La alcaldesa de Getafe confunde firmeza con insensibilidad

GETAFE/El rincón del lector (25/04/2018) – Ser de izquierdas es optar por los pobres, indignarse ante la exclusión social, rebelarse contra toda forma de injusticia o considerar una aberración la desigualdad social.

Desde esos principios, hace 20 años un Gobierno plural de la izquierda constituyó la Empresa Municipal de Limpiezas, (LYMA), municipalizando este servicio público.

Es decir, además de mejorar el servicio desde el punto de la economía, la eficacia, y la eficiencia, como varios premios del sector le reconocieron al poco tiempo de su creación, centró su atención también, en conseguir empleo a colectivos con dificultades especiales para encontrar trabajo, como son las personas con discapacidad, los parados de larga duración, o las personas en situación de vulnerabilidad, entre otros.

Valga esta breve introducción para recordar qué es y cómo se constituyó la Empresa Municipal (LYMA), y el drama social que están sufriendo 25 personas despedidas desde hace más de un año, por los supuestos hechos de haber utilizado indebidamente unas ayudas sociales previstas en el convenio colectivo de la empresa.

Muchas de ellas están ya en exclusión social, han perdido sus viviendas, y tienen que acudir a organizaciones sociales para poder comer y vestir.

Siempre hemos creído en la izquierda, que una de las características fundamentales del Estado de Derecho, es que el objetivo final de una sanción sea garantizar que no se vuelva a producir el hecho que la motiva, de forma equilibrada y proporcional, y que a su vez permita la rehabilitación del que la comete, teniendo en consideración también lo reparable o irreparable del efecto del hecho que puede motivar la sanción.

Parece claro que después de más de un año de haber sido despedidos, las cantidades están más que recuperadas, (en torno a 500 euros). Incluso con un mes de empleo y sueldo de sanción, también se hubiesen resarcido sobradamente las supuestas cantidades percibidas irregularmente. Pero no. La opción del despido no contempló nada de esto. No contempló la sanción, la recuperación de lo supuestamente percibido anómalamente y la rehabilitación. Solo contempló la «ejecución laboral y social», con la consiguiente exclusión social.

Los 25 trabajadores y trabajadoras de LYMA han afrontado los procesos laborales, con diferentes suertes. Unos han tenido sentencias favorables y se han reincorporado y otras y otros no. Esta circunstancia por sí sola, ya debería llevar al Gobierno municipal a recapacitar sobre su inflexible decisión inicial, implacable e injusta, así como al Pleno municipal, incapaz de ejecutar sus propias decisiones de proceder a la readmisión de las personas despedidas, generando aún mayores cuotas de injusticia y desprotección de los trabajadores y trabajadoras.

Pero ahora a la alcaldesa todavía todo esto se le ha debido hacer poco. Ahora comienza otro calvario para las trabajadoras y trabajadores despedidos, ya sean con sentencia favorable o desfavorable: Ahora corresponde abrirles procedimientos penales con solicitudes de penas de más de dos años de prisión.

Seguimos reivindicando el diálogo y la negociación con los sindicatos de clase porque es necesaria y posible. La alcaldesa debería entender que sentarse en una mesa de diálogo no puede representar una amenaza para los representantes de los ciudadanos y ciudadanas, todo lo contrario, refuerza su compromiso con la sociedad y los valores a los cuales dice representar. El diálogo y la capacidad de lograr acuerdos definen la acción política.

Pedro Castro, Gregorio Gordo, Juan Manuel Vela, Alfonso Carmona y Antonio Suárez (alcalde, primer teniente de alcalde, concejales del Gobierno municipal (PSOE-IUCM) y primer gerente, que constituyeron la Empresa Municipal de Limpieza (LYMA), en 1997).