Por enésima vez, quinta, creo, la empresa que construye el CEIP Miguel de Cervantes en el barrio de Los Molinos, abandona la obra por incapacidad para afrontarla económicamente. ¿Qué condiciones draconianas deben aceptar esas empresas para ser adjudicatarias? ¿De esa cifra, cuánto va a la construcción y cuánto a “otros gastos”? ¿A qué se le concede la prioridad, al bienestar de los alumnos y un buen proyecto educativo o a un discutible beneficio económico? Menuda banda