He puesto sobre mi mesa
todas las banderas rotas…
(…) Rota permanece aquella
que ponía libertad…José Antonio Labordeta
GETAFE/Todas las banderas rotas (21/02/2018) – En 1509 España y Portugal firmaron un acuerdo por el que se legitimaba el derecho de la primera a establecerse en una franja costera del Sahara. Eran otros tiempos en los que una potencia, mediante guerras o acuerdos con las otras potencias que podrían tener intereses similares, tomaba un territorio, bien por las armas o, como es el caso, ocupando pacíficamente un territorio que no estaba previamente ocupado o porque sus ocupantes lo permitían o aceptaban de mejor o peor grado.
A partir de entonces esos territorios han pasado por muchas vicisitudes: tensiones, acuerdos, guerras, tratados, resoluciones de la ONU, que fueron conformando lo que hoy son, tanto física como social y políticamente.
No voy a narrar la historia de todo ese proceso, sino a resumir la situación presente. Actualmente Marruecos ocupa ilegalmente, a partir del abandono por parte de España, la mayor parte del territorio, mientras que la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), dirigida por el Frente Polisario, controla el resto (aproximadamente un 35%). Entre ambas zonas Marruecos ha levantado muros y se mantiene, después de una larga guerra, un estado de tregua vigilado por la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO).
La población saharaui permanece dividida: una parte continúa en el territorio ocupado por Marruecos y otra en los campamentos de Tinduf (Argelia). En el primer caso se hallan sometidos a las condiciones que les impone el gobierno marroquí, condiciones que, en muchas ocasiones, incumplen los derechos humanos reconocidos internacionalmente. En los campamentos la vida es durísima puesto que carecen de todo y, por ello, dependen de la ayuda internacional para subsistir, ayuda que ha disminuido considerablemente en los últimos tiempos con la excusa de la crisis.
Sería muy farragoso, y no creo que venga a cuento, enumerar los acuerdos y desacuerdos entre las partes o las decisiones y resoluciones de las Naciones Unidas al respecto, o analizar el contenido de la sentencia del Tribunal Internacional de Justicia de La Haya; pero sí creo que interesa conocer las consecuencias que pueden extraerse de una y otras. En mi opinión, son las siguientes:
Según la sentencia del Tribunal de La Haya, no existe “ningún vínculo de soberanía territorial entre el territorio de Sahara Occidental, por una parte, y el reino de Marruecos o el complejo mauritano por la otra. Por lo tanto, la Corte no comprobó que existieran vínculos jurídicos capaces de modificar la aplicación de la Resolución 1514 en lo que se refiere a la descolonización del Sahara Occidental y, en particular, a la aplicación del principio de la libre determinación mediante la expresión libre y auténtica de la voluntad de las poblaciones del territorio”.
Tal como certifica el secretario general de la ONU en su informe de 19 de abril de 2006, ningún Estado miembro de las Naciones Unidas ha reconocido la soberanía de Marruecos sobre el Sahara Occidental. Esa situación se mantiene al día de hoy. Por el contrario, a la República Árabe Saharaui Democrática la reconocen la Unión Africana y 84 países, ninguno de ellos europeo.
La ONU sigue considerando a España como “potencia administradora” del territorio saharaui, lo que comporta responsabilidades y obligaciones que nuestro país no cumple.
El territorio de Sahara Occidental es uno de los 17 incluidos en la “lista de territorios no autónomos de las Naciones Unidas” pendiente, por tanto, de descolonización.
Después de tantos años y tantas Resoluciones la situación permanece sin solución porque los intereses de potencias como Estados Unidos, China, Francia e, incluso, España, y el desinterés de otras muchas la hacen imposible. Entre esos intereses están, sobre todo, la mina de fosfatos de Bu-Craa que pasa por ser una de las más grandes del mundo; Marruecos controla el 30% de las reservas mundiales de fosfatos consideradas por Estados Unidos como estratégicas. También forman parte de esos intereses las grandes posibilidades de pesca que tiene el mar territorial saharaui que Marruecos está esquilmando.
Por tanto, Marruecos, Estados Unidos, China, Francia y otros defienden sus intereses exclusivamente económicos; España hace oídos sordos a una demanda justa y legal porque, en el pasado, la enfrentaba a la situación del País Vasco y a la lucha violenta de ETA por la independencia y, en el presente, a las exigencias de los independentistas catalanes. Mientras, alrededor de medio millón de saharauis, repartidos entre la zona ocupada por Marruecos y los campamentos de Tinduf, sufren las consecuencias.
Es por todo esto, y porque el próximo 27 de febrero se cumplirán 42 años del nacimiento de la República Árabe Saharaui Democrática, por lo que he querido rendir mi humilde homenaje a unas gentes que lo merecen porque su situación es fruto, no de sus errores o culpas, sino de intereses ajenos.
Los españoles, como nación, tenemos, por todo lo dicho, una responsabilidad esencial en su sufrimiento y, a título individual, les debemos, al menos, nuestra solidaridad.