Una visión de las donaciones desde la izquierda (a propósito de la donación de Amancio Ortega).

GETAFE/El rincón del lector (19/06/2017) – La fundación de Amancio Ortega ha donado 320 millones de euros para que hospitales públicos de toda España puedan comprar más de 290 equipos de última generación para el diagnóstico y tratamiento del cáncer. Este hecho ha levantado una gran polémica con voces a favor y en contra, con argumentos más o menos sensatos, con razonamientos de muy diversa índole.

En síntesis, los enfermos de cáncer y las asociaciones y profesionales que luchan contra esa enfermedad (enfermedades habría que decir más propiamente) defienden la necesidad y oportunidad de dicha donación y todas las que puedan llegar. Por el contrario, los profesionales y asociaciones que defienden la salud y la sanidad públicas se muestran mayoritariamente en contra.

Los primeros suelen manifestar que no comprenden la postura de los segundos porque no ven qué hay de positivo en rechazar cualquier tipo de ayuda, sea cual sea y venga de donde venga, que pueda servir para luchar contra el cáncer, la enfermedad que a ellos, a sus pacientes o a sus familiares les importa y preocupa. Yo entiendo que esa posición (aceptar cualquier ayuda que coadyuve a la curación de muchos enfermos de cáncer) es, no sólo entendible, sino incontestable para quien sufre y ve una esperanza para acabar con su sufrimiento. Otra cosa distinta es lo que opinen los pacientes de cualquier otra de las enfermedades que no son cáncer.

Pero mi objetivo al escribir este artículo es explicar por qué, como profesional de la salud pública y desde una posición ideológica de izquierda, formo parte del segundo grupo, de los que no están de acuerdo con la donación de Amancio Ortega.

Tengo que empezar por decir que no estoy en contra de las donaciones en general. Opino que una sociedad ha de basarse, entre otros pilares, en la justicia social pero ésta no tiene por qué estar reñida con la filantropía siempre que esta última esté regulada. Por eso, lo que defiendo, junto a otros muchos, es que el sistema sanitario español (que es de lo que en este caso estamos tratando) debe funcionar con unos recursos suficientes procedentes de los impuestos que todos, y con mucha más razón los que más tienen como Amancio Ortega, deben aportar, ahí sí, con generosidad. Porque algunos defienden como lícita la ingeniería fiscal, esos procedimientos por los que una empresa que, teniendo unos ingresos digamos de 100 por los que debería ingresar en Hacienda 45, consigue pagar 5 o menos; bien, pues yo digo que es entonces, a la hora de pagar impuestos, cuando Amancio Ortega y cualquier empresa deben mostrarse generosos pagando lo que les corresponda por muy legal que sea la ingeniería fiscal. Por eso, las leyes fiscales deberían modificarse en el sentido de suprimir exenciones o cualquier tipo de mecanismo que facilite a las empresas pagar menos de lo que les correspondería.

Y, como digo que no estoy en contra de la filantropía, debe articularse en España, de una vez por todas, una Ley de Mecenazgo o como quiera llamarse, que regule las donaciones contemplando, al menos, que no se admitan donaciones que puedan servir para eludir obligaciones fiscales, es decir, que quien quiera hacer una donación esté completamente al corriente de sus obligaciones con Hacienda. Debe ser lícito, e, incluso, deseable, que quien tenga el deseo de contribuir al bienestar de sus conciudadanos más allá de lo que corresponda a sus deberes fiscales, pueda hacerlo pero, eso sí, después de haber cumplido rigurosamente con dichos deberes fiscales, con todos ellos.

No quiero dejar de hablar en este contexto, aunque no en relación con Amancio Ortega y su donación, de los intereses de ciertas potentes empresas, farmacéuticas y otras, que potencian el consumismo sanitario u orientan la investigación a las áreas que interesan a su negocio. Así, por ejemplo, hacen donaciones de artículos o aparataje sanitario que sirven para que, forzosamente, su mantenimiento, reparación, suministro de repuestos, etc. dependan de la propia empresa donante o de otras dependientes de ella lo cual, evidentemente, es hacer su propio negocio disfrazándolo de donación y aprovechándose, de paso, de las ventajas fiscales que ello conlleva.

Así entro en otra de las razones por las que las asociaciones y los profesionales de la sanidad pública estamos en contra de la donación de Amancio Ortega. Me refiero a su condición finalista, es decir, la donación no es genérica: para luchar contra el cáncer, para cooperar en el mejor funcionamiento de los hospitales, etc. Es para comprar determinados aparatos que sirven para desarrollar determinada función y obtener determinados resultados. Bien, pues algo que corresponde a la sanidad pública, es la planificación, es decir, el sistema sanitario, desde su órgano gestor, define las necesidades concretas, diseña el modo de respuesta a esas necesidades y decide las prioridades. No dudo que los aparatos comprados con el dinero donado por Amancio Ortega servirán y vendrán muy bien a muchos enfermos y a algunos hospitales, pero, ¿alguien puede asegurar que eso era lo que más necesitaban esos hospitales? ¿Qué no tenían otras necesidades más perentorias? ¿Qué no hay otros enfermos que precisan otro tipo de atención especializada con más urgencia de los que serán atendidos con esas máquinas? ¿Qué no hay otro sector del sistema sanitario más necesitado de ese dinero?

Aquí es donde se unen la justicia social vista desde la izquierda y la visión técnica de los profesionales. Porque nadie en su sano juicio se niega a atender con la última tecnología disponible a determinado tipo de enfermos, lo que decimos algunos es que,  aceptando este tipo de donaciones junto con el corsé que supone para la planificación sanitaria, estamos corriendo riesgos para otros enfermos no agraciados con ellas y estamos renunciando a planificar los recursos escasos en beneficio de todos los enfermos y no sólo de una parte.

En resumen, bienvenidas sean las donaciones que aumenten los siempre magros presupuestos sanitarios pero cumpliendo, al menos, dos condiciones: que se den en un contexto legal que beneficie al sistema sanitario en su conjunto; que se respete la competencia de los profesionales responsables de la planificación, definición y diseño de lo que se ha de hacer y lo que no. Así podrán distribuirse con justicia y llegarán a todos los que necesiten la atención sanitaria.

La derecha que nos gobierna acoge con enorme entusiasmo iniciativas como la de Amancio Ortega porque sirven, entre otras cosas, para ahuyentar de la memoria colectiva los tremendos recortes realizados en la sanidad. En cambio, no servirá, por ejemplo, para paliar las listas de espera mediante el aumento de las plantillas de personal en los hospitales y los centros de salud. Somos muchos los profesionales que, en la Comunidad de Madrid, no olvidamos que los hospitales inaugurados por Esperanza Aguirre sin valorar en absoluto lo que la planificación sanitaria tuviera que decir al respecto, sirvieron para triplicar su coste, mermar los recursos de los hospitales públicos preexistentes y, sobre todo, para aumentar los beneficios de ciertas empresas, beneficios que habremos de pagar los madrileños durante años.

Nosotros, los de izquierdas, queremos un sistema sanitario bien planificado, bien gestionado y con recursos suficientes que resuelva los problemas de salud del conjunto de la población. Esto se hace a partir de unos presupuestos nutridos con impuestos recaudados de manera justa, lo que significa que quien más gane pague más, sin posibilidad de que los que puedan hacer trampas las hagan, con recursos suficientes para perseguir el fraude fiscal, con legislación precisa que posibilite todo esto.

Y después, solo después de que esas condiciones se cumplan, bienvenidas sean las donaciones insertas en un marco legal, las de Amancio Ortega y todas las demás.