Las sentencias de la discordia en LYMA

GETAFE/Sociedad (13/09/2017) – Sentencias a favor de la readmisión de los despedidos de LYMA y sentencias en contra. Los jueces han emitido al menos seis decisiones en las que a partes iguales se da la razón a la empresa en el despido o se estima que ha existido «indefensión» del trabajador en la tramitación del expediente por lo que lo considera improcedente. GETAFE CAPITAL ha tenido acceso a dos sentencias: una de cada parte, donde los jueces hacen sendas exposiciones de las circunstancias que han llevado a la situación actual. 

El magistrado del Juzgado de lo Social 31 de Madrid hace una narración de lo sucedido en su sentencia en la que ratifica la decisión del despido de uno de los trabajadores de LYMA a través de los ‘hechos probados’. Se detecta que una trabajadora había presentado sendas facturas en las que coincidía fecha, concepto y número además de que «estaban manipuladas a mano». El importe de la primera era de 255,37; la segunda 855,37 euros. Se comprobó con la clínica que la primera era auténtica, la segunda no. Se procedió a denunciar a la trabajadora ante la policía y se la despidió el 19 de octubre. Ya en sede judicial «reconoce los hechos y manifiesta que otros trabajadores también hacen lo mismo». Auditoría, descubrimiento de irregularidades y apertura de expedientes y el posterior despido de los trabajadores. 

Las facturas no tienen CIF, no coinciden precios con los ofertados por las clínicas, carecen de logos, no hay correlación en los números de facturas, tienen letras borrosas… Pero además se constata que se ‘traficaba’ con facturas «a cambio de 50 euros». En ocasiones el precio subía hasta los 100. «¿Qué pasa rey, dinos algo de las facturas, estamos un poquito preocupados». «No pasa nada en principio no han dicho nada, solo que una payasa hizo una tontería y la pillaron». «Pero las tuyas son legales. Pues ok, perdona rey». Se intercambiaban por whatsapp dos de los implicados. Y añadía: «Lo mejor es ir de ignorantes». 

En el caso de esta sentencia, relativa a un peón RSU con un salario mensual de 2.424,30 euros brutos, se constató que en 2014 y 2015, este trabajador había cobrado con sendas facturas los 600 euros de prestación social a los que tienen derecho los trabajadores públicos del Ayuntamiento, según su convenio: 1.200 euros. En la tramitación del expediente reconoce haberlas presentado, como hacen «diez de los trabajadores expedientados que reconocen que han presentado facturas falsas a la empresa para obtener irregularmente prestaciones sociales, habiendo elaborado por sí o comprado dichas facturas falsas a otros implicados». 

En este caso, el juez desestimó la prescripción del expediente que pidió su abogado defensor. También aseguró que «no se ha producido indefensión de ningún tipo […] y se había seguido el procedimiento previsto en el convenio colectivo. En tales circunstancias el trabajador gozó en todo momento de sus derechos de defensa sin que pudiera apreciarse infracción legal alguna y mucho menos la indefensión alegada». Tras dar por buena la forma, el magistrado entra en el fondo, «la transgresión de la buena fe contractual» que es el argumento del despido. «La empresa ha acreditado que tales facturas eran falsificadas, que fueron presentadas por el actor en el registro de la empresa, que la prestación social fue percibida en nómina por el trabajador y que además este vendía las facturas falsas a otros trabajadores». Ratifica el despido y lo declara procedente.

A favor del trabajador

El Juzgado de lo Social número 41, sin embargo, dio la razón a otro trabajador, en este caso personal de limpieza de viario público y «con una retribución salarial prorrateada, media, de 62,59 euros diarios». El juez determina que «hay tres incumplimientos de la empleadora (LYMA) en el procedimiento sancionador que afectan al derecho de defensa del trabajador e infringen la exigencia legal de garantía de audiencia del expedientado, su derecho a oponerse y a pedir prueba y sobre todo a conocer la totalidad del expediente y las pruebas incorporadas al mismo«. En este caso, por ejemplo, no se dio audiencia previa a la sección sindical de UGT, sindicato del que formaba parte el trabajador.

Por lo tanto, no entra en el fondo del asunto, aunque el relato de los hechos es similar a la anterior sentencia. «Por mucho que se hayan realizado determinados hechos por el trabajador que fuesen susceptibles de reproche pero que no han quedado asentados con garantía de derechos». No entra a valorar si se ha se ha incurrido en la transgresión dela buena fe contractual y el abuso de confianza y «por los defectos formales mencionados no es posible entrar en la consideración sobre la transcendencia de esos hechos que se dicen realizados». Y añade que «no concurre causa de despido». La opción que se le dio al trabajador fue el despido con indemnización o la readmisión, debiendo en este caso «abonar los salarios devengados desde el despido hasta la efectiva readmisión».

En este caso el trabajador, en connivencia con otro, «acordaron presentar a LYMA, con el fin de poder cobrar la prestación por beneficios sociales prevista en el convenio colectivo, una factura de atención odontológica a nombre de aquél relativa a servicios que no habían tenido lugar«. Se hizo la factura y sustituyó en ella el nombre del paciente, la numeración de la factura y el servicio realizado. Se presentó el 3 de agosto de 2016 con un importe de gasto 616,40 euros. Al abrirse la investigación no tuvo tiempo de cobrarlo.