Los impuestos que la Iglesia Católica no paga, versus libertad religiosa

La religión es verdadera para los pobres, falsa para los sabios y útil para los líderes.
Séneca.

GETAFE/Todas las banderas rotas (24/01/2018) – Hace unos días se publicó una sentencia de un tribunal español que condena a la Iglesia Católica, más concretamente al colegio La Inmaculada-Padres Escolapios de Getafe, a pagar el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras correspondiente a las obras de ampliación de un salón de actos del citado colegio por tratarse de actividades comunes y no religiosas. Esta decisión de un tribunal español venía obligada por otra sentencia del Tribunal Europeo de Justicia que señalaba “que conceder exenciones fiscales a las obras que realice la Iglesia católica en inmuebles ajenos a la actividad religiosa constituye una “ayuda de estado” prohibida por el artículo 107.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea”.

La Alcaldesa de Getafe se congratuló de estas sentencias por lo que significaban, es decir, porque la justicia se aplicara a todos los españoles por igual. Esta actitud de la alcaldesa provocó la airada respuesta de un ciudadano que la acusó de estar “cargada de odio e inquina a la iglesia y el cristianismo” y, a continuación, daba una serie de argumentos para justificar una acusación tan grave. Me voy a permitir servirme de estos hechos, siguiendo el escrito de ese ciudadano, para dar mi visión sobre algún aspecto de los problemas de la relación Iglesia-Estado en España sin pretender ser exhaustivo puesto que requeriría mucho más espacio del que dispongo. Seguramente otro día escriba sobre otros aspectos del mismo asunto.

Primero, la Iglesia (supongo que se refiere a la católica) no somos la inmensa mayoría de los ciudadanos de Getafe como él dice. La realidad es que, de acuerdo con los datos del Centro de Investigaciones Sociológicas, en febrero de 2016 un 70,2% de la población española se declara católica, pero sólo el 12,1% reconoce practicar esa religión. Es decir, trasladando esos porcentajes a Getafe (178.288 habitantes en enero de 2017 según el INE), unos 125.000 getafenses dirían sentirse católicos pero solo poco más de 21.500 lo serían realmente porque practican su religión. Otro dato a tener en cuenta a este respecto es que los ingresos procedentes de la X en la casilla de la Iglesia en la Declaración de la Renta se han desplomado: si en 2008, a nivel nacional, suponía casi el 22% de esta asignación tributaria, en 2016 apenas supuso un 14%; por tanto, en Getafe, actualmente, solo unas 25.000 personas demuestran ser católicos porque, de forma voluntaria, colaboran económicamente con la Iglesia católica. Así que el vecino que critica a la alcaldesa no tiene razón en todo, pero sí en una cosa: somos la inmensa mayoría los que pagamos impuestos de los que se beneficia la Iglesia católica, estemos de acuerdo o no.

También tiene razón en que nuestro sistema tributario intenta (solo lo intenta, no lo consigue) ser justo y progresivo y que redunde en el bienestar de la sociedad, por lo que tiene una serie de exenciones y bonificaciones fiscales tanto a personas físicas como jurídicas. Pero no tiene razón en que sea la Iglesia católica la que deba gozar de esas exenciones “porque es la mayor institución de utilidad pública que existe, reflejada en la inmensa labor social, caritativa, cultural, educativa, sanitaria, religiosa… que realiza en beneficio de toda la sociedad”. No, lo que el Estado aporta a la Iglesia Católica detrayéndolo de los impuestos de todos (católicos y no católicos), ésta lo dedica prioritariamente a mantener su estructura en la que los sueldos de todos los que forman dicha estructura, desde obispos a empleados seglares de todo tipo, se llevan una parte muy sustancial. De lo que se trata es de separar el trigo de la paja:  defiendo que cualquier institución (llámese Iglesia católica o cualquier otra) que actúe sin ánimo de lucro en beneficio de la sociedad, deberá beneficiarse de las exenciones o bonificaciones fiscales que la ley establezca, en función del beneficio social que produzca; otra cosa es que el Estado (es decir, todos los contribuyentes) hayan de mantener a una institución (llámese Iglesia católica o cualquier otra), por ser quien es, independientemente de lo que haga o del fin último que dé al dinero recibido. En mi opinión, si no se hace así, se está defraudando al conjunto de la ciudadanía.

