El autoritarismo educativo del PP

Los acontecimientos de los últimos días han dado alas al partido que ha sacado más votos en las elecciones del 26J. Hasta ese día hablaba de la necesidad de un pacto educativo, de establecer un diálogo con las diferentes posiciones políticas. Una vez ganadas las elecciones, en las comunidades autónomas donde gobiernan, se sienten reforzados para seguir haciendo las políticas que venían realizando: recortes, acoso a la educación pública, potenciación de la enseñanza privada, privatización y mercantilización de la educación, precariedad laboral, provisionalidad de los equipos docentes, implantación acelerada de la actual y lamentable ley de educación… Ese posible pacto educativo se aleja en el horizonte como no deseado por quien se siente fuerte para imponer sus políticas educativas sin negociar nada.

En los dos últimos días del curso, cuando los centros cierran sus puertas y se inician las vacaciones, se han tomado decisiones que muestran el verdadero rostro de quien ha ocupado la administración pública como su cortijo para tomar las decisiones más autoritarias y partidistas. Los centros educativos (5 en el municipio de Getafe y más de 20 en la Comunidad de Madrid), que se habían quedado sin dirección para el próximo curso por finalización de su periodo de gobierno o por jubilación del director, han presentado candidaturas del propio centro para cuatro años o candidaturas provisionales para un curso escolar. Esa cara autoritaria y dictatorial se muestra con la imposición por la administración de una dirección externa sin tener en cuenta las propuestas que hacen las comunidades educativas.

Se hace sin ningún tipo de diálogo, sin considerar  la situación concreta de cada centro educativo, sin escuchar la voz del profesorado, de las familias y del alumnado… Da lo mismo el proyecto educativo que esté desarrollando ese centro, su contexto socioeducativo, su singularidad y su historia. Sin considerar nada de esto se impone una dirección que lleve a cabo las políticas educativas que de una manera más suave se venían desarrollando en el cumplimiento de la ley de educación aprobada por el Partido Popular a finales del año 2013 y que se encuentra en proceso de implantación. Mucha gente creímos ingenuamente que una situación de inestabilidad e incertidumbre política, como la que vivimos, se respetarían los procesos que viven las diferentes comunidades educativas que también se encuentran en una situación de cambio de los equipos directivos. No es así. Se ha decidido acelerar la imposición de una ley fuertemente contestada por los partidos políticos, menos el PP, por la comunidad educativa a través de la marea verde, de las organizaciones sindicales, del movimiento de padres y madres, de los movimientos educativos y pedagógicos. Y lo hacen por los puntos más conflictivos y autoritarios de la propia ley: la eliminación de la participación de la comunidad educativa en las decisiones que más les afectan. Este es el caso más evidente. Sin embargo no les importa dejar de lado los aspectos que podrían hacer esta ley un poco más humana y educativa.

Los claustros y las familias afectados directamente ya están respondiendo a estas arbitrariedades porque no están dispuestas a renunciar al protagonismo que tienen en la educación de su alumnado, de sus hijos e hijas en una sociedad democrática como la nuestra. El problema es que el autoritarismos y la prepotencia que muestra, al poner en acto sus políticas educativas, quien nos gobierna, hace dudar que nos encontremos en la sociedad democrática que queremos construir cada día desde el respeto y la singularidad de cada centro educativo en este caso. Todo nuestro apoyo a las acciones que emprendan los centros afectados para responder a tanta irracionalidad, imposición y falta de diálogo. No hacerlo significaría aceptar con docilidad y sumisión el dominio de políticas educativas destructoras de la escuela pública y de la democracia y de la dignidad de las personas.