GETAFE/Economía (15/01/2018) – Por primera vez un juzgado español ha dado la razón a la administración en el cobro del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) a la Iglesia Católica. Se trata de una sentencia pionera en todo el país que obligará a la Iglesia a pagar 23.730,41 euros en concepto de este impuesto por las obras de ampliación de un salón de actos en el Colegio La Inmaculada-Padres Escolapios, al tratarse de actividades comunes y no religiosas.
La alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, ha mostrado su “satisfacción porque la justicia viene a corroborar la idea que siempre hemos defendido en Getafe, que todos tenemos los mismos derechos y debemos afrontar las mismas responsabilidades. Se trata de un hito en nuestro país que esperamos se haga extensible a otras exenciones no religiosas de la Iglesia Católica”.
El pasado 27 de junio el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaba una sentencia, en la que obligaba al Estado Español a modificar su postura respecto a las exenciones fiscales reconocidas a la Iglesia Católica, cuando realiza actividades económicas ajenas a las estrictamente religiosas. Primero el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y ahora el Contencioso Administrativo de Madrid, han dado la razón al Ayuntamiento de Getafe en la cuestión prejudicial C-74/16, al señalarse que conceder exenciones fiscales a las obras que realice la iglesia católica en inmuebles ajenos a la actividad religiosa constituye una “ayuda de estado” prohibida por el artículo 107.1 de la Unión Europea.
Juan
15 enero, 2018 at 21:28
Esta alcaldesa de Getafe, como un parte de la izquierda, lo que está es cargada de odio e inquina a la iglesia y el cristianismo. Decirle a esta señora, que la iglesia somos los miles de ciudadanos de Getafe que somos cristianos, es decir, la inmensa mayoría. Por lo tanto si la iglesia tiene que pagar impuestos, somos la inmensa mayoría de los ciudadanos de Getafe a quien ella representa los que los tenemos que pagar. Así que no sé de qué se alegra. Nuestro sistema tributario intenta ser justo y progresivo y que redunde en el bienestar de la sociedad. En base a ello tiene una serie de exenciones y bonificaciones fiscales tanto a personas físicas como jurídicas. Si hay un colectivo e institución que merece gozar de esas exenciones, esa es la iglesia, porque es la mayor institución de utilidad pública que existe, reflejada en la inmensa labor social, caritativa, cultural, educativa, sanitaria, religiosa…que realiza en beneficio de toda la sociedad. Encima de hacer el bien tiene que pagar por ello. Con esa medida se pone en riesgo su labor. Como dice que no es una actividad religiosa debe pagar por ello. Por esa regla de tres tendrán que desaparecer todas las bonificaciones y exenciones fiscales de todas las asociaciones incluidas las ONGS, porque no realizan una labor religiosa. Con esta medida se pone en riesgo la libertad de enseñanza y el acceso de las clases menos pudientes a elegir un colegio de ideario católico, porque serán las familias quienes tengan que pagar por ello, contraviniendo con ello la constitución. O sea que una medida en contra de los ciudadanos es lo que es esto. Y no nos olvidemos que con la desamortización o robo de los bienes de la iglesia por parte del estado para dárselo a los ricos, que eso es lo que fue, el estado español para compensar por ese expolio, se comprometió para siempre a mantener el culto y clero católicos, cosa que no hace y exenciones fiscales, cosa que empieza a no hacer.
Antonio Calvete
15 enero, 2018 at 16:50
Está muy bien, pero sólo es el primer paso. Ahora todos los Ayuntamientos, Comunidades Autónomas y, sobre todo, el Gobierno de la nación deben atravesar esta puerta que ha sabido abrir el Ayuntamiento de Getafe para recuperar muchos millones que no son de la Iglesia Católica, sino de todos los españoles.
Y, a continuación, seguir profundizando, desde todas las instituciones, para que se cumpla por completo el artículo 16 de la Constitución Española que dice: “Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades…”. Y también: “Ninguna confesión tendrá carácter estatal”.
Hasta que, por fin, lleguemos a conseguir que la separación entre la Iglesia y el Estado sea completa.