El vecino cuyo escrito vengo siguiendo, lanza, refiriéndose, claro, a la Iglesia católica, una frase lapidaria: “Encima de hacer el bien tiene que pagar por ello”. No, no ha de pagar por el bien que haga, ha de pagar, como todos y cada uno de los españoles, por todo aquello que le suponga un beneficio a la propia institución. Por ejemplo, el colegio La Inmaculada-Padres Escolapios es una institución educativa acogida al régimen llamado “concertado”, lo que significa, entre otras cosas, que, según la Ley, ha de cumplir determinadas normas en cuanto a la enseñanza que ha de dar a sus alumnos (por ejemplo, la enseñanza obligatoria es gratuita) pero tiene la posibilidad de ofrecer a estos una serie de servicios adicionales por los que puede cobrar las cantidades que considere oportunas. Bien, pues por lo primero (enseñanza obligatoria gratuita) no solo no abona impuestos, sino que recibe subvenciones. Pero por lo segundo (servicios adicionales por los que obtiene un beneficio) ha de pagar los impuestos establecidos como cualquier español, sea particular o empresa, cosa que, hasta ahora, no han hecho, ni el colegio La Inmaculada-Padres Escolapios, ni la Iglesia Católica.

Otro ejemplo (y habría muchos más, pero con este basta). La Iglesia Católica, mediante el procedimiento de inmatriculación (que muchos consideramos que es un robo legal a todos los españoles, pero este es otro asunto en el que ahora no entraré) se apropió de la Mezquita de Córdoba pagando la ¡enorme! suma de 30 euros. Actualmente se supone que la Iglesia ingresa unos 13 millones de euros al año por la venta de entradas; digo se supone porque la Iglesia no proporciona dato alguno al respecto. ¿Cuál es la función social de esos 13 millones de euros que la Iglesia católica ingresa anualmente? ¿Alguien puede justificar, honestamente, que no deba contribuir por ellos en beneficio de todos los españoles?

Dice también el vecino, y aquí llega el meollo de la cuestión, que “Con esta medida se pone en riesgo la libertad de enseñanza y el acceso de las clases menos pudientes a elegir un colegio de ideario católico, porque serán las familias quienes tengan que pagar por ello, contraviniendo con ello la constitución (sic)”. Dejemos aparte lo que dice la Constitución al respecto, que parece que este vecino no ha leído con suficiente atención. Lo que ocurre es exactamente lo contrario: al no pagar impuestos quienes están obligados a pagarlos (en este caso, la Iglesia católica), se reducen las cantidades que deberían destinarse, entre otros gastos sociales, a la enseñanza pública que es a la que puede acceder la gran mayoría de la población; mientras, el actual gobierno del PP está aumentando las subvenciones a la enseñanza privada. Es decir, los que tienen dinero siempre tendrán la libertad de llevar a sus hijos al colegio que quieran: privado, concertado o público; los que carecen de dinero, no tienen la libertad de llevar a sus hijos a un colegio “de pago”, ni siquiera a esos colegios que, disfrazados de concertados, cobran  por diversos servicios que los “menos pudientes” no pueden pagar. Así que ¿de qué libertad hablamos? ¿De la libertad de quién?

Si tanto le preocupa a este vecino, y a los que piensan como él, entre los que incluyo a la Jerarquía católica, “la libertad de enseñanza y el acceso de las clases menos pudientes a elegir un colegio de ideario católico”, lo tienen fácil: para empezar, paguen sus impuestos religiosamente; después, ofrezcan gratuidad total, repito TOTAL, a todo aquel que quiera educarse según el ideario católico. Claro que eso exige que cumplan ellos con ese ideario lo que, según mi experiencia, veo muy difícil.