Sara Hernández se ratifica en los despidos de LYMA

GETAFE/Sociedad (06/02/2017) – No habrá marcha atrás en la decisión del despido a los 25 trabajadores de LYMA que presuntamente falsificaron facturas para cobrar la prestación social de 600 euros a la que tienen derecho los trabajadores municipales. «Es una postura firme por una cuestión: primero por una faceta puramente jurídica porque la aplicación estricta del convenio colectivo dice que ante la comisión de faltas muy graves, la consecuencia es el despido», explicaba la alcaldesa Sara Hernández, ratificándose en la decisión tomada.

Por otra parte asegura que «se han cometido delitos, se ha malversado caudales públicos a través de facturas, y en consecuencia dinero de todos los getafenses, que con tanto esfuerzo pagamos todos». Hernández afirma que ha sido una «decisión traumática, muy dolorosa, de las más dolorosas que me he encontrado como alcaldesa».

Los despedidos de LYMA han realizado la primera de las concentraciones previstas para reivindicar «una sanción justa». Medio centenar de personas se han dado cita en la plaza de la Constitución para protestar contra los 25 despidos.

CCOO del Ayuntamiento de Getafe también ha salido en apoyo de los trabajadores despedidos el pasado 13 de enero, asegurando que no se han dado suficientes oportunidades de audiencia a los empleados para  las alegaciones. «Se les dio plazo para contestar al pliego de cargos pero ni se dio vista del expediente a los inculpados una vez cumplimentadas las diligencias ni se notificó la propuesta de resolución para que, en ambos casos, pudieran presentar alegaciones y los documentos convenientes para defenderse», y consideran que el proceso ha carecido de garantías «e impidió a CCOO ejercer adecuadamente sus funciones de asesoramiento y representación».

En su comunicado, CCOO constata que «muchas faltas podrían haber prescrito. Y que tampoco se tuvo en cuenta el principio básico de proporcionalidad. A todas las personas se les impuso la misma y máxima sanción, el despido (cuando cabía la suspensión de empleo y sueldo) sin considerar las circunstancias personales, la cuantía de lo supuestamente defraudado, la reincidencia, la intencionalidad…».

 Ciudadanos pide explicaciones

Ciudadanos, a través de su portavoz Mónica Cobo, ha reclamado también «explicaciones» por estos despidos. «Está en juego la economía de 25 familias y no cabe lugar a errores ni a decisiones arbitrarias o escasamente fundamentadas, por lo que debemos conocer todos los detalles”. Y vuelve a pedir la convocatoria del Consejo de Administración y de la Junta General de LYMA para que los responsables den explicaciones.