El comité de empresa de Corrugados desmiente los ‘bulos’ sobre las emisiones

GETAFE/Medioambiente (14/09/2016) – «Los primeros interesados en que las condiciones de trabajo no superen los mínimos establecidos en lo referente a todo tipo de contaminantes a los que estamos expuestos, somos los trabajadores y trabajadoras de Corrugados Getafe». El comité de empresa de la metalúrgica ha querido salir al paso de las noticias que se están publicando en las últimas semanas y que contradicen sus propios datos. «No entendemos como las mediciones internas que se realizan aproximadamente cada 3 meses no detectan niveles que superen el límite establecido para realizar nuestro trabajo y sí perjudique a vecinos que se encuentran a 500 metros  de distancia«, defienden ante las quejas de los vecinos del barrio de Los Molinos.

En las conversaciones que han tenido con la dirección de Corrugados «nos indican que a día de hoy no hay ni informe ni sanción por la Comunidad de Madrid, con lo cual, es imposible implementar cualquier tipo de medida correctora ya que se desconoce si se incumple alguna normativa», aseguran. Según afirmaba el concejal de Medioambiente, Jorge Rodríguez, en el mes de julio la Comunidad le anunció que se le abriría un expediente sancionador a la empresa por sus incumplimientos en emisión de partículas y de ruido.

El objetivo del comité de empresa es «tranquilizar» a las partes y entienden «la preocupación de los vecinos y vecinas adyacentes a nuestro centro de trabajo» aunque aseguran que «se está creando una ola mediática que a nuestro entender dista mucho de la realidad».

Entre los ‘rumores’ y ‘bulos’ que se han extendido y que quieren matizar, está la «nube blanca y tóxica que emana de la fábrica: pues bien, es única y exclusivamente vapor de agua«. También «se ha dicho que en agosto hay malos olores provenientes de nuestro centro cuando la producción ha estado parada al estar en proceso vacacional«. Respecto a las mediciones continuas «para que esta práctica se lleve a cabo, hay que producir al 100%. Lamentablemente, a diferencia de lo que producíamos en la pasada década, no llegamos al 50% por lo tanto no hay ni obligatoriedad, ni requerimiento alguno por ningún organismo para que esto sea así», defienden.

No pretenden ‘sacar la cara’ por una empresa que «amparándose en las últimas reformas laborales (2010 y 2012) ha causado sufrimiento en cientos de familias, tanto por los sucesivos despidos cómo por la precarización de nuestras condiciones laborales, llegando a dejar de percibir un 34% menos de nuestro salario tras un cierre en noviembre de 2012 que nos llevo a un juicio en enero de 2013 donde tuvimos que elegir como popularmente se dice entre susto o muerte, es decir, precariedad o paro». El único fin que tienen es «defender los puestos de trabajo que dan de comer a más de 100 familias. Creemos que ya hemos cumplido un cupo de sufrimiento laboral suficiente en este periodo (interminable) de crisis».