Los 25 de LYMA: El eslabón más débil

OPINIÓN/El rincón del lector (06/02/2017) – En un país como el nuestro donde tiene tanto arraigo la literatura picaresca, donde las transgresiones del pícaro incluso suscitan simpatía, existe una recurrente inclinación  a pensar que los recursos públicos pueden ser esquilmados impunemente. Hace unos días lo verbalizaba un ínclito excampeón de motociclismo que admitía sin rubor que él evadía impuestos y que “el que no lo hace es un burro”. Quizás esto explica que después de tanta corrupción política, buena parte de la ciudadanía, siga votando a los partidos que la amparan, e incluso se asuma con normalidad que los implicados sean blindados con cargos relevantes y prebendas.

A diferencia de otros países europeos, con más tradición democrática, se tolera y a menudo se colabora con las personas o entidades que escamotean el pago de impuestos negociando en negro, olvidando que lo que ellos dejan de pagar hemos de pagarlo el resto, con más impuestos o menos servicios.

Como docente he podido comprobar las dificultades para educar al alumnado sobre el buen trato que debe darse a las instalaciones y recursos de los centros públicos, que es necesario cuidarlas  con el mismo celo -al menos- que cuidamos lo propio. Seguramente es una consecuencia del imaginario social dominante que antepone el interés personal al  comunitario.

Los servidores públicos tenemos el privilegio de trabajar para el pueblo y vivir del erario público y por ello tenemos la responsabilidad de mantener un comportamiento ético impecable. No es aceptable aprovechar nuestra situación para obtener beneficios ilícitos y cuando esto se produce parece razonable que debe ser reprobado y sancionado. Pero la sanción deberá ser siempre proporcionada y consciente de las consecuencias sociales que se pueden derivar del castigo aplicado.

En el caso de los despedidos de la empresa municipal LYMA, en los casos que se demuestre que se ha infringido la ley, parece legítimo que exista una sanción acorde con la infracción cometida y no nos parece lógico que esa sanción deba consistir en el despido fulminante, habida cuenta de las circunstancias que concurren en este caso. La pérdida del puesto de trabajo para un empleado humilde supone la pérdida del sustento vital de él y su familia. No olvidemos que el criterio que prevalece en esta empresa para la contratación de sus empleados es la situación de precariedad social de los candidatos. Hace unos días tuve oportunidad de verlos personalmente, son gente del pueblo llano aterrada, angustiada, insegura. Creo que la expulsión de estas personas añade un estigma que les empuja a la marginación social a ellos y a sus hijos.

Resulta sorprendente que cuando se mantiene una actitud complaciente con los políticos que defraudan ingentes cantidades, blindándoles con cargos y prebendas, se actúe con una contundencia inusitada con el eslabón más débil, con los trabajadores más humildes.

¿Parecería lógico que el que incumple el pago de pequeñas cantidades de impuestos se les privase de por vida del uso de los servicios públicos, a los que su actitud insolidaria pone en riesgo?

Señores y señoras ejecutivos de la empresa pública de limpieza del Ayuntamiento de Getafe, señora alcaldesa, sean humanos, ponderados, justos. Hagan pedagogía de los recursos públicos informando y con su ejemplo.

Estimados ediles de la oposición no sucumban a la tentación de valorar el conflicto bajo el prisma del rédito político.

Los dirigentes sindicales ni están ni se les espera.