GETAFE/Palabra de concejal (19/03/2018) – La violencia digital no ha dejado de crecer desde que las redes sociales se han popularizado. Las alarmas llevan años sonando, por eso no es casualidad que la última reforma de nuestro Código Penal en el 2015 incluyese como delitos el acoso y la difusión sin autorización de imágenes íntimas a través de internet, con penas agravadas en casos de violencia de género.
No estamos hablando de ciberbullying escolar, a pesar de que ha sido uno de los problemas de las redes sociales que más rápido afloraron y que ha todos nos sigue preocupando. En este caso, estamos hablando de ciberdelitos.
Ciberdelitos cuyas denuncias pertenecen principalmente a mujeres, quienes se ven convertidas en un blanco fácil para los cobardes que se esconden tras un dispositivo digital.
Muchas de estas mujeres se ven sometidas a una nueva forma de violencia de género, aquella que se establece a través de patrones de control o sometimiento, aparentemente normalizados, que se disfrazan de muestras de amor.
Nos encontramos entonces ante el siguiente problema. A pesar de que nuestras leyes ya contemplan estos delitos, incluyendo la sextorsión o el chantaje mediante el uso de contenidos íntimos, lo que debemos preguntarnos es ¿cuántas mujeres conocen esto realmente? ¿Y cuántas de las que sí lo conocen, no se atreven a denunciarlo? Después, viene la peor de todas las preguntas: ¿cuántas se han quitado la vida por algo así?
En febrero de 2016 se ahorcó Tiziana. Una joven italiana de 33 años se suicidó tras el escarnio público al que fue sometida cuando su pareja difundió varios vídeos íntimos de contenido sexual en los que ella era la protagonista.
Estas imágenes acabaron en páginas pornográficas y otras plataformas, y a pesar de ganar el juicio y el “derecho a ser olvidada”, el tribunal le obligó a pagar 20.000 euros en costas al dar por hecho que consintió la difusión de las mismas.
Lo que pasó Tiziana fue un infierno en vida. Los videos se hicieron virales, los programas de televisión hablaban de ello y hacían mofas ilimitadas. A tal punto llegó, que acabaron por camisetas y carcasas para móviles con una de las frases que ella decía en el video.
A pesar de haber ganado el juicio, nunca logró eliminar los vídeos de la red. Sufrió una humillación y vejación pública intolerable, vio destrozada su vida y no pudo más. Hasta que se quitó la vida.
Es necesaria ahora la reflexión. ¿Y si ella fuese tu hija, tu hermana o tu madre?
Aún habrá que escuchar a quienes culpabilizan a la víctima. Habrá primates insensibles que digan: “Es tu responsabilidad”; “¿Cómo se te ocurre enviar eso?”; “Si no te grabas, no te pasa”. Y se equivocan. Se equivocan porque el sexting, como se conoce al intercambio de contenido sexual entre dos personas en su intimidad, NO es un delito y no puede demonizarse, porque hablamos de nuevo de una cuestión de libertad y respeto.
Lo que SÍ es delito es lo que, en algunos casos, viene después. La difusión malintencionada a terceros sin el consentimiento de la afectada. Eso es lo repugnante y despreciable. Eso es lo que hay que combatir. Y para combatir todos estos males, la mejor cura es la educación.
El viernes conseguimos que se aprobara en el pleno nuestra proposición para la elaboración de un protocolo que actúe desde la raíz del problema y aporte soluciones rápidas y eficaces cuando se detecte una situación de estas características.
La respuesta penal es el último eslabón de la cadena. Nuestra obligación desde los Ayuntamientos es la de prevenir, sensibilizar y proteger sobre todo tras el aumento de casos cada vez en edades más tempranas.
Solo así evitaremos que haya otras Tizianas.