo para pasar de un Estado fascista a uno democrático. En su redacción todas las partes, dejaron parte de sus reivindicaciones en aras a un acuerdo global. Pero toda la Constitución es un todo indivisible y no se puede llamar constitucionalista quien defiende el artículo 2 pero no el 128. Es legítimo (la propia Constitución lo prevé) cambiar su redacción pero no es más constitucionalista quien defiende la unidad de España que quien defiende la justicia fiscal. Quien quiere eliminar el sistema autonómico no es más constitucionalista que quien defiende (defendemos) la república frente a monarquía.
Algunos ejemplos:
Artículo 2. La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.
Hemos visto que la fuerza con la que se defiende la unidad de España se emplea también en combatir las nacionalidades que también fija la Constitución. Miran las Comunidades autónomas como herramientas para el control del poder, la corrupción y las privatizaciones.
Artículo 3. Habla de “La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección”. Pero los constitucionalistas aborrecen y obstaculizan el uso y defensa de otras lenguas que no sean el castellano.
Artículo 14. Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.
No hace falta estudiar ciencias políticas para saber la diferencia entre hombres y mujeres, entre la religión católica y el resto (incluidos ateos o agnósticos). Lejos de intentar limar diferencias, los constitucionalistas niegan la violencia de género, y benefician claramente las ideas más reaccionarias de la iglesia católica.
En el terreno de las diferencias de género hasta el artículo 57 de la propia Constitución dice que para la sucesión al trono es preferido “el varón a la mujer”.
Artículo 31. “Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio”.
Claramente “los constitucionalistas” se oponen a la progresividad fiscal. Bajo el argumento canalla de “no subir los impuestos al pueblo” se esconde el objetivo de que los poderosos paguen menos impuestos que un empleado de McDonal’s.
Artículo 35. Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo.
Con tres millones de parados parece claro que este artículo es papel mojado. Mas de la mitad de los parados no reciben ninguna ayuda porque eso de “una remuneración suficiente” se limita a unos meses como si después se terminase la necesidad de comer.
Artículo 47. Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.
Ya sabemos cómo “los constitucionalistas” defienden este artículo: vendiendo viviendas sociales a los fondos buitre nacionales o extranjeros y/o fomentando la especulación urbanística, la gentrificación de las ciudades, etc.
Artículo 50. Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad”.
Los pensionistas deben seguir reivindicando cada lunes la defensa de unas pensiones dignas. Saben que este artículo es papel mojado y que sólo se mantendrá el poder adquisitivo y otros derechos con la reivindicación permanente. No haría falta ese esfuerzo si los constitucionalistas hubiesen llegado a leer este artículo y no quedarse en el segundo.
Artículo 128. Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general.
Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio, y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general.
Evidentemente que este artículo está en el cajón de las causas perdidas. No solo los gobiernos han perdido toda iniciativa económica sino que, mas al contrario, parece que es la riqueza la que fija las normas. De ahí la reticencia de todos los poderosos, Banca, CEOE, Conferencia Episcopal, etc. a una posible entrada de Podemos en el gobierno, “no vaya a ser que… se acuerden del 31 o del 128”.
Hay más, muchos más, pero creo que sirve como muestra para evaluar quién defiende y quién no la Constitución.
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