La única posibilidad que tiene de sobrevivir la monarquía en democracia es molestar lo menos posible
Cesáreo Rodríguez-Aguilera
GETAFE/Todas las banderas rotas (18/07/2018) – Las dos repúblicas que en España han sido se instauraron después de la huida de los monarcas reinantes en ese momento: Isabel II y Alfonso XIII. Este es un hecho que debería hacer reflexionar a unos y a otros, tanto a los partidarios de la monarquía como a los que no la quieren y, por supuesto, aunque no es esperable, a la propia Casa Real y al actual rey. Porque da la impresión, a la vista de lo que ya sabíamos y de lo que vamos sabiendo, que es la propia institución monárquica y sus principales representantes los que más han hecho y hacen para acabar con ella.
Mediante el relato de algunos hechos históricos intentaré mostrar cual ha sido el comportamiento de la última dinastía reinante en España, los Borbones; hechos que son, propiamente, traiciones al pueblo que abocan a la monarquía a su desaparición.
En la escuela se nos explicó la Guerra de la Independencia como la lucha contra un invasor en la que Carlos IV y Fernando VII estaban al lado del pueblo, hasta el punto de que a este último llegó a llamársele el Deseado. Pero la verdad histórica es muy otra: en ausencia del monarca, las Cortes reunidas en Cádiz redactaron la Constitución de 1812, la “Pepa”, que fue quizá el texto constitucional más avanzado de Europa entonces; y Fernando VII, vuelto a España una vez derrotado el invasor, fingió aceptarla escribiendo frases que se han hecho célebres: “He jurado esa Constitución, por la cual suspirabais, y seré siempre su más firme apoyo. (…) Marchemos francamente, y yo el primero, por la senda constitucional”, juramento que pronto traicionó porque, en 1814, pronunció estas otras: “Mi real ánimo es no solamente no jurar ni acceder a dicha Constitución, ni a decreto alguno de las Cortes…, sino el de declarar sin efecto, ahora ni en tiempo alguno…”. En los siguientes seis años se suprimieron la prensa libre y los ayuntamientos constitucionales, se cerraron universidades, se devolvieron las propiedades que se habían confiscado a la Iglesia… En fin, volvió el Antiguo Régimen.
Después de “el desastre de Annual”, ocurrido el 22 de julio de 1921, las Cortes promovieron la redacción de un informe en el que se documentaba la responsabilidad de altos jefes militares y, especialmente, del propio rey Alfonso XIII. Entonces este pronunció otra frase definitoria de la actitud de los Borbones a la hora de “defender” al pueblo: “Una dictadura es imprescindible e inevitable” y, para impedir que ese informe viera la luz, entregó el poder al general Miguel Primo de Rivera que ejerció como dictador desde 1923 hasta 1930.
Posteriormente, además de donar un millón de pesetas a los franquistas para apoyar la rebelión de estos, desde su exilio en la Italia de Mussolini ayudó en la compra de 40 aviones italianos que servirían para matar a españoles. Y, una vez finalizada la Guerra Civil, Alfonso XIII envió un telegrama al dictador para ponerse a su disposición: “A sus órdenes, como siempre, para cooperar en lo que de mí dependa a esta difícil tarea, seguro de que triunfará y de que llevará a España hasta el final por el camino de la gloria y de la grandeza que todos anhelamos”. ¿Hace falta añadir más?
A pesar de las reclamaciones, primero de Alfonso XIII, después de su hijo Juan, Franco no tuvo en cuenta a ninguno de los dos. Esperó hasta 1969 para designar al hijo de este último, Juan Carlos, como su sucesor aunque, desde 1947, la Ley de Sucesión ya constituyó a España como reino aunque sin rey por el momento. “El general Franco es, verdaderamente, una figura decisiva, histórica y políticamente, para España. Él es uno de los que nos sacó y resolvió nuestra crisis de 1936. Después de esto jugó un papel político para sacarnos de la II Guerra Mundial. Y, por esto, durante los últimos 30 años, él ha sentado las bases para el desarrollo de hoy en día, tal y como usted puede constatar. Para mí [Franco] es un ejemplo viviente, día a día, por su desempeño patriótico al servicio de España y, por esto, yo tengo un gran afecto y admiración”, declaraba Juan Carlos I en 1970 a una televisión suiza. Es suficientemente claro, ¿no?
Llegados a este punto, veamos, casi esquemáticamente, alguna de las últimas actuaciones de Juan Carlos I que, en mi opinión, van en la línea, como decía al principio, de acabar con la institución monárquica.
Aunque ya sabemos que no es así, pongamos que todo se inicia en Botsuana donde el entonces rey de España cazaba elefantes, mientras la mayoría de los españoles sufría lo más crudo de la crisis económica y esperaba cada mañana un nuevo caso de corrupción. Digo que todo empezó en Botswuana porque eran muchísimos los españoles que aún pensaban que Juan Carlos era un rey campechano que servía para hacer relaciones públicas y ayudaba a las empresas españolas en sus negocios en el extranjero; y fue entonces cuando a muchos se les cayó la venda de los ojos.
Poco después salió a la luz el “caso Noos” donde, en principio, resultaron implicados el yerno del rey y su propia hija, infanta de España. En estos días la filtración interesada de una conversación de Corinna Zu-Wittegenstein, tenida por amante de Juan Carlos, nos ha informado de la presunta participación de éste en el referido caso Noos y de su presunta implicación en negocios, comisiones, compra de terrenos, paraísos fiscales…
Esta situación llevó a la abdicación de Juan Carlos como única salida posible y, en consecuencia, a la llegada al trono de Felipe VI. Los monárquicos creyeron que los problemas se habían acabado porque Felipe era un rey joven, moderno, formado en el extranjero, con idiomas, generacionalmente distinto… Dio algunas señales al principio en cuanto a voluntad de transparencia y modernidad: la decisión de apartar a la infanta Cristina y a su marido, Iñaki Urdangarín, de la familia real y retirarles el título de duques de Palma, así como su discreta actuación durante la crisis institucional de 2015-2016, hizo pensar a algunos que llegaban nuevos vientos desde el palacio de La Zarzuela. Pero su discurso del 3 de octubre de 2016, alineándose con las tesis del gobierno del PP en cuanto a la crisis catalana, echó por tierra todas las esperanzas que pudieran tener monárquicos y simpatizantes varios.
El jurista Víctor Vázquez apunta: “Cuando la monarquía participa corre el riesgo de deslegitimarse” ya que “todo aquel que actúa como poder necesita una fuente de legitimidad democrática”.
Y este es el meollo de la cuestión, el de la legitimidad que la monarquía en general, y la española en particular, no tiene porque en un sistema democrático todos los cargos políticos o de representación, incluido, por supuesto, el de la jefatura del Estado, ha de ser elegido por el pueblo.
Pero este es un asunto de tal envergadura que exige dejarlo para otra ocasión. Ahora toca disfrutar del verano… y prepararse para lo que vendrá en el otoño.
jose valentin
21 julio, 2018 at 13:16
Efectivamente, desde su creación como dinastía, los Borbones han sido un continuo despropósito. Si los Borbones son el testigo de la historia de España, son, sin duda, testigo de lo mas canalla de la historia de España.