Abramos surcos y veredas, sembremos de ternura a la infancia en nuestros barrios,
y recogeremos los mejores frutos y legados. Las sonrisas de niños y niñas cuando juegan.
GETAFE/Tribuna con acento (25/10/2018) – La población infantil, de entre 0 y 16 años alcanza 7.893.387 que representa el 16,91% del total de la población española. Son en estas edades donde la Encuesta sobre Condiciones de Vida (ECV-2018) registra el mayor riesgo de pobreza y exclusión social que alcanza a 2,4 millones de niños y niñas que representa 31% de la población infantil, y más de 400.000 niños y niñas se encuentran en pobreza severa.
La población infantil de Getafe en 2016 era 31.261 personas que representaban el 17,27% de la población total. Si aplicamos los indicadores que recoge la ECV (2016) para el umbral de la pobreza y los extrapolamos al municipio de Getafe, con todas las precauciones necesarias que para la Comunidad de Madrid, se sitúan en 16,9% estaríamos hablando 5.283 niños y niñas bajo el umbral de la pobreza.
El perfil es de todos conocido, son niños y niñas que viven en hogares cuyos ingresos están por debajo de las rentas medianas. En concreto, aquellos compuestos por dos adultos y dos menores de 14 años, dicho umbral fue de 17.896 euros al año para toda la familia. Y aquellos que viven en hogares bajo la denominación de Carencia Material Severa cuyos ingresos alcanzan a 8.948 euros anuales. Estamos hablando de 745 euros mensuales para cuatro miembros de la unidad familiar. Pero no a todos les afecta por igual. La infancia sufre con mayor intensidad en los hogares monomarentales (generalmente madres con hijos a cargo) y en las familias numerosas. Aquellos donde sus miembros se encuentran en paro de larga duración, con bajos niveles escolares y especialmente inmigrantes que no dispone de redes familiares de ayuda.
Los efectos de la crisis se dejan sentir en muchas familias, por el debilitamiento de la protección social, los recortes en la educación, las dificultades en la compra de material escolar, se ven privados del derecho a participar en actividades extraescolares. Muchos de ellos abandona sus estudios de forma prematura. Los recursos destinados a la atención individualizada a la diversidad y a las dificultades de aprendizaje se han reducido de manera considerable. Situaciones que se dejan sentir en la salud y la alimentación. Tal como señalan las familias el 34 % no tienen capacidad de afrontar gastos imprevistos y en torno al 6,4 % tienen muchas dificultades en llegar a fin de mes. Aumentan las comidas con pasta y arroz y carecen de aporte proteico adecuado.
Si comparamos la realidad social de España con los países de nuestro entorno, comprobamos que es uno de los países de la Unión Europea que menos invierte en políticas de protección social y en la infancia. Eurostat (2016) señala que el dato de la inversión de un 1,3 % del PIB en protección social a la familia e infancia, se encuentra muy por debajo de la media europea del 2,3 %.
En la reciente evaluación del Comité de los Derechos del Niño de la ONU (marzo 2018) para España destacaron varias preocupaciones: Es necesario que se ponga urgentemente en marcha una amplia política social, estatal , autonómica y municipal, que incremente la inversión y extienda las ayudas sociales a la infancia. Prevenir y combatir la discriminación de colectivos como los niños con discapacidad, minorías étnicas, refugiados… Invertir en campañas públicas y educativas para luchar contra la estigmatización de estos colectivos. Existe una preocupación por el elevado número de niños y niñas que residen en centros de protección, la sobre ocupación en algunos de ellos, y los castigos o tratamientos abusivos a los que en ocasiones se les somete. Asimismo se recomienda la protección de los recursos destinados a la educación y apostar decididamente por la lucha contra el abandono escolar. Se requieren medidas urgentes en defensa de niños migrantes, refugiados y no acompañados, para garantizarles una adecuada protección. Entre otras.
En esta dirección se presentan los Presupuestos Generales del Estado (PGE) donde la partida destina a la Infancia se incrementaría en 829,9 millones de euros respecto al presupuesto precedente. Significa un avance pero resulta insuficiente. Una de las medidas más significativas y directa es el incremento hasta los 473 euros anuales, de la cuantía de la prestación por hijo/a menor de 18 años por razón de bajos ingresos (la dotación actual es irrisoria de 291 euros niño/año).
Además, otras medidas acordadas afectan directamente a la infancia. El aumento de las becas estatales y su orientación a los estudiantes con rentas más bajas, con un coste estimado de 536 millones. El acuerdo para financiar el material escolar para la enseñanza obligatoria a través de trasferencias a las comunidades autónomas. Todo el gasto acordado (50 millones) iría directamente a la infancia. Lo mismo ocurre con las ayudas para comedor para combatir la pobreza infantil, cuyo importe de 25 millones de euros.
Son medidas que se complementan indirectamente con otros fondos dedicados a la progresiva universalización de la etapa educativa de 0 a 3 años por un total de 330 millones. La equiparación del permiso de paternidad con un fuerte componente de igualdad de género y su impacto positivo en la conciliación y en el cuidado de la infancia. La ampliación hasta las 8 semanas del permiso de paternidad en 2019 se ha valorado en 300 millones. Y partidas presupuestarias de carácter general que tendrán impactos positivos en la infancia como son las relacionadas con la vivienda social, la pobreza energética, el incremento del salario mínimo interprofesional 900 euros al mes.
La calidad de la atención a la infancia desfavorecida en un país democrático es un indicador central de su calidad como sociedad. Cuando no es bien tratada muestra sus carencias más humanizadoras y su más baja disposición a construir una sociedad justa, al menos, con su eslabón más débil. Esperamos que la senda iniciada avance con mayor intensidad para dar una respuesta adecuada a esta injusticia enquistada desde hace tiempo entre nosotros. Entendemos que toda esta preocupación tiene que tener su máxima expresión a escala territorial. Imaginar que se lanza un Plan de Inclusión Social y no se contempla el análisis y diagnostico de la Población Infantil es necesario para que en su momento podamos evaluar las medidas que se propongan. Para ello debemos disponer de un conocimiento contrastado de la situación en Getafe y de las iniciativas de los Movimientos de Infancia de nuestra localidad.