GETAFE/Palabra de concejal (09/01/2017) – En España el tema de la corrupción desde hace un tiempo se ha convertido en noticia. Un día sí y otro también los diarios e informativos reportan hechos relativos a todo tipo de tramas corruptas. Así, sonados casos como los de la Gürtel, Púnica, Brugal, Bankia, ERE de Andalucía, Fabra, Naseiro, Salmón, Filesa, Pokémon, Harrag, Flick, Palau, Pallerols, Zambrana, Campeón, Trompo, Arona o Caja Navarra, entre otros, vienen a corroborar que la corrupción no es solo patrimonio del PP sino también del PSOE, la otrora Convergència i Unió, el PNV, Coalición Canaria y demás partidos de la vieja política. Los casos antes señalados dejan ver también que la corrupción como práctica tiene una expresión territorial en clave nacional, pues involucra a casi todas los territorios del país en mayor o menor medida.
Dicho esto, es claro y categórico que la corrupción en España no es un hecho puntual y mucho menos un asunto de manzanas podridas, como pretenden ingenuamente señalar algunos defensores de este estado deplorable de cosas. De sobra está demostrado que la corrupción en nuestro país es algo estructural y sistémico; por eso, no exageramos si decimos que constituye toda una cultura de la cual se ha estado alimentando un complejo político-empresarial-comercial y financiero que ha hecho de los bienes y servicios públicos un objeto de lucro personal. Las distintas tramas corruptas que hoy conocemos con Bárcenas, Granados, Correa, Marjaliza y una larga lista de empresarios y responsables políticos del PP a la cabeza, sin duda dejan en evidencia que mientras unos se lucraban con el erario público a punta de contratos, otros lo hacían a través mordidas y comisiones, hecho que redundaba de igual modo en las arcas de sus respectivos partidos, que se llenaban así mediante financiación ilegal.
En Getafe la corrupción no es un hecho ajeno, pues es de público conocimiento que David Marjaliza ha señalado a responsables del anterior gobierno del PSOE, entre ellos al exalcalde Pedro Castro, por participar presuntamente en la trama corrupta de venta de parcelas y asignación de promociones de vivienda en el consorcio urbanístico Los Molinos-Cerro Buenavista. También es conocido el Caso Aparcamientos, por el que compañeros muy cercanos a la actual alcaldesa, Sara Hernández, como Cristina González, están siendo aún investigados por la justicia.
Pero el asunto no acaba aquí, pues el Partido Popular, que llegó al poder en 2011 de la mano de Juan Soler con la bandera de acabar con las tramas corruptas del PSOE y sus más de 27 años de gobierno, ha terminado por incurrir al parecer en las mismas prácticas censurables que le cuestionó a su predecesor. La realidad ha terminado por demostrar que Soler y el PP eran y seguramente siguen siendo incapaces de acabar con la corrupción en Getafe puesto que su partido se caracteriza por haber seguido una clara estrategia de captación ilegal de dinero producto de sus íntimas e incestuosas relaciones comerciales, políticas y empresariales con reconocidos empresarios de la construcción, el mantenimiento, la educación o los festejos.
Así, el PP y Juan Soler ven cuestionada su legitimidad en Getafe tras la decisión del juez de primera instancia e instrucción número 4 del Juzgado de Getafe de vincular hasta a 18 personas de su gobierno y su entorno —como los todavía hoy concejales Antonio José Mesa, Pablo Martínez, Paz Álvarez y Fernando Lázaro— como investigados por el presunto delito de prevaricación administrativa representada en las adjudicaciones indebidas de al menos media docena de contratos.
Cabe destacar que la adjudicación más sospechosa es a la empresa Dragados para la construcción del malogrado Centro Europeo de Producción de Artes Audiovisuales y Escénicas, conocido comúnmente como Teatro de la calle Madrid. De hecho, el empresario Juan Torres, directivo de la enorme constructora Dragados, acusado en su momento por Correa de financiar ilegalmente al PP, forma parte de la lista de investigados por el juzgado. Producto de esta nefasta operación, el patrimonio municipal de las y los getafenses se ha visto muy afectado, pues la obra se tuvo que parar y el consistorio indemnizar a Dragados con más de 400.000 euros por incumplimiento de contrato. Además, el Ayuntamiento de Getafe ha tenido que cargar con las pérdidas de lo invertido y tener que hacer una nueva inyección de capital que supera el millón de euros en sobrecostos.
Otro de los personajes investigados dentro de este caso de presunta corrupción es el conocido como arquitecto de los famosos, Joaquín Torres, cuyas relaciones de amistad con el exalcalde Juan Soler son conocidas. La situación recuerda, sin lugar a dudas, a la vivida en la ciudad de Valencia, en la cual los desmanes de Francisco Camps, la difunta Rita Barberá y el también famoso arquitecto Santiago Calatrava han dejado un sonado rosario de escándalos y casos de corrupción. El paralelismo llega al punto de que tanto en la Comunitat Valenciana como en la Comunidad de Madrid el Partido Popular nombró senadores por designación autonómica a los dos exalcaldes, Rita Barberá y Juan Soler; no es difícil sospechar que en ambos casos se trata de un blindaje mediante aforamiento a su medida, del cual es directamente responsable, en el caso madrileño, la presidenta Cristina Cifuentes.
Por todo esto, desde Ahora Getafe y sin demérito y afectación del principio de presunción de inocencia, creemos que por higiene democrática y responsabilidad política, Juan Soler y los cuatro miembros de su anterior equipo de gobierno y actuales concejales deben dimitir, al menos en cumplimiento de su propio código ético del PP. Getafe se merece otros responsables públicos y desde nuestra organización hacemos un llamamiento a la ciudadanía para que esté y estemos vigilante a la hora de denunciar y no tolerar de modo alguno este tipo de actuaciones que tanto daño hacen a la ética pública y al patrimonio común.
Por un Getafe sin mafia, tolerancia cero con la corrupción y la trama político-empresarial.
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