GETAFE/Políticamente incorrecto (17/05/2017) – Con este curioso exabrupto recriminó hace una década el hoy rey emérito al entonces presidente venezolano en la Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado; y fue lo mismo que pensé yo el pasado miércoles durante la celebración del Pleno del Ayuntamiento de Getafe.
Ha llegado el momento de finalizar con esta tradición dictatorial por la cual el alcalde de turno se otorga la posibilidad de dar el mitin tras cada punto o cuando simplemente le place. No solo porque debamos sufrir primer edil tras primer edil la verborrea de que son ellos quienes “conceden” la palabra a los vecinos, cuando simplemente, son meros moderadores designados por el pueblo.
Hablar en un Pleno, pese a la vaguería que demuestran los veintisiete concejales que cada cierto tiempo se sientan en dicho salón al no regular esta situación, es un derecho que no otorga ningún Gobierno ni ningún alcalde ni alcaldesa. Solo una excepción: el alcalde o alcaldesa en su papel de moderador no puede ejercer de juez y parte, es algo intolerable. Por ello es el único vecino, si lo fuera, que no tiene derecho a sermonear a la vecindad con sus peroratas interminables.
Esta situación vulnera el más elemental respeto a la democracia y al símbolo de la propia institución. Que la alcaldesa se otorgue en virtud de la presidencia del Pleno la última palabra en cada punto sin límite de tiempo es un acto que vulnera la base de la democracia representativa. Un Gobierno que representa a uno de cada seis vecinos de Getafe tiene la posibilidad de hablar tres veces en cada Pleno, la última sin límite de tiempo, vergonzoso.
Y no solo se vulnera la más simple relación de la voluntad expresada por los vecinos en las urnas con el desarrollo del Pleno del ayuntamiento sino que además se ataca la más simple defensa de la libertad de expresión. El pasado miércoles una asociación relacionada con la salud mental vio impedida su participación en el pleno por el simple hecho de no estar registrada como tal en el censo de asociaciones de Getafe. Algo inadmisible en primer lugar porque dicho registro no es obligatorio para constituirse como entidad legal en la Comunidad de Madrid, en segundo lugar porque el punto a tratar como tantos en cada Pleno superan el ámbito de actuación del propio Ayuntamiento, puestos a soñar, nada mejor que la sociedad civil que conoce cada caso.
Es decir, nuestros ediles pueden hablar de aquello que les plazca aunque no sirva para nada, del zorro ártico a la situación en Corea pero personas jurídicas o físicas no pueden hacerlo en virtud de un reglamento de participación ciudadana vigente que además resulta que es ilegal. Este reglamento no respeta la ley de Grandes Ciudades a la cual se acogió nuestro municipio en el año 2005 con la propia Sara Hernández en el equipo del entonces alcalde Pedro Castro.
Tan responsable como el Gobierno de turno es la oposición, en especial en esta legislatura donde tienen la mayoría suficiente para presentar y aprobar un Reglamento de Pleno sin la necesidad de contar con el equipo de Sara Hernández. Aunque parece evidente que el Partido Popular no debe estar muy por la labor esperando heredar el erial que deje en 2019 la primera edil socialista. Son lo mismo hacen lo mismo.