GETAFE/Sociedad (20/10/2016) – Tiene la fecha de lanzamiento el 25 de octubre y aunque de palabra le han asegurado que hay un prórroga antes de dejarla en la calle de 3 meses «hasta que no tenga un papel que lo diga yo no me lo creo». Vero tiene cuatro hijos y desde hace dos años y medio ocupa una vivienda propiedad del Banco Popular en el barrio de La Alhóndiga. A sus 30 años y con una dura historia detrás, cría a los cuatro niños, la mayor de 12 años y el más pequeño de 5, con la renta de 580 euros que cobra. «No puedo acceder a un alquiler, no tengo un contrato para poder firmar un alquiler», lamenta.
Se queda en el limbo legal de aquellas personas que tienen vivienda porque la han ocupado, pero que no entran dentro de los programas contra los deshaucios, al no estar en la vivienda legalmente. «Le he explicado la situación a Sara Hernández, y me dijo que cuando llegara el auto que me pusiera en contacto con ella, pero no me ha solucionado nada. Me dicen desde Servicios Sociales que no tienen viviendas municipales«, lamenta Vero. «Lo único que me han ofrecido son 800 euros para meterme de alquiler, pero con ese dinero ¿dónde voy?».
El 25 de octubre era la fecha señalada para echarla de la vivienda. De momento, no tiene comunicación oficial de que se haya pospuesto este día. Sí tiene una reunión a tres bandas con el Ayuntamiento y el Banco Popular el día 31 de octubre que se cerró ayer tras su irrupción en el Pleno municipal, acompañada de la PAH y que provocó la paralización de este durante más de media hora.
Su temor es doble, porque ya le han adelantado «que si me echan de la vivienda me quitan a los cuatro niños: que tienen la orden de llevárselos». La prórroga de tres meses, en caso de producirse, «solo es un parche, solo pospone mi problema, y necesito una solución».