Por Miguel Lancho y Julio Rogero, del Colectivo Escuela Abierta el 1 junio, 2018@GetafeCapital
GETAFE/El aula sin muros (01/06/2018) – Hace unos días en un círculo del ámbito educativo se hablaba de las “reformas gol” y se decía que son aquellas que, tras el triunfo en las urnas, lleva a cabo el partido vencedor para meterle un gol político al partido contrario. Más allá de lo acertado de la metáfora esto es lo que ha venido ocurriendo de forma sistemática en España desde el inicio de la democracia, por eso no nos extraña que se haya convertido en un clamor general la necesidad de un pacto político que defina unos principios educativos básicos que sean aceptados por todos, con independencia del color político.
Desde el año pasado el tema central de la educación en nuestro país ha girado en torno a un posible pacto educativo entre las fuerzas políticas. Se creó en el Congreso una subcomisión dentro de Educación para tratar este tema. En ella participaron todos los grupos políticos con representación parlamentaria. Se propusieron llegar a un acuerdo en torno a quince asuntos de importancia para la educación hoy. Después de más de un año de reuniones se paralizó el trabajo de la subcomisión porque varios partidos entendieron que, en la situación actual, era inviable un pacto por existir divergencias insalvables entre ellos. Habían comparecido ya casi cien representantes de diferentes asociaciones y organizaciones educativas, además de diferentes expertos en distintos aspectos de la educación. Cuando se pasó al debate y propuestas en torno a los quince puntos clave, se puso de manifiesto la actitud intransigente del grupo de poder:
La propuesta de presupuestos del Estado para el 2018 contemplaba una disminución del gasto en educación. Quedaría en torno al 3’8% del PIB para bajar hasta el 3’4% en 2022. La mayoría de los grupos políticos exige para el acuerdo alcanzar la media de inversión de los países de nuestro entorno, estimada en torno a un 5%, con el propósito de llegar al 7%. La posición intransigente del Partido Popular ciñéndose a lo estipulado en los presupuestos generales de 2019, fue un obstáculo insalvable para que, el Partido Socialista primero, Unidos Podemos después, seguidos de otros grupos, abandonaran la Subcomisión del pacto y dieran a éste por fracasado. Quedaron PP y Ciudadanos en ella, conscientes de que aquello no tenía salida.
Tras este hecho se hizo más evidente la sospecha y, después la certeza de que lo que estaba sucediendo en la realidad cotidiana del sistema educativo de nuestro país era la voluntad de seguir avanzando en la implantación de las políticas educativas regresivas, que el actual ministerio de educación viene aplicando desde al año 2011.
Estas políticas pretenden llevar a cabo la implantación definitiva y completa de la ley de la reforma educativa del PP (la LOMCE: Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la Educación); el asentamiento de un modelo educativo al servicio de la economía especulativa; la incorporación a la educación de los valores dominantes en esta sociedad capitalista neoliberal: competitividad, individualismo feroz, excelencia restringida, consideración exclusiva del esfuerzo como justificación del éxito o fracaso escolar, el rendimiento ligado a los resultados, recurrencia al emprendimiento como fórmula mágica contra el desempleo…; la potenciación de una escuela clasista al servicio de las clases dominantes; la potenciación de la educación como un bien que se compra en el mercado de la educación por quienes la pueden pagar y no como un derecho para todos; la privatización de la educación pública y el negocio; los recortes crecientes de los recursos y del profesorado en escuela pública; la eliminación de la compensación educativa; al asentamiento de programas selectivos e excluyentes como el bilingüismo y los bachilleratos de excelencia o la persistencia de la asignatura de religión en un estado supuestamente aconfesional. No pretendemos ser exhaustivos en la enumeración de las decisiones sobre política educativa, llevadas a cabo por el gobierno actual, para alcanzar el inconfeso objetivo de la destrucción de la escuela pública, que se hacen interminables.
Este intento de pacto educativo era visto por mucha gente, ligada a movimientos sociales de renovación pedagógica, de defensa de la educación como derecho inalienable y de una escuela pública de la máxima calidad para todos y todas, como un entretenimiento y un engaño para seguir afianzado, también en la educación, las políticas neoliberales del partido en el poder. Nos parecía preocupante que no lo tuvieran claro los que participaban directamente en la subcomisión. Quizás no podía ser de otra manera y se sentían comprometidos a intentarlo de nuevo. Pero la realidad es que hemos acumulado casi dos años de retroceso, porque mientras tanto las políticas educativas regresivas del PP y Ciudadanos se han seguido consolidando de forma inexorable. Este es un tiempo precioso que deberemos recuperar si queremos consolidar un modelo educativo liberador que garantice el éxito educativo para todos y todas.