La falacia de la ‘libre elección de centro educativo’

GETAFE/El aula sin muros (05/10/2018) – El próximo 10 de octubre el grupo municipal del Partido Popular de Getafe va a llevar a pleno una moción a favor de la escuela privada concertada, aunque se esconde tras el desgastado eufemismo de “la libertad de elección educativa de las familias”… ¡Qué perversión de la palabra libertad!

Nos parece una burla a toda la Comunidad Educativa de los centros públicos de nuestro municipio y del resto de localidades de Madrid, que está soportando en estos momentos los ataques más furibundos por parte del Gobierno del PP y sus socios.

Hemos entrado en el proceso preelectoral y la derecha quiere ganarse el plácet del potente lobby de la educación privada. No olvidemos además que buena parte de la enseñanza concertada está controlada por centros religiosos, con mucho poder y gran capacidad de movilización de los sectores sociales afines.

En realidad lo que se está poniendo de manifiesto es la esencia de la política del PP que tiene como objetivo prioritario acabar con los servicios públicos para engordar el sector privado. Si todavía no lo han conseguido es por el justificado prestigio del que goza el sector público entre la ciudadanía y el esfuerzo que manifiestan por defenderlo. Y como no les es posible por la vía rápida no dejan de inventar argucias. En el caso de la educación se recurre al desprestigio planificado de la escuela de titularidad pública: recortes presupuestarios, construcción de centros por fases, disminución de recursos, aumento de número de niños por aula por encima de los límites legales, eliminación de apoyos educativos, disminución de docentes y aumento de la interinidad…, y estímulos para favorecer el sector privado como el cheque escolar (infantil, FP o ahora en bachillerato), exenciones fiscales por gastos educativos en la enseñanza privada, cesión gratuita de terreno público, zonificación única y un sin fin de decisiones y leyes que pretenden minar el prestigio de una educación muy superior que es la de la escuela pública.

Entre el año 2009 y el 2017 el presupuesto dedicado a la educación en la Comunidad de Madrid disminuyó en torno a un 9% mientras que el presupuesto que se detrajo para la privada aumentó en casi un 25%. Es la autonomía que, junto a Euskadi y Cataluña, tiene mayor cantidad de escuela privada y no ha dejado de crecer en los últimos años, actualmente se ha llegado al 47’8 % privada y 52’2 % pública. También en España goza de buena salud con un 32 % de privada y 68% pública, mientras que en Europa la presencia de la privada se limita al 12%, (en Francia el 10%, en la añorada Finlandia el 1%,..). Somos también la comunidad autonómica que menos dinero dedica a educación con 2’7 % del PIB, frente al 4’1% de España y más del 5% de la Unión Europea.

La realidad es que no existe libre elección de centro para la mayoría de la población, son más bien los centros privados concertados los que eligen a su alumnado, excluyendo en la mayor parte de los casos al alumnado de menos status socioeconómico. Aunque en teoría toda la población escolar puede acceder, existen numerosas barreras que los impiden: exigencia de cuotas complementarias (ilegales pero consentidas), uso obligatorio de uniforme, ideario religioso e incluso segregación por sexos. Aparte que la privada solo quiere estar donde hay posibilidades de negocio. Así la derecha sigue con la falacia de la “libertad de elección de centros”, que en realidad solo beneficia al sector de la población con un estatus social más alto y que fijan sus expectativas en el sector educativo privado creyendo que la educación selectiva favorece el éxito escolar de sus hijos.

Todo ello nos muestra la opción clara de los poderes públicos de la Comunidad de Madrid, que deberían cuidar la escuela pública, por una escuela que está asentada en el negocio del mercado educativo, por no hablar de la extendida práctica del capitalismo de amiguetes que ya apareció en la investigación que se lleva a cabo en el conocido caso Púnica.

Nosotros consideramos que la educación es un derecho universal y que solo la Escuela pública puede garantizar el acceso de todos y todas a la educación sin discriminación por diferencias de origen social o geográfico, etnia, sexo o creencias; que la obligación de los poderes públicos es garantizar una escuela pública de calidad, dotándola de los recursos personales y materiales necesarios y que el dinero público debe ser empleado para mejorar la educación pública. Sabemos que en el sistema capitalista existe la libertad para crear empresas de carácter educativo, pero no se puede pretender que, con dinero público, se subvencionen proyectos educativos elitistas y excluyentes.

Nos parece indigno que determinadas opciones políticas aprovechen su control de las instituciones públicas para favorecer intereses privados, en contra del derecho a la educación. Getafe es una localidad de población mayoritariamente trabajadora que ha demostrado, a veces en circunstancias muy difíciles, ser capaz de luchar con dignidad por sus derechos y contra las injusticias y no va a permitir que se siga dañando a la Escuela Pública.