GETAFE/El aula sin muros (01/03/2018) – ¡Que no intenten confundirnos! La Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid tiene establecidas por ley, las competencias para la construcción de los centros educativos de titularidad pública atendiendo a las necesidades de escolarización de la población, desde los 0 años hasta la educación de adultos. Los ayuntamientos no tienen esa competencia y tampoco la asignación presupuestaria para desarrollarla.
Que no nos cuenten milongas, la Comunidad de Madrid tiene la obligación legal y moral de construir los centros educativos que se necesitan en Getafe y en otras localidades de la región y dispone de la información demográfica necesaria y suficiente para tenerlos terminados en el momento que sean necesarios.
No pueden contarnos que no se dispone de los recursos económicos necesarios. Nuestra comunidad, con un PPC1 en torno a los 33.000 €, es la más rica de España, aunque muchos vecinos y vecinas de Getafe no lo notemos, porque el nivel de renta se reparte de forma muy desigual. Sin embargo es la más cicatera a la hora de invertir en educación y dedica solo un 2,7% del PIB a Educación, muy por debajo de la media de todas las comunidades (4,3%) y muy lejos aún de la media de la UE que ronda el 5,5 %.
¿Por qué no construye todos los centros educativos públicos de una sola vez? ¿Qué fundamento tiene ese nuevo truco de prestidigitador de la construcción por fases? Todo obedece a una estrategia política de ralentizar la construcción de centros públicos para abrir camino a la oferta privada. Forma parte de su obsesiva recurrencia a la privatización de los servicios públicos, que afecta de igual modo a la sanidad o los servicios sociales y que en educación se complementa con otras medidas como las deducciones fiscales para los gastos educativos en centros privados, el cheque escolar (de cuyo uso puede dar cuenta la Sra. Figar), la zonificación única para que los centros privados puedan ampliar su clientela o la cesión de suelo público para la construcción de centros concertados. Todo eso con la disculpa del “derecho a la libre elección de centro”. Esta política se ha concretado en una disminución progresiva del gasto educativo en la Comunidad de Madrid con el cierre de aulas en la escuela pública, mientras los conciertos educativos no han dejado de crecer ni siquiera en los peores años de la crisis.
En los años finales de los setenta y principios de los ochenta del pasado siglo, cuando éramos mucho más pobres, el gobierno de UCD2 primero y el del PSOE después, se vieron forzados a atender la fuerte demanda de escolarización construyendo varios centros educativos cada año, en Getafe y en múltiples ciudades del cinturón de Madrid. ¿Por qué ahora no es posible?
Afortunadamente la ciudadanía de Getafe tiene dignidad y tiene una amplia trayectoria de lucha por una sociedad más justa e igualitaria, lo hizo corriendo serios riesgos en los tiempos más oscuros del franquismo y lo ha seguido practicando en democracia cuando ha considerado que sus derechos sociales eran pisoteados.
En los últimos años la comunidad educativa de varios colegios de Getafe se rebeló contra el cierre de aulas en los centros públicos y contra el nombramiento a dedo de equipos directivos por parte de la administración educativa y, con el apoyo de toda la ciudadanía, se logró detener esta lesiva propuesta.
En la actualidad las familias de los barrios de los Molinos, El Bercial y Buenavista están manteniendo una lucha valiente contra el catastrófico sistema de construcción por fases, del que puede dar fe el CEIP Emperador Carlos V para cuya terminación se van a emplear siete años. ¡Siete años de incumplimientos en los que los niños y niñas tuvieron que convivir con obras! Con todos los riesgos y molestias que eso conlleva.
Se han conseguido muy pequeños avances: que Getafe sea la localidad de Madrid en la que se haya dedicado más presupuesto para equipamientos, que en algunos casos la Consejería de Educación trate de ganar tiempo anunciando que reducirá a tres fases el periodo de construcción. Pero las AMPAS (asociaciones de madres y padres) de los centros afectados, con el apoyo de la Plataforma por la Escuela Pública, no se conforman y se han unido para exigir, de forma conjunta y solidaria, la desaparición del sistema de construcción por fases y el pernicioso sistema de licitación a la baja que provoca el abandono de empresas y la ralentización de las obras. Somos conscientes que para esta tarea se va a necesitar el concurso de todos los centros afectados de la comunidad de Madrid.
Por ello no deja de sorprendernos que surjan iniciativas que, al margen de este movimiento, planteen que el Ayuntamiento de Getafe sea el que se encargue de terminar la construcción del centro de los Molinos (¿por qué no en otros barrios?), que los vecinos de Getafe corran con unos gastos que corresponden a la Consejería de Educación, detrayéndolos de otros servicios públicos necesarios en el municipio y que se ponga en peligro una unidad de acción que es pionera en la Comunidad de Madrid.
Debatamos si se cree conveniente que los ayuntamientos adquieran esas competencias y que se les dote del presupuesto correspondiente. Nosotros creemos que es un mal precedente trasladar la idea de que si la Consejería no cumple con sus competencias, deberes y compromisos los ayuntamientos (que no tienen esas competencias, sean solventes o no) acudan al rescate y que para un problema global, como es la política privatizadora del gobierno del PP, se opte por soluciones cortoplacistas que nos enfrenten a aquellos movimientos que defendemos un modelo de Escuela Pública de calidad, para todos y todas.
Solo un Gobierno de la Comunidad de Madrid comprometido con la Escuela Pública va a solucionar los problemas de la Escuela Pública y eso exige renunciar a los propios intereses corporativos o partidistas y remar todas las fuerzas de progreso en una misma dirección.
¡Y mientras tanto los enemigos de lo público dando palmas!
1. Producto Interior Bruto por habitante (PIB per Cápita)
2. La firma de los llamados Pactos de la Moncloa el 25 de octubre de 1977 supuso un intento de modernizar el país que incluía un impulso a la educación, dando lugar a la construcción de numerosos centros escolares en toda España.