Muere con 22 años tras ser atendido en Urgencias: ¿Volvemos a las andadas?

GETAFE/Rincón del lector (01/12/2016) – Que fallezca un hombre joven, Singh Rajandeep, de 22 años, aparentemente sano, es una mala noticia. Que se conozca que ese muchacho sufrió un accidente de moto, el pasado 12 de noviembre, del que se le operó de una fractura de codo en el Hospital Universitario de Getafe, tras la cual, se le envió a su casa y que, al volver para retirarle los puntos de sutura, manifestar malestar y dificultad respiratoria, se le remitiera a su médico de cabecera; es preocupante. Que, al volver a su casa en autobús, se desplomase inconsciente nada más bajar del mismo, y fuera ingresado en el hospital en estado de coma del que no se ha recuperado, es para que se enciendan todas las alarmas.

Este caso nos recuerda al trágico suceso acaecido en mayo del año 2001 en el que, el joven Francisco Manuel Casas, de 28 años, falleció en su casa tras ser atendido en urgencias del Hospital de un golpe en la cabeza y, tras suturarle, darle el alta. En aquella ocasión, el revuelo levantado obligó a revisar los protocolos establecidos por la Comunidad de Madrid para la atención en Urgencias de determinadas lesiones, potencialmente graves y, afortunadamente, hasta ahora no se había vuelto a producir la desgraciada conjunción de “lesión oculta + fatalidad + protocolo laxo = muerte”.

¿Qué ha podido suceder? Lo desconozco. Si solventes profesionales de la salud, como los que nos atienden a diario en el Hospital Universitario de Getafe, no dieron con el problema, quienes somos legos en la materia no cometeremos la irresponsable osadía de jugar a lo que no somos por respeto al finado, a su familia y al personal médico del hospital. Pero lo que no podemos obviar es que algo ha fallado y lo ha hecho en el supuesto más grave que puede darse.

Amparándose en la manoseada crisis que nos asoló (y todavía padecemos) desde 2008, la Comunidad de Madrid, titular de todas las competencias en materia sanitaria de la región, empezó a meter la tijera sin medida y sin anestesia a todo lo que tuviera que ver con el Sistema Público de Salud (derivando todos los recursos detraídos de éste a la sanidad privada), prescindiendo de miles de valiosos profesionales sanitarios, demediando el presupuesto con alevosía, colocando sus “perros de presa” en puestos claves de gestión, cerrando camas hospitalarias sin justificación alguna, reduciendo la dotación de equipamientos, materiales, gasto en farmacia y pruebas diagnósticas y, como terrible consecuencia, la poda inmisericorde de protocolos de actuación en casos atendidos en urgencias.

Ante cualquier acusación de este calado, la “respuesta tipo” de la Comunidad es la negativa ofendida argumentando la falta de pruebas y exigiendo una rectificación si no se demuestra su responsabilidad dolosa en los casos en cuestión. Sería una respuesta lógica si no viniera antecedida por una política de opacidad absoluta que hace imposible la consecución de cualquier dato que corrobore o refute el problema de que se trate. Ellos (la Consejería de Sanidad) blanden amenazantes sus derechos y nosotros (potenciales pacientes) exigimos recibir el mejor trato que se pueda dispensar con los medios existentes y tener acceso a los datos que demuestren la inocencia (o culpabilidad) en los casos que se puedan producir. Lo que no vamos a hacer es poner el foco en profesionales que nos atienden del mejor modo posible con los cada día más menguantes recursos de que disponen